Monseñor Álvarez cumple 26 días de secuestro policial impuesto por la dictadura

Este lunes se cumplen 26 días del secuestro policial impuesto contra monseñor Rolando Álvarez y 11 días sin tener noticias sobre su estado físico desde que fue trasladado de Matagalpa a Managua la madrugada del viernes 19 de agosto.

Lo último que se supo fue que el cardenal Leopoldo Brenes lo notó “desmejorado” de salud durante la visita que le fue permitida ese mismo día, la única que se conoce ha recibido desde que la Policía lo mantiene bajo "resguardo domiciliar" en casa de sus padres en la capital.

La dictadura acusa al obispo de Matagalpa de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.

El obispo fue sacado del Palacio Episcopal de Matagalpa junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo donde estuvo retenido durante 15 días. Sus colaboradores cercanos permanecen detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote y de manera extraoficial se ha conocido que les celebraron una audiencia secreta en la que les habrían impuesto 90 días de detención judicial.

En este caso, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ha denunciado violaciones al derecho a la honra y la reputación, libertad de conciencia y religión, libertad de expresión y el derecho a la presunción de inocencia.

SIN RESPUESTA AL PEDIDO DEL PAPA

Han pasado nueve días desde que el papa Francisco expresó su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió "un diálogo abierto y sincero" para que "se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica".

La posición de Francisco no mejoró la situación de Álvarez, ni la de otros diez sacerdotes presos en Nicaragua, y avivó el debate interno sobre lo que la Iglesia católica debe hacer para su liberación.

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Ante la falta de un Nuncio en Nicaragua, el Papa designó a un equipo para realizar labores diplomáticas, encabezado por el cardenal Leopoldo Brenes y buscar una salida a la situación del obispo de Matagalpa.

En esa comisión que realiza gestiones diplomáticas también está Rodrigo Guerra López, Secretario del Pontificio Consejo para América Latina. Hasta ahora ni El Vaticano ni la dictadura han mostrado avances. Ortega y Murillo no se han referido públicamente a la petición de diálogo del Papa.

ORTEGA INTENTA CALLAR A LA IGLESIA EN NICARAGUA

Antes del secuestro de monseñor Álvarez, la dictadura ordenó el cierre de siete emisoras de radios que administraba la Diócesis de Matagalpa. También confiscó los equipos de la radio católica de Sébaco y mantuvo durante casi una semana sitiado al párroco Uriel Vallejos, que logró salir ante una posible negociación con la jerarquía católica.

Tras la aprehensión de monseñor Álvarez, la voz de la Iglesia Católica de Nicaragua se ha visto reducida. En su mayoría, quienes critican las acciones del régimen y demandan la liberación de los detenidos lo hacen desde el exilio.

Hasta ahora hay dos sacerdotes procesados y condenados. El párroco de Nandaime, Manuel García quien enfrentó dos procesos, uno por lesiones en el que la supuesta víctima no lo reconoció como agresor, y otro por amenazas a un grupo de agitadores sandinistas.

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El siguiente sacerdote detenido fue monseñor José Leonardo Urbina, acusado y condenado por abuso sexual en concurso real de violación supuestamente a una menor de 14 años. Después, fue encarcelado el padre Óscar Danilo Benavidez. Está en El Chipote y aún no ha sido acusado.

La dictadura ha calificado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018.

La situación en Nicaragua ha empeorado tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.