Amnistía a países miembros de la OEA: No sean cómplices del régimen de Nicaragua

Los Estados miembros de la OEA deben responder enérgicamente a esta situación contra los derechos humanos y la institucionalidad regional, señala el organismo al interpretar el portazo de Ortega a la Comisión de la OEA como una clara evidencia de su falta de voluntad al escrutinio internacional por las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional lanzó un enérgico llamado a la comunidad internacional para no darle más oxígeno al régimen de Nicaragua. “No sean cómplices de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades nicaragüenses”, ha pedido el organismo a los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), porque considera evidente que Daniel Ortega no está dispuesto a echar pie atrás en la política represiva con la  que ha logrado mantenerse en el poder desde abril de 2018.

En una comunicación oficial emitida tras una reunión con miembros de la Comisión para Nicaragua en la OEA a quienes Ortega prohibió el ingreso a Nicaragua mediante un mecanismo administrativo dirigido a las aerolíneas que los transportarían a Managua, Amnistía Internacional dirige un fuerte llamado a tomar medidas de respaldo a las víctimas de la represión del régimen.

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“Resulta evidente que la administración de Daniel Ortega continúa manteniendo la estrategia de evitar el escrutinio internacional en un intento de evadir su responsabilidad”, señala Belissa Guerrero, coordinadora de incidencia para las Américas de  Amnistía Internacional, en lo que constituye nuevo pedido a tomar acciones contundentes.

“Es irrazonable que la Comisión y las víctimas deban reunirse en un tercer país ante la negativa del gobierno nicaragüense. Los Estados miembros de la OEA deben responder enérgicamente"

Belissa Guerrero, coordinadora de incidencia para las Américas de  Amnistía Internacional

PORTAZO A LA OEA ES INADMISIBLE

Agrega: “Es irrazonable que la Comisión y las víctimas deban reunirse en un tercer país ante la negativa del gobierno nicaragüense. Los Estados miembros de la OEA deben responder enérgicamente a esta situación contra los derechos humanos y la institucionalidad regional”.

Tras romper las negociaciones con la oposición de forma unilateral, funcionarios orteguistas solicitaron a la Secretaría General de la OEA acompañar un proceso de reformas electorales.

El pasado 29 de agosto, Luis Ángel Rosadilla, quien participó como testigo y acompañante de las negociaciones entre los delegado de Ortega y la Alianza Cívica, ventiló ante el Consejo Permanente de la OEA que la Secretaría General se reunió con delegados del régimen para intercambiar impresiones sobre el tema, y dijo que próximamente darían respuesta.

Quince días después, Ortega prohibió la visita de la Comisión de la OEA que tenía previsto llegar a Managua en compañía del jefe de gabinete de la Secretaría General del organismo, Gonzálo Koncke.

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La Comisión de la OEA para Nicaragua, que fue creada para realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel para que el manejo de la crisis nicaragüense sea mediante el diálogo, anunció que tras la negativa de acceso al país se reuniría con víctimas y otros actores sociales nicaragüenses en El Salvador.

Desde el 28 de agosto corre el plazo de 75 que se le fijó al régimen para mostrar voluntad de negociar una salida pacífica con la opositora Alianza Cívica, ya que de forma unilateral dio por terminadas las pláticas a las que el mismo Ortega convocó el pasado 27 de febrero.

La reunión entre Guerrero y las representaciones diplomáticas que integran la Comisión de la OEA sobre Nicaragua y el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua se dio en el contexto del 173° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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"DISPONGAN DE TODAS LAS MEDIDAS"

“Durante esta visita Amnistía Internacional ha pedido a los Estados miembros de la OEA que no sean cómplices de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades nicaragüenses y que dispongan de todas las medidas necesarias para respaldar a las víctimas e impedir nuevas violaciones de derechos humanos”, remarcó.

De no haber resultados positivos en el plazo que corre en negativo para Ortega, el Consejo Permanente convocaría a una sesión extraordinaria de cancilleres donde se podría solicitar la aplicación de la Carta Democrática. 

Desde abril de 2018 Nicaragua afronta la peor crisis política, social y económica registrada en tiempos de paz. Organismos internacionales reportan al menos 328 muertes, más de 120 presos políticos, 70,000 exiliados y un deterioro de los derechos humanos alarmantes.