La comunidad internacional anuncia más sanciones contra el régimen: ¿están socavando las bases del orteguismo?
Mañana jueves el Parlamento Europeo discutirá un paquete de sanciones contra los jueces que han condenado a los presos políticos.
- junio 08, 2022
- 07:10 AM
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Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y la Unión Europea (UE) han aplicado sanciones a 51 funcionarios y nueve entidades cercanas al entorno de confianza y poder del régimen de Daniel Ortega, incluyendo a su propia esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
La comunidad internacional ha mostrado su firmeza en seguir apoyando este tipo de medidas para presionar al régimen. Esta semana el Parlamento Europeo (PE) anunció que discutirá un paquete de medidas contra los jueces que han condenado al grupo de unos 50 opositores nicaragüenses, por su parte Estados Unidos también prepara una nueva ronda de penalidades.
El principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, afirmó el lunes que “esperamos cambios profundos en su forma de actuar y si no, vamos a tomar medidas para expresar nuestro desacuerdo con la presión política que existe en Nicaragua en este momento".
Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), apunta que la advertencia de Estados Unidos podría estar relacionada a la información que pueda proporcionar Yadira Leets, exesposa de Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, quien se encuentra en Estados Unidos con sus dos hijas. Leets fue administradora de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleos (DNP).
HA FALTADO PRESIÓN
Estados Unidos ha evitado referirse a Leets esta semana durante la Cumbre de las Américas. “No sé hasta qué punto estas sanciones fuertes podrían estar ligadas a algún tipo de información que ella haya provisto a Estados Unidos”, expone McFields, quien agrega que ni Washington ni Managua se han pronunciado sobre el tema ya que Leets es una persona que tiene mucha información sobre “temas sensibles de corrupción y movimientos de activos por parte de la dictadura”.
Un experto en temas internacionales que pide omitir su nombre por temor a represalias señala que a cuatro años de la Insurrección de Abril de 2018, no ha habido suficiente coordinación entre los "Estados comprometidos con la democracia y tampoco coherencia con las políticas de las instituciones financieras internacionales, que han seguido otorgando facilidades al Gobierno de Ortega.
"En esta circunstancia es necesario hacer una evaluación objetiva y minuciosa de las efectividad de las sanciones, las formas que se han utilizado para evadirlas, el impacto real en una economía mayoritariamente informal, los mecanismos que las leyes han puesto a disposición y que todavía no han sido utilizados, y proceder de acuerdo a un plan que haga los ajustes necesarios", analizó.
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Los países han expuesto que las sanciones están encaminadas para que Ortega encauce al país nuevamente a la democracia, se restablezcan los derechos constitucionales de los nicaragüenses y se respeten los derechos humanos, así también presionan por la liberación de los presos políticos.
Ortega — a pesar de que ha demandando el levantamiento de las medidas e incluso mandó mandó discretamente a su hijo Laureano Ortega Murillo a buscar un acercamiento con Washington— a lo interno de Nicaragua mantienen las detenciones, el estado policial de facto, la falta de libertades. Además, los familiares de los presos políticos continúan demandando la liberación de sus parientes.
Ante eso los expertos se preguntan si las sanciones hay tenido efectos en el régimen. El exdiputado Eliseo Núñez, expone que las sanciones causan daños a Ortega, aunque la comunidad internacional ha tratado de mantener un equilibrio entre afectar al círculo cercano al régimen y no perjudicar al país.
“Definitivamente sino le afectarán, Ortega no se quejará de ellas en cada momento, el problema es que el efecto no es inmediato, esto va deteriorando su círculo, están diseñadas para generar una implosión alrededor de él, pero no es algo que sucede tres días después de las sanciones o un mes después”, señala Núñez y añade que un reflejo de la efectividad de estas medidas son las deserciones de funcionarios del régimen.
SANCIONES "NO TOCAN EL CORAZÓN DE LAS FINANZAS" DE ORTEGA
Para McFields, habría que evaluar la efectividad de las sanciones y ver cuáles son las que más han golpeado a Ortega. “Hasta el momento creo que algunas sanciones sí han tenido algún tipo de impacto en el tema económico, pero la gran mayoría no toca el corazón de las finanzas de la dictadura de Nicaragua”, expone el exdiplomático.
McFields coincide con Núñez en que los países han tenido cautela en el tipo de sanciones que han impuesto, pero critica que en algunos casos ha faltado un propósito especifico de qué se quiere lograr con las medidas. “Por eso vemos que el Gobierno a través de prestanombres, a través de una Asamblea Nacional totalmente subyugada y corrupta logran burlar las sanciones una y otra vez, por eso habría que evaluar cuáles son las sanciones más efectivas”, sostuvo el también periodista, quien expone que las medidas que han aplicado los países de Occidente son tímidas, y cautelosas, aunque sí han afectado políticamente al régimen.
SIN APLICAR LA LEY RENACER
McFields expone que la ronda de sanciones que discutirá la Eurocámara contra los 14 jueces que han condenado a los opositores detenidos en el contexto de las fallidas elecciones generales de noviembre pasado, “tienen un impacto importante porque son los que han estado protagonizando y ejecutando las acciones de los presos políticos”.
“Pero todavía no se están utilizando sanciones de mayor peso como son las sanciones que se generan a partir de (la Ley) Renacer que tienen un impacto directo en el bolsillo de la dictadura”, apunta McFields.
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La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), propone entre otros puntos la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta). Además, contempla sanciones coordinadas con Canadá y la Unión Europea (UE), así como la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras a Nicaragua.