Justicia argentina acepta como querellante a una de las víctimas de la represión del régimen de Daniel Ortega

La justicia argentina aceptó como querellante a una de las víctimas que presentaron los abogados Darío Richarte y Diego Pirota en la denuncia por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega y Rosario Murillo y al menos 10 de sus funcionarios más cercanos.

El abogado Darío Richarte explica que este es un paso muy importante ya que hay víctimas que podrán ser reconocidas y podrán actuar en el expediente.

“Significa que la justicia argentina ha abierto el proceso para que las víctimas presentadas puedan ser parte de la investigación, colaborar con la presentación de pruebas y solicitar medidas concretas”, explicó el abogado a Despacho 505.

A inicios de octubre de este año Richarte y Pirota presentaron ante los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, Argentina, una denuncia que tiene como objetivo determinar si la dictadura cometió crímenes de lesa humanidad a partir de abril del 2018 cuando iniciaron las protestas contra el gobierno en Nicaragua.

Los abogados solicitaron que se citara a una declaración indagatoria a los máximos responsables de la dictadura y que se presentarán como testigos a las víctimas de la represión y sus familiares.

“Ahora se trata de un caso donde se investigan los crímenes y donde, además, hay víctimas que fueron reconocidas y podrán actuar en el expediente”, declaró Richarte.

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JUSTICIA NICARAGÜENSE GUARDA SILENCIO

El abogado dio a conocer que la justicia nicaragüense no se ha pronunciado sobre el exhorto que envió el juez federal Ariel Lijo donde solicitaba información sobre si hay causas abiertas donde se investiguen ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas.

“Con respecto al oficio a Nicaragua, hasta el momento, y como era de esperar, Nicaragua no ha contestado nada. Esta situación refuerza la competencia por jurisdicción universal de la justicia argentina”, expuso el abogado.

Los abogados están trabajando en una nueva ampliación de la denuncia, aunque de momento no hay más detalles.

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Los funcionarios señalados en la denuncia además de la pareja presidencial son Francisco Díaz, consuegro de Ortega y jefe de la Policía; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el jefe del Ejército, Julio César Avilés; el ministro de Transporte e Infraestructura, general en retiro Óscar Mojica.

También fueron incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); Óscar Valladares, asesor presidencial en temas de defensa; Sonia Castro, exministra de Salud y actual asesora presidencial y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.

DOS DENUNCIAS CONTRA ORTEGA

Recientemente fue incluida en la denuncia la exjefa de la Policía, Aminta Granera por su vinculación a las acciones u omisiones en la masacre desatada en Nicaragua desde abril del 2018.

A la denuncia de Richarte y Pirota se sumó recientemente la acusación que presentó en noviembre el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), también por crímenes de lesa humanidad.

La investigación se basa en el artículo 118 de la Constitución Política argentina, la cual reconoce el principio de jurisdicción universal. Existen precedentes donde la justicia argentina ha investigado denuncias por delitos de lesa humanidad que sucedieron en otros países, como las causas judiciales por la persecución a los practicantes de la disciplina “Falun Gong” en China, los crímenes del franquismo en España, y el genocidio denunciado por el pueblo Rohingya en Myanmar.