El Colectivo de Derechos Humanos contabiliza 55 sacerdotes exiliados por la persecución del régimen

Asedio, confiscaciones de bienes, detenciones, persecuciones y judicializaciones de opositores son algunas de las acciones que ha ejecutado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de sectores de la oposición, periodistas y colaboradores de medios de comunicación independientes, artistas, sacerdotes, pero también contra su propia militancia.

Estos hallazgos los recoge el VII Informe contra la tortura elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El organismo de derechos humanos considera que el punto de partida de esta nueva etapa de represión comenzó en abril de 2022 cuando la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional recomendó la creación de una comisión “para criminalizar a miembros de la iglesia Católica”.

Según un conteo que lleva el organismo de derechos humanos desde el 2018 a la fecha, el régimen de Ortega ha cancelado de manera arbitraria al menos 2,175 organizaciones de las cuales 29 eran “organizaciones religiosas”.

La persecución contra la iglesia Católica de Nicaragua se recrudeció en junio pasado con la captura del padre Manuel Salvador García, luego se produjo el cierre de medios de comunicación ligados a la Iglesia, allanamientos de templos y la detención de monseñor Rolando Álvarez. Así como la acusación de al menos siete sacerdotes y laicos.

“La violencia y brutal persecución del Estado contra la iglesia Católica ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos sacerdotes y múltiples procesos judiciales, todo ello sucedido en los últimos dos meses”, informa el Colectivo.

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Además, indica que las detenciones se han realizado en la noche o madrugada, acompañada de violentos allanamientos, campañas de desprestigio y amenazas. A eso se suma un proceso judicial lleno de irregularidades, bajo hermetismo, con audiencias a “escondidas”, y sin derecho a una defensa de confianza de los implicados. Como parte de los ataques contra la iglesia Católica, Ortega ha prohibido una serie de actividades religiosas y tradicionales.

INSTITUCIONES RESPONDEN A LA DICTADURA

Según el documento, en Nicaragua todas las instituciones responden al régimen lo cual facilita la instalación en el país de “un sistema de torturas contra personas presas políticas” que suman unas 215 personas, de las cuales al menos unas 34 se encuentran detenidas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.

“La concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado de excepción de facto y un Estado de terror, donde el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, todo avalado por los demás poderes del Estado; en concertación con las instituciones de control”, detalla el informe.

El organismo de derechos humanos informó que desde el 2019, ha recibido al menos 150 denuncias de víctimas de torturas. Los familiares de los presos políticos han expuesto que sus parientes son sometidos a la “tortura blanca” que es el aislamiento, la incomunicación, la escasez de alimento, la negación de recibir materiales de lectura y la falta de regularización de visitas familiares.

“Estas violaciones que sufren los presos políticos se dan, porque en Nicaragua no hay Estado de Derecho y los sistemas penal y carcelario del país se usan de forma discrecional”, comparte el organismo de derechos humanos.

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Por otro lado, considera que el número de presos políticos puede ser mayor ya que en los últimos días se reporta las detenciones y acusaciones de trece personas y una decena que han optado por que los nombres no sean incluidos en las listas de presos políticos.

CONDICIONES DE LOS PRESOS POLÍTICOS

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que opera desde el exilio, expone que las condiciones en que se encuentran los presos políticos recluidos en El Chipote son similares a las que se encuentran los detenidos recluidos en celdas de máxima seguridad, o de castigo, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” o en otros centros de detención del sistema penitenciario nacional.

Detallan que unos 20 presos políticos que están en La Modelo iniciaron una huelga de hambre para exigir su liberación y el respeto a sus derechos humanos. Mientras en El Chipote cuatro reos de conciencia también asumieron esa medida demandando ver a sus hijos pequeños, que los saquen del aislamiento, les permitan material de lectura y tengan acceso a los servicios de salud.