El exterminio de oenegés en Nicaragua: 344 hasta mayo y 96 están en lista de "espera"

Nicaragua vive desde inicios de 2022 una operación de exterminio de oenegés. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pisa a fondo el acelerador para despojar de su personería jurídica a todas las organizaciones sin fines de lucro no alineadas. Solo en los primeros cinco meses de este año ha ilegalizado a unas 277 organizaciones, entre nacionales e internacionales. En esta operación cuenta con dos aliados: la Asamblea Nacional y al Ministerio de Gobernación.

Y la cifra continuará en aumento. Hace apenas 24 horas ha llegado al Parlamento una nueva petición de ejecutar a otras 96 organizaciones. La iniciativa de ley la introdujo el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, quien se ha convertido en el abandarado de las ilegalizaciones masivas.

Según una revisión de las acciones contra las organizaciones sin fines de lucro realizada por DESPACHO 505, el ritmo de la operación de exterminio fue acelerado a partir del 6 de mayo pasado, tras la entrada en vigor de la nueva Ley General de Regulación y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro. 

El proceso de las ilegalizaciones comenzó en diciembre del 2018, no obstante hasta el 2020 se habían registrado 10 despojos de personerías jurídicas. En el 2021 la cifra aumentó a 57 organizaciones nacionales e internacionales.

Todo cambió este año, pues en cinco meses el número de oenegés desaparecidas ya llega a 344.

ES UNA VENGANZA POLÍTICA

A criterio del exdiputado Eliseo Núñez, en un inicio el despojo de las personerías jurídicas fue por una especie de “venganza” del régimen por haber apoyado a la población en el levantamiento popular de abril del 2018. Pero luego Ortega, según Núñez, lo ha convertido en una cruzada para “colapsar la asociatividad en Nicaragua" y que el Estado sea el único que pueda realizar actividades colectivas.

“Esto es un camino hacia el totalitarismo ya nada tiene que ver con una represión puntual, no tiene que ver con una oenegé u otra, tiene que ver con que nos está llevando al punto en que es prohibido que nos asociemos los nicaragüenses”, señaló Núñez.

La lista de cancelaciones es diversa, están universidades privadas nacionales e internacionales, asociaciones médicas, organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, así como academias como la Nicaragüense de la Lengua, la cual tenía 94 años de estar funcionando en el país, hasta Operación Sonrisa que brindaba atención a niños con labio leporino y paladar hendido.

CANCELACIONES SON UN "CRIMEN"

Vilma Núñez, presidente del ilegalizado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), no tiene una explicación razonable para esta decisión de Ortega, pero considera que es parte de una política para “centralizar y destruir absolutamente todo” y “no dejar piedra sobre piedra”.

“Es una destrucción la que él (Ortega) quiere hacer, prácticamente volver a hacer una Nicaragua de acuerdo a sus intereses”, señala la defensora de derechos humanos.  

En un comunicado, el Cenidh tildó las cancelaciones masivas como un “crimen, uno más que el régimen Ortega Murillo comete contra Nicaragua” y que las víctimas directas es la población que recibía beneficios por medio de los proyectos que ejecutaba.

“¿Cuántas más hacen falta? Evidentemente el régimen Ortega Murillo pretende desarticular a la sociedad nicaragüense y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura, acaparar la cooperación internacional y usarla para seguir reprimiendo”, se pregunta el comunicado del Cenidh.

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La sociólogo Haydée Castillo, es del criterio que Ortega no mide el impacto que provoca en la población el cierre de las oenegés en el país.

"Estamos en un proceso de aniquilamiento de todas las libertades, de todos los derechos, este es un régimen completamente absolutista", expone Castillo y añade que el régimen se basa en un discurso de odio "y para eso lo que necesita no son ciudadanos críticos, pensantes, sino personas subordinadas".

“REPRESIÓN LEGISLATIVA”

Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que el Estado se encuentra “concentrado” en que Ortega se mantenga en el poder y las cancelaciones de las personerías jurídicas tienen como objetivo “eliminar cualquier libertad de pensamiento, de participación ciudadana en los asuntos públicos”.

Considera que Ortega pretende establecer como política que todos deben de “obedecer sus órdenes” y que la lógica que está implementando es que la oenegé que no puede controlar la manda a cancelar.

“Es una estrategia de control total. Daniel Ortega desde que llegó al poder comenzó a introducir elementos de control social como los Consejos del Poder Ciudadano que es una red de espionaje de barrio que comenzó a dividir a la población”, expone Guadamuz.

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El defensor de derechos humanos señala que el Parlamento controlado por Ortega, ejerce una “represión legislativa” la cual criminaliza la libertad de pensamiento, de participación de los ciudadanos para denunciar cualquier anomalía.

Ortega para mandar a cancelar a las oenegés argumenta que no se registraron como Agentes Extranjeros, no presentar informes financieros detallados, juntas directivas vencidas, entre otras excusas. Guadamuz detalla que de manera informal han tenido conocimiento de parte de algunas organizaciones de que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir la documentación requerida.