Ortega niega acceso a Nicaragua al Grupo de Expertos de la ONU

El régimen de Daniel Ortega negó el acceso a Nicaragua al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar los abusos cometidos en el país desde abril de 2018, confirmaron a DESPACHO 505 fuentes diplomáticas en Ginebra.

La petición de contacto con las autoridades nicaragüenses y de ingreso al país fue canalizada a través de la embajadora del régimen en Nicaragua en Ginebra, Zoila Yanira Müller Goff, dado que el Gobierno de Nicaragua está llamado a colaborar con el grupo.

De acuerdo con las fuentes, la funcionaria respondió a la nota de solicitud reiterando el rechazo que había expresado la administración orteguista cuando el Consejo de la ONU aprobó la designación de expertos internacionales para documentar los hechos acontecidos en Nicaragua a partir de abril de 2018, el pasado 24 de mayo. “Respondió que no reconocían al grupo” y, por tanto, no estaban abiertos a establecer contacto con una misión que para ellos tiene una posición parcializada.

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La postura del régimen respecto a la misión encargada a los expertos internacionales de la ONU era ampliamente conocida. No obstante, una de las fuentes explicó que el pedido oficial era un paso necesario en el proceso de investigación que ya han iniciado y que el Grupo deberá cumplir independientemente de la negativa oficialista.

“Precisamente este contacto es porque una vez que el Gobierno dice ‘nosotros no queremos hablar con el Grupo' porque no da muestras de objetividad y se documenta el intento de obtener información del Gobierno, se puede comenzar los acercamientos con la sociedad civil nicaragüense”, explicó.

INVESTIGACIÓN SEGUIRÁ

El Grupo es liderado por el alemán Jan-Michael Simon, y además lo integran el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago. Ellos tienen como mandato “realizar investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, incluidas las posibles dimensiones de género de dichas violaciones y abusos, y sus causas estructurales fundamentales”.

Además, tienen la tarea de establecer los hechos y las circunstancias que rodean las presuntas violaciones y abusos. Recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, en la medida de lo posible, identificar a los responsables.

La designación de los expertos llega tras una resolución adoptada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos sobre la que el régimen hizo caso omiso, por lo que el rechazo al Grupo se suma a una larga lista de llamamientos que el orteguismo desoye.

EL RÉGIMEN ES EL QUE PIERDE

Las fuentes son enfáticas en señalar que la decisión de Ortega tiene un efecto boomerang, pues lo que en realidad rechaza es que su narrativa sobre lo ocurrido en el país quede fuera del informe, lo cual es totalmente desfavorecedor.

“Esto le hace daño al propio Gobierno, porque el Gobierno no puede desarrollar su propia narrativa. Entonces, va a ser un informe que va a contener las voces de las víctimas y se va a instalar en la comunidad internacional la versión que han desarrollado las organizaciones internacionales. El gobierno no va a tener la posibilidad de incorporar su propia narrativa”, reforzó.

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También reconoce que el sesgo que representa no tener acceso a las fuentes gubernamentales perjudica al país, “no es posible o se hace muy difícil llevar adelante procesos de democratización donde el Gobierno no está dispuesto a dialogar”.

No se debe perder de vista que las acciones que se impulsan en las esferas diplomáticas al final, persiguen establecer puentes que permitan superar crisis como la que afronta Nicaragua desde 2018. Son esfuerzos que “van destinados a que en algún momento el gobierno esté dispuesto a conversar sobre estos temas y eso va a pasar tarde o temprano”.

TRABAJO DEL GRUPO DE EXPERTO NO SE FRENA

En cuanto al resultado que persigue el Grupo, este “no se limita ni se frena”, sostiene la fuente al revelar que su misión ya está en marcha, aunque por la envergadura de la misma debe mantenerse bajo reserva.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es la segunda instancia internacional en investigar los abusos cometidos por la dictadura desde abril de 2018. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció en mayo de ese año un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que concluyó que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.