Persecución a defensoras: 147 oenegés feministas han sido canceladas por la dictadura

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció este lunes que las oleadas masivas de cancelaciones de personerías jurídicas de organismos y asociaciones sin fines de lucro en Nicaragua dejó en agosto 47 oenegés feministas despojadas de su personería jurídica.

IM- Defensoras calificó la medida de ilegal y arbitraria y sostiene que es parte de la persecución del régimen contra “quienes se organizan en Nicaragua para defender derechos humanos”.  

“Con éstas (47) ya suma 147 las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres canceladas ilegalmente desde 2018”, denuncia IM -Defensoras.

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El organismo destaca que la Asamblea Nacional, dominada por el Orteguismo era el encargado de las cancelaciones, pero que desde agosto, con la puesta en vigencia de la reforma Ley de regulación y control de organismos sin fines de lucro y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, el el Ministerio de Gobernación por medio de un procedimiento exprés, es el autorizado para dichas cancelaciones sin pasar por el Parlamento.

“Tal y como desde la IM-Defensoras hemos denunciado en casos precedentes, la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma”, detalla el comunicado de la organización.

CANCELACIONES, ALLANAMIENTOS Y CONFISCACIONES

IM-Defensoras manifestó que las suspensiones de las organizaciones feministas tienen un “grave impacto” sobre los derechos de las mujeres ya que quedan en una situación de mayor vulnerabilidad y exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales.

“Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses y nos solidarizamos con todas estas organizaciones, manteniéndonos alerta”, expone el comunicado.

También hizo un llamado a que la comunidad internacional se solidarice con apoyar a las organizaciones canceladas y tomen conciencia “de la gravedad de la situación que viven quienes defienden derechos humanos en Nicaragua”.

La ilegalización de estas organizaciones viene acompañada del desmantelamiento de sus oficinas, confiscación de sus bienes, así como la criminalización, el hostigamiento y otros ataques en contra de sus integrantes. 

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La última confiscación se hizo pública el primero de septiembre de este año en contra el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Las tropas de la Policía ingresaron al edificio por la fuerza y sin mostrar documentos se quedaron en posesión del inmueble.

“Llegaron a las instalaciones donde estaba ubicado el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, a pesar que las propietarias ya son otras personas”, denunció el organismo.

La personería del Colectivo fue cancelada en agosto del 2021, ilegalización que fue calificada por el organismo en su momento como una “arbitrariedad jurídica” basada en “artimañas y mentiras”.