Preparan otra denuncia contra Daniel Ortega en Argentina, por crímenes cometidos en el Caribe
Calidh considera que el Estado desplegó la fuerza desproporcionada durante las elecciones municipales, incluyendo detenciones arbitrarias
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) prepara una nueva denuncia ante la justicia argentina en contra de Daniel Ortega, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Caribe nicaragüense desde 2015 y agravados desde 2018.
El secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez-Ayérdiz, explicó a DESPACHO 505 que en las recientes elecciones municipales el Estado desplegó una fuerza desproporcionada, incluyendo detenciones arbitrarias contra simpatizantes de Yatama. El organismo llegó a la conclusión de que era el "momento de hacer algo por el Caribe" nicaragüense.
Esta nueva denuncia será presentada en febrero de 2023, debido a que la justicia argentina estará de vacaciones durante un mes y medio, y es diferente a la denuncia interpuesta contra los dictadores nicaragüenses y algunos funcionarios del régimen.
La comisión jurídica de Calidh, indicó Ramírez-Ayérdiz, hizo un análisis de la situación y encontró que hay suficientes elementos y pruebas para realizar la denuncia que se haría ante el juzgado Cuarto de lo Penal y Correccional de Argentina.
LOS DENUNCIADOS
Esta denuncia sería contra Daniel Ortega, el jefe del ejército, Julio César Avilés; el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; los jefes policiales del Caribe, así como contra los coordinadores de los gobiernos regionales del Caribe, ya sea por ser ejecutores o cómplices de los crímenes.
"El primer acusado es Daniel Ortega porque, como presidente, es conocedor del problema", afirmó Ramírez-Ayérdiz. En el Calidh, estudian incluir a otros denunciados.
El meollo del asunto radica en que históricamente el Caribe nicaragüense ha sido visto como un botín para extraer sus recursos naturales, y, en ese afán, se han cometido crímenes de lesa humanidad establecidos en el artículo 13 del Estatuto de Roma, creada en 2002 para juzgar a nivel internacional estos crímenes de lesa humanidad, que están constituidos principalmente por asesinatos, agresiones y violaciones sexuales, así como desapariciones forzadas.
DELITOS COMETIDOS DE MANERA SISTEMÁTICA
Según Ramírez-Ayérdiz, todos esos delitos se han cometido de manera sistemática en el Caribe nicaragüense, especialmente en el norte, y, el Estado nicaragüense, ha sido cómplice o ejecutante directo de los mismos.
Por ejemplo, el abogado cita el caso de los colonos, los cuales consideran que son enviados por el mismo gobierno de Ortega para invadir las tierras indígenas, matar y violar, creando el caos entre las comunidades indígenas del Caribe nicaragüense.
Ramírez-Ayérdiz señala que los antecedentes de crímenes de lesa humanidad en el Caribe son "terribles", pero solo han logrado recopilar pruebas de los que se han cometido desde 2015, y que, con la crisis sociopolítica de abril de 2018, los mismos se han agravado.
Afirma que la falta de institucionalidad en Nicaragua, y al no existir garantías de derechos humanos, han propiciado la situación, sobre todo porque los gobiernos autónomos realmente no tienen autonomía y el Gobierno central tiene incidencia en asuntos que no le competen.
"Esa injerencia, explicó Ramírez-Ayérdiz, el Gobierno central la hace mediante la creación de gobiernos paralelos, para poder explotar los recursos naturales de las tierras indígenas sin el permiso de las comunidades indígenas, porque saben que no darán ese consentimiento. Estas tierras no se pueden ceder ni ser arrendadas sin el consentimiento de las autoridades indígenas".
Además, se tiene conocimiento del incursiones del ejército en las tierras indígenas, lo cual no es legal, así como también hay registros de acciones represivas por parte de la policía del régimen Ortega Murillo en contra de los indígenas del Caribe.
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