Reclamo: presencia de Sonia Castro en el Bautista “hace parecer que están de acuerdo con las atrocidades de este gobierno”

Comunidad Bautista advierte que la presencia de Sonia Castro en el hospital podría interpretarse como que sus autoridades “están de acuerdo con las atrocidades que está cometiendo este gobierno... y para hacer parecer que el pueblo Bautista legitima la violencia que ellos están llevando a cabo contra la gente que no piensa igual que ellos”.

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  • octubre 11, 2019
  • 03:24 AM

La comunidad Bautista advierte que la presencia de Sonia Castro en el hospital podría interpretarse como que sus autoridades “están de acuerdo con las atrocidades que está cometiendo este gobierno... y hacer parecer que el pueblo Bautista legitima la violencia que ellos están llevando a cabo contra la gente que no piensa igual que ellos”.

La presencia de Sonia Castro, extitular del Ministerio de Salud y nombrada ministra asesora en Salud tras ser sancionada por Estados Unidos debido a sus vínculos en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua, ha generado la inconformidad entre la Iglesia Bautista de Nicaragua.

En una carta dirigida al doctor Juan Carlos Solís, director del Hospital Bautista de Nicaragua, un “grupo de hermanas miembros de una iglesia Bautista” expresan que la presencia de Castro en ese centro les provoca tristeza porque hace parecer que “están de acuerdo con las atrocidades que está cometiendo este gobierno”, de las cuales dicen tener conocimiento por “contacto directo con numerosas víctimas de la represión conducida por nuestro gobierno desde abril del año pasado”.

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El Hospital Bautista durante los meses de abril, mayo, junio y julio atendió a los protestantes heridos a quienes Sonia Castro, desde su posición de ministra de Salud, ordenó la nula atención en el servicio público de salud, según denuncias de lesionados, quienes además han expresado a diferentes medios de comunicación que Castro, instruyó al personal médico para colocar a los pacientes agua en lugar de suero.

MANTENER RELACIONES CON EL ESTADO

“Entendemos muy bien que estamos en una situación difícil en la que el Hospital necesita mantener buenas relaciones con el gobierno, pero eso no les debe obligar a darles un papel protagónico en nuestras actividades, porque bien sabemos que ellos las saben aprovechar para hacer parecer que el pueblo Bautista legitima la violencia que ellos están llevando a cabo contra la gente que no piensa igual que ellos. Esto está en clara violación del principio Bautista de separación Iglesia – Estado del que estamos tan orgullosos los Bautistas”, dice la carta.

La carta hace también alusión a la práctica cristiana del “Señor Jesucristo”, quien aducen “se acompañó de gente pecadora, pero nunca dudó en denunciar el pecado y la injusticia. Igualmente nosotros somos llamados a denunciar la injusticia que se está cometiendo contra el pueblo nicaragüense y a no congraciarnos con quienes la cometen”.

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Finalmente, la carta que firman las “Hermanas miembros de una Iglesia Bautista de Managua”, piden “la sabiduría necesaria para navegar las aguas turbulentas en las que se encuentra nuestro país, conservando su autonomía como hospital cristiano y privado sin necesidad de vender su conciencia”.

El Hospital Bautista inauguró una nueva área administrativa a la que solo fueron invitados medios propiedad de la familia de Ortega Murillo. En las fotografías se pueden observar a los divulgadores del orteguismo pertenecientes a los Canales 2, 6, 8, 4 y 8.

MEZCLA IGLESIA – ESTADO

El aparato Estatal ha mantenido una estrategia política en la que ha utilizado las diferentes denominaciones religiosas para ganar adeptos a su partido, sin embargo la Iglesia Católica y ahora, la Bautista, son las que han mantenido su postura crítica a los crímenes de lesa humanidad de los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido señalado por organismos internacionales de Derechos Humanos. Mientras las iglesias evangélicas, en su mayoría, han guardado silencio.

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Desde abril de 2018, organismos internacionales han documentado al menos 328 muertes por la represión estatal a las manifestaciones cívicas, así como un deterioro progresivo de las libertades fundamentales.

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