Daniel Ortega convierte a Nicaragua en una guarida de políticos corruptos

Daniel Ortega convirtió a Nicaragua en el país refugio de políticos acusados de corrupción de El Salvador. El primero en llegar fue el expresidente Mauricio Funes, quien se refugió en el país en julio del 2019, después de que la Fiscalía salvadoreña lo señalara de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación.

La dictadura no sólo le dio asilo político, sino que después le otorgó la nacionalidad nicaragüense a él, a su esposa, Ada Michel Guzmán, y sus hijos Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes Cañas. Al recibir la nacionalidad nicaragüense evitan ser extraditados a El Salvador para rendir cuentas ante la justicia si así lo pidiese ese país porque la Constitución Política de Nicaragua no lo permite. 

Pero Mauricio Funes es tan solo uno de una larga lista de personajes extranjeros a los que Daniel Ortega ha convertido en nacionales en procesos exprés. Todos, aparentemente, cumplen un patrón: son perseguidos por corrupción.

EL CASO FUNES

El expresidente Mauricio Funes (2009-2014) huyó de su país porque la justicia lo reclamaba por malversar 351 millones de dólares del erario salvadoreño usando un entramado de corrupción que incluía a familiares, amigos y sus subordinados en sus años de presidente.

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A Ortega no le importó que la Fiscalía salvadoreña acusara al exmandatario por corrupción, como tampoco le importa que lo acusen a él de convertir al país en un refugio de corruptos.

Pero a Funes y a su familia, no son los únicos a los que Ortega les regaló cédula nicaragüense para que sin vergüenza alguna, puedan burlar a la justicia de sus países de origen.

SÁNCHEZ CERÉN, OTRO EXPRESIDENTE "NICARAGÜENSE"

El año pasado, Ortega también ordenó conceder la nacionalidad nicaragüense al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, a su esposa Rosa Margarita Villalta; a su hija, Claudia Lissette Sánchez Villalta, y a su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez.

Sánchez Cerén de 77 años, profesor de profesión y antiguo guerrillero en su país, se convirtió en el segundo expresidente salvadoreño requerido por delitos de corrupción y acogido por la dictadura de Daniel Ortega.

NIETOS Y BISNIETOS TAMBIÉN

Contra Sánchez Cerén un tribunal de su país ordenó captura internacional por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pero eso no ha detenido a Ortega, más bien extendió su protección a otro hijo del expresidente: Salvador Antonio Sánchez Villalta, a Alejandra Sofía Guardado Sánchez y Carlos Manuel Pacheco Guardado, su nieta y bisnieto.

Y la semana pasada, el régimen concedió la nacionalidad nicaragüense por extensión a tres nietos más de Sánchez Cerén:  Celeste Alessandra y a los gemelos Salvador Leonardo y William Manuel, todos Vaquero Sánchez, hijos de Dolores Ivett Sánchez Villalta y William Oswaldo Vaquero León.

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Sánchez Villalta fue directora general de Desarrollo Social en la Cancillería durante su Gobierno, y Vaquero León, su yerno, fue su  asistente personal. Con las últimas nacionalizaciones, suman 11 los  familiares de Sánchez Cerén, que han sido beneficiados por el dictador Ortega.

EXDIPUTADO APROVECHA "REPARTICIÓN"

Este lunes el ex diputado salvadoreño Víctor Roberto Zaldívar, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el periodo 2003-2006, recibió la nacionalidad nicaragüense. Es investigado en El Salvador por supuesto enriquecimiento ilícito. 

“El ciudadano Víctor Roberto Zaldívar Iraheta ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en las leyes para adquirir la nacionalidad nicaragüense, tomando en cuenta su permanencia en el territorio nacional, haber acreditado residencia permanente en este país desde el 31 de enero del 2014, de forma continua e ininterrumpida, ser inversionista y tener vínculo de consanguinidad con ciudadana nicaragüense”, señala el artículo dos de la certificación que firmó a su favor el comandante de Brigada Juan Emilio Rivas Benites,  director de Migración y Extranjería de Nicaragua.

Según medios de prensa salvadoreños, Zaldívar Iraheta fue investigado junto a otros 75 exfuncionarios de distintas administraciones y órganos del Estado por presuntas irregularidades en sus declaraciones de patrimonio por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese país. A Zaldívar Iraheta la administración actual lo ha enlistado como responsable de enriquecerse de forma ilícita.

HONDUREÑOS TAMBIÉN AGARRAN PROTECCIÓN

El régimen no se ha limitado a proteger a salvadoreños que huyen de la justicia de su país. Exfuncionarios hondureños lograron también el amparo de la dictadura. Ebal Jair Díaz Lupian, exsecretario de Estado del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por narcotráfico y posesión de armas, es ahora nicaragüense.

La resolución en favor de Díaz Lupian fue publicada el 17 de junio de este año en La Gaceta, Diario Oficial, aunque fue aprobada desde el 13 de noviembre del 2020.

Díaz Lupian, considerado colaborador directo del expresidente Hernández, es abogado, ocupó diversos cargos en su administración y fue también gerente Legislativo del Congreso Nacional de Honduras entre el 2010-2014.

En las elecciones del 2021 en Honduras, Díaz Lupian aspiraba al cargo de diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional afín al expresidente Juan Orlando Hernández, pero no consiguió los votos suficientes.

El exfuncionario fue investigado por el mal uso de fondos públicos, siendo el presidente del Consejo Directivo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), organismo encargado del proyecto habitacional denominado “Desarrollo de Residencias Morazán’, indican diarios hondureños.

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Otro exfuncionario de la administración de Hernández también recibió la protección de Ortega. Se trata de Ricardo Leonel Cardona López, quien en abril de este año el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), de Honduras, lo denunció por supuestos actos de irregularidades cuando presidió la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), del vecino del norte.

En 2018, Cardona López se desempeñó como secretario privado y jefe del gabinete presidencial de Hernández. Daniel Ortega ordenó que Cardona López recibiera sin trabas cédula nicaragüense, por lo que un tribunal de ese país no podrá reclamarlo para que responde por faltas en su cargo público.