Alba Luz Ramos es reelecta como presidenta de la Corte y calla ante barbaries de Ortega

La magistrada ha mantenido silencio sobre los procesos contra centenares de presos políticos, no se ha referido a la renuncia de Rafael Solís que confirmó el sometimiento del Poder Judicial al régimen y bajo su mando, la Corte se niega a resolver los recursos contra la Ley de Amnistía y otros dos para la devolución de Confidencial.

Alba Luz Ramos, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fue reelecta como presidenta de ese poder del Estado para un periodo de dos años, con los que sumaría 11 años consecutivos en el cargo, mientras que el magistrado Marvin Aguilar García repetirá como vicepresidente.  

En una elección sin mayores cambios, la Corte Suprema de Justicia reeligió este martes a la magistrada Ramos y al magistrado Aguilar como presidenta y vicepresidente respectivamente, ambos leales al dictador Daniel Ortega.  

Desde el año 2010, designada por Ortega, Alba Luz Ramos se mantiene en el cargo de presidenta de la Corte y es magistrada desde hace 31 años. 

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial también estará presidido por Alba Luz Ramos e integrado por los magistrados Marvin Aguilar García, Juana Méndez y Virgilio Gurdián Castellón. 

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La Sala Constitucional de la Corte estará bajo la dirección de Francisco Rosales Argüello, delegado de Ortega a las negociaciones con la Alianza Cívica en febrero pasado. La Sala de lo Penal queda a cargo del magistrado Armengol Cuadra López. 

En tanto, en la Sala de lo Contencioso Administrativo será presidida por la magistrada Yadira Centeno. 

CORTE CÓMPLICE DE LA DICTADURA 

Desde inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua desatada por la represión del régimen de Daniel Ortega, el Poder Judicial ha callado ante las graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua y ha sido un instrumento más de la represión.  

El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó la falta de independencia del Poder Judicial y confirmó que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial “han actuado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos, a través de la criminalización de las personas que participaban en las protestas”. 

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“¿Qué hicieron los fiscales, los jueces en Nicaragua mientras (…) la Policía, en la gran mayoría de los casos, ¿cometía crímenes gravísimos? (…)”, cuestionó la experta Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI, durante la presentación del informe. 

CALLA ANTE LA SALIDA DE SOLÍS 

La presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos aún no se ha pronunciado sobre la renuncia del exmagistrado Rafael Solís, quien también confirmó que los juicios contra los presos políticos eran dirigidos desde El Carmen por Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Solís renunció a la Corte Suprema y a su militancia en el Frente Sandinista al no estar de acuerdo con la matanza desatada por Ortega.  

"Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete con las consecuencias inevitables de la instalación y consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta", dice la carta difundida el 10 de enero.  

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"Si no se hubiera matado tanta gente, yo estaría con ustedes y continuaría en la Corte y en el Frente", dice Solís en la carta, “pero no hubo tal golpe de estado, ni agresión externa, sino un uso irracional de la fuerza y ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil de la cual yo no quiero ser partícipe", continuó.  

CORTE IGNORA RECURSOS INTERPUESTOS POR OPOSITORES 

La Corte Suprema de Justicia sigue sin resolver los cuatro recursos por inconstitucionalidad presentados por organizaciones de derechos humanos contra la Ley de Amnistía impuesta por el régimen. 

Además, la Corte mantiene la retardación de justicia al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y los programas Esta semana y Esta noche, cuya redacción fue asaltada por la Policía Orteguista desde diciembre pasado.  

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En el caso de la toma ilegal de Confidencial, la Policía Orteguista alega que ejecutaba la acción contra el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), oenegé a la que le fue cancelada su personería jurídica.  

Sin embargo, Carlos Fernando Chamorro, quien es uno de los miembros de la junta directiva de CINCO, explicó que la Policía sabía de antemano que las instalaciones de la oenegé no estaban en el mismo lugar donde funcionaban las redacciones de Confidencial, Esta semana y Esta noche y que lo que sucedió fue “un acto brutal de supresión a la libertad de prensa”. 

El 30 de julio pasado se venció el plazo para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolviera los recursos por inconstitucionalidad presentados tras la confiscación de Confidencial, pero las autoridades siguen en silencio, “es decir que estamos en retardación de justicia teniendo ellos ya todas las pruebas”, denuncia el periodista.