Golpizas, hacinamiento, falta de atención médica y abusos sexuales, el calvario de las presas políticas de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega tiene detenidas al menos 68 mujeres por participar en las protestas ciudadanas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión. 

Las presas políticas del régimen de Daniel Ortega, alrededor de 68 hasta el mes de febrero, han tenido que enfrentarse a distintas formas de violencia durante su detención, entre ellas violación a las garantías del debido proceso, tratos crueles e inhumanos, discriminación, violencia sexual, falta de atención médica, amenazas y hostigamiento.

Así lo denunciaron este jueves representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, celebrada en Bolivia en el marco del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debido a la falta de información por parte de autoridades, las cifras sobre las presas son inexactos. Pero datos recogidos por la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), sostienen que 102 mujeres fueron apresadas arbitrariamente por policías y paramilitares desde que iniciaron las protestas contra el Gobierno, de las cuales se tiene información de 68 que aún se encuentran detenidas. De estas últimas, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los 6 meses hasta los 40 años de prisión.

Además, 26 mujeres se encuentran detenidas en el Penal de Mujeres La Esperanza, tres tienen casa por cárcel y las demás están en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, o en delegaciones policiales departamentales.

TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES

“El centro penitenciario La Esperanza  ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades carcelarias”, relató la madre de una de las presas políticas, quien aseguró que “allá dentro están totalmente aisladas del resto de presas y son tratadas como si tuvieran peste”.

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Con ese relato coincidió Ana Quirós, directora de CISAS, señalando que las veintiséis presas políticas de La Esperanza se encuentran hacinadas en dos celdas con espacio para 8 presas con un solo baño.

Según Quirós, todas las presas políticas “viven en zozobra permanente, con amenazas constantes y visitas de hombres uniformados, armados y con perros”. Además, muchas veces son sacadas de la penitenciaría sin decirles a dónde las llevan, “por lo que viven con el temor de ser desaparecidas”.

VIOLENCIA SEXUAL Y RESTRICCIONES A LA SALUD

Otra manifestación represiva de las autoridades, especialmente dirigida hacia las mujeres, es la violencia sexual. Quirós explicó que a las presas políticas las han obligado a desnudarse, realizar sentadillas frente a sus captores hombres, les han realizado tocamientos de forma obscena, han recibido amenazas de violación e incluso violaciones con penetración. Todo lo anterior como método de tortura, para obtener información o para obligarlas a filmar videos incriminatorios hacia otras personas opositoras.

Por otra parte, las autoridades penitenciarias han negado la atención médica y acceso a tratamientos médicos a las presas que presentan problemas de salud como depresión y problemas tensionales, infecciones por hacinamiento y malas condiciones de higiene, migrañas, gastritis e hipertensión arterial.

“Hay algunas compañeras con problemas más serios y cuyo tratamiento es urgente, como Ruth Matute, que tiene cardiopatía congénita; Brenda Muñoz, que sufre de enfermedad poliquística hepática y renal; Delmis Portocarrero, quien tiene lupus eritematoso e hipertensión”, relató Quirós a los relatores de la CIDH.

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También mencionó otros casos como el de Mercedes Chavarría, quien tiene medio cuerpo paralizado, Ana Hooker, que tiene sólo un riñón y le provoca hipertensión, retención de líquido e hipotermia, o el de Irlanda Jerez que sufre de problemas cardíacos y tuvo una valvuloplastía mitral.

DISCRIMINACIÓN A PERSONAS LGBTI

Un representante de la diversidad sexual nicaragüense denunció ante los relatores de la CIDH que hasta la fecha se contabilizan tres mujeres transgénero que se encuentran encarceladas en cárceles de hombres, entre ellas la estudiante Victoria Obando y Kysha López.

“A estas mujeres se les ha negado su derecho a la identidad de género, relegándolas a cárceles de hombres donde sufren discriminación, acoso, violencia, torturas, son obligadas a desnudarse frente a cientos de varones del penal, se les grita ‘acá solo hay huevones’ por parte de los oficiales del sistema penitenciario”, expuso el activista.

Entre los ponentes de la audiencia privada estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), del Centro de Información y Servicios de asesoría en Salud (CISAS) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), estas últimas dos organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada arbitrariamente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, lo que ha dejado en la indefensión a las víctimas de la represión que estas organizaciones atendían.

Un artículo de la organización Raza e igualdad.