ONU urge reformas en Nicaragua: “El Poder Judicial y el Ministerio Público obran en provecho del Gobierno”

En Nicaragua “el Poder Judicial y Ministerio Público continúan obrando en provecho del Gobierno” de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo que se hace necesario “restaurar el Estado de derecho mediante una reforma judicial que garantice la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”, según un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).  

Esa es una de las recomendaciones que serán presentadas al Estado durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse entre el 12 de septiembre y el 7 de octubre, según el informe preliminar sobre Nicaragua al que accedió DESPACHO 505. 

El sometimiento del Poder Judicial a la dictadura ha sido evidenciado en los procesos contra los presos políticos, particularmente contra al menos 50 opositores detenidos en el contexto electoral del año pasado y que guardan prisión en las celdas de El Chipote, señalados de delitos de “traición a la patria”.  

Sus juicios se celebraron a puerta cerrada, sin presencia de público, la mayoría en un centro de detención policial -y no en los tribunales de justicia-, no se permitió a los abogados defensores revisar los expedientes ni reunirse con sus clientes más que por breves minutos antes de las audiencias y sin la debida privacidad. 

“Los procesos penales en contra de las personas detenidas en el contexto electoral de 2021 tampoco respetaron los estándares de un juicio justo, poniendo en evidencia que las recomendaciones de OACNUDH y otros mecanismos de derechos humanos sobre imparcialidad e independencia judicial no han sido implementadas. El Poder Judicial y Ministerio Público continúan obrando en provecho del Gobierno”, señala el informe. 

Según la información validada en los últimos meses, “se continúan reportando las mismas condiciones inhumanas de detención”, lo que pondría en peligro su salud física y mental de los presos políticos.  

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La ONU reitera su petición de “liberar inmediatamente y sin condiciones” a todas las personas arbitrariamente detenidas y sentenciadas, dejando sin efecto sus procesos y condenas. Mientras eso se da, “es urgente que se autorice el traslado a hospitales de todas las personas detenidas que requieren atención médica especializada”. 

Actualmente la dictadura mantiene en prisión a unos 205 presos políticos. En las últimas semanas ha sumado a al menos siete sacerdotes y al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.  

CRISIS SE PROFUNDIZA POR FALTA DE LIBERTADES 

La situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018, agrega el informe, sin que el régimen haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos de derechos humanos.  

La falta de reformas institucionales y legislativas encaminadas a restaurar el estado de derecho y la separación de poderes, el aislamiento de la comunidad internacional, así como las severas restricciones al espacio cívico, el hostigamiento a las voces críticas y la situación de las personas detenidas en el contexto de la crisis, indican dicho deterioro. 

El Estado de Nicaragua, según la ONU, “ha continuado restringiendo el espacio cívico, con especial afectación de los derechos a la libertad de asociación y de expresión”. Este año ha cancelado más de mil organizaciones de derechos humanos, de desarrollo, asociaciones profesionales, incluyendo médicas, entidades vinculadas con la Iglesia católica, entre otras. 

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La libertad de expresión también siguió sufriendo embates. Nicaragua cayó 23 puntos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, pasando de la categoría “difícil” a “muy grave”, ocupando el lugar 160 entre 180 países.  

“Desde 2018 se ha recomendado a Nicaragua que garantice la libertad de expresión, la libertad individual y la seguridad de periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, el grave deterioro de la libertad de expresión no se ha revertido”, advierte el organismo. 

La dictadura también ha censurado a artistas musicales, impidiéndoles su ingreso a Nicaragua, o deteniéndolos y luego expulsándolos del país pese a ser nacionales nicaragüenses. 

Entre las seis recomendaciones presentadas en el informe, se incluye la necesidad de reponer el espacio cívico, restaurando la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones que fueron clausuradas, protegiendo su libre funcionamiento, y absteniéndose de cancelar arbitrariamente la personalidad jurídica de más organizaciones y medios de comunicación. 

ONU DISPUESTA A COOPERAR  

En 2022, la ONU ha constatado constató un deterioro de la situación de los derechos humanos, en particular los derechos civiles y políticos, en un contexto caracterizado por la ausencia de diálogo, profundización de la crisis política, y aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. 

El Estado no ha permitido el reingreso de OACNUDH desde su expulsión en agosto de 2018. Desde finales de 2020 ha rechazado sus informes. A partir de enero de 2022, tampoco ha respondido a sus comunicaciones y solicitudes de información 

La ONU insiste al régimen en permitir el acceso de la OACNUDH a Nicaragua y cooperar efectivamente con ella.