El destierro, la nueva arma de represión política que aplica la dictadura en Nicaragua 

Negar la entrada a un nicaragüense a su propio país es un nuevo patrón represivo que la dictadura de Daniel Ortega ha aplicado a al menos ocho personas, incluidos dos sacerdotes, un académico y una feminista, pero de manera más marcada en las últimas semanas.  

Esta semana se conoció el caso del sacerdote Guillermo Blandón, quien desarrollaba su misión pastoral en Santa Lucía, Boaco.  

Había viajado a Israel para conocer la tierra santa. Después voló a Miami, Estados Unidos, de donde saldría esta semana a Nicaragua. La dictadura no se lo permitió.  

“Me quedé sorprendido cuando la aerolínea me dijo que no podía abordar. Nunca he tenido problemas con la justicia. Soy un sacerdote que he caminado con mi pueblo, he sufrido y he llorado con mi pueblo. Me están negando mis derechos como nicaragüense, soy un nicaragüense y me niegan entrar a mi patria”, dice. 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ha conocido del destierro impuesto contra la periodista Tifany Roberts; al exrector y vicerrector de la Universidad Centroamericana, Jorge Huete y el padre Alberto Idiáquez; los sacerdotes Guillermo Blandón y Juan de Dios García; y otros dos opositores al régimen. 

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SE AMPARA EN DEFASADA MEDIDA ANTI-COVID 

En junio de 2020, la dictadura estableció una serie de medidas de prevención frente a la propagación del coronavirus entre las que se incluía un test PCR negativo para poder entrar al país.  

Desde entonces, el Instituto Nicaraguense de Aeronáutica Civil también exige a las aerolíneas la lista de pasajeros antes de la salida del vuelo que llegará a Managua.  

Es así como la dictadura decida quién entra y quién no al país, aunque los pasajeros tengan toda la documentación en regla y el propio país haya eliminado la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa como requisito de ingreso.  

Eso le pasó a la socióloga María Teresa Blandón en julio pasado. Había viajado a Chile para una reunión de trabajo. Salió sin problemas y las autoridades de Migración no le informaron de nada. Cuando quiso abordar el vuelo de regreso, la aerolínea Avianca le notificó que el Gobierno de Nicaragua no autorizaba su ingreso al país.  

VIOLA TRATADOS INTERNACIONALES  

Negar la entrada a Nicaragua a un nicaragüense una práctica ilegal, arbitraria e injustificada que viola la Constitución Política y al menos tres tratados internacionales ratificados por el Estado: La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El destierro aplicado por la dictadura viola el derecho a la libertad de movilización contemplado en la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 33 establece: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.  

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A su vez, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 indica que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y regresar a su país”. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: “Nadie puede ser privado arbitrariamente de entrar a su propio país”. 

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. 

El Cenidh denuncia que Daniel Ortega y Rosario Murillo violan estos derechos y se colocan al margen de la ley internacional.  

Ante la imposibilidad de hacer valer estos derechos a nivel nacional o denunciarlos en instancias nacionales controladas por la dictadura, el Cendih demanda que debe sobresalir el deber de protección de los Estados democráticos del mundo.

“Contrario a mis derechos constitucionales, el régimen se otorga la facultad de decidir quién entra y quién no a Nicaragua. Es una práctica abusiva”, dice María Teresa Blandón, una de las desterradas.