Jáuregui llama a la Unión Europea a sancionar a Ortega

Ante el cierre de El Nuevo Diario, la persecución a líderes y otras acciones represivas el exeurodiputado considera urgente que la Unión Europea sanciones al régimen de Daniel Ortega. “Este es un llamado a ayudar al pueblo de Nicaragua”, manifestó.

El exeurodiputado Ramón Jáuregui lanzó un llamado urgente a la Unión Europea para que actúe sin más demora en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que mantienen el control del poder en Nicaragua por medio de una brutal política represiva.

A lo largo de 17 meses de crisis en Nicaragua se registran 328 asesinatos, 700 enjuiciados por razones políticas, 2,000 heridos, 300 profesionales de la salud despedidos, 144 universitarios expulsados y más de 70,000 exiliados, una migración forzada alarmante que en escala solo es superada por Venezuela que también padece la instauración de una dictadura.

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“Nicaragua: sigue la represión de líderes democráticos. Cierran periódicos. Nadie ayuda a la oposición Azul y Blanco. Este es un llamado a ayudar al pueblo de Nicaragua”, es el mensaje enviado este sábado por el político español que se ha destacado entre las voces más críticas al régimen en el plano internacional.

Jáuregui fue el jefe de la misión del Parlamento Europeo que en enero pasado llegaron a Managua para evaluar la situación del país, cuyas conclusiones se recogen en un informe presentado ante los 28 países que conforman la Unión Europea y que sirvió de base para la emisión de un pronunciamiento de condena a las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua en el que se advierte al régimen de sanciones.

El 26 de enero, en la presentación de su informe sobre la visita a Nicaragua Jáuregui advirtió: “La situación actual en Nicaragua no es compatible con el Acuerdo de Asociación que la Unión Europea tiene con Centroamérica, pero también con Nicaragua”.

¿SANCIONES EN PUERTA?

“¿Unión Europea: para cuando las sanciones?, ¿OEA: para cuando la mediación política?, cuestionó el exeuroparlamentario tras conocerse el cierre total de El Nuevo Diario, un periódico con 39 años de existencia que desde hace un año junto a La Prensa denunciaba al régimen por la retención de papel, tinta y otros insumos indispensables para mantenerse en circulación.

Los propietarios del rotativo hasta ahora no han expuesto a detalle las razones del cierre, a través de un comunicado alegaron problemas “económicos, técnicos y logísticos”. No obstante, operadores del orteguismo han expresado públicamente que el régimen presionó para sacar de escena a esta empresa periodística fundada en 1980  y que en el año 2011, por quiebra financiera, pasó a manos del grupo Promerica, del empresario Ramiro Ortíz, contra cuyo banco el régimen emprendió una campaña de desprestigio, incluidas amenazas de una “investigación” por supuestos vínculos con operaciones ilícitas.

Jáuregui ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea frene las acciones represivas de Ortega mediante sanciones, pero los estados europeos, a través de Pelayo Castro Zuzuárregui, su nuevo representante diplomático en Nicaragua, únicamente han reiterado su disposición de “usar todos sus instrumentos para apoyar una salida pacífica y democrática a la crisis”.

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Este miércoles la agencia de noticias AFP divulgó, citando fuentes diplomáticas, que los países de la Unión Europea dieron su “visto bueno” a la creación de un marco jurídico para la aplicación de sanciones a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, por las graves violaciones de derechos humanos documentadas desde abril de 2018 y el socavamiento de las instituciones democráticas en el país. 

“Los embajadores de los 28 países europeos se mostraron a favor de crear este marco de sanciones, que por el momento no incluirá personas sancionadas, por la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”, habían indicado estas fuentes.

Los miembros del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER) ante el Consejo de la Unión Europea, dieron su visto bueno a la creación del marco jurídico para la aplicación de las sanciones en una reunión en Bruselas, mecanismo que aún tendría que ser confirmado por el plenario del Consejo de la Unión Europea, en la siguiente reunión de ministros de Exteriores, en octubre.

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LA POSICIÓN DE ORTEGA

Pese a las advertencias sobre sanciones y los llamados a reestablecer las pláticas con la Alianza Cívica para trazar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua, Daniel Ortega mantiene su política de no negociación e insiste en que fue víctima de un intento de golpe de Estado fallido que logró neutralizar mediante acciones legales que le han perdido conducir al país a la normalidad.

“La Policía tenía que salir de sus cuarteles a restaurar el orden, a desmontar los tranques y darle tranquilidad al pueblo que estaba pidiendo también que la Policía saliera a poner orden”, dijo el líder sandinista en su más reciente comparecencia pública al referirse a la Operación Limpieza para desmantelar los tranques y en la que agentes y civiles armados actuaron de manera coordinada contra ciudadanos que, en su mayoría, se defendían con piedras y morteros.

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En distintos foros internacionales funcionarios orteguistas han sostenido que en Nicaragua hay plenas libertades y respeto a los derechos humanos, y califican las denuncias de asesinatos, encarcelamiento, asedio, intimidación, persecución confiscaciones, allanamientos, cierre de medios, entre otras, como acciones que forman parte de una campaña desestabilizadora dirigida desde organismos nacionales e internacionales.

Actualmente, sobre Ortega pesa el plazo de 75 días que se estableció en la General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para mostrar voluntad de negociar la salida pacífica a la crisis, pero incluso este bloqueó el acceso al país a los miembros de la Comisión Especial que llegarían a Managua acompañados por Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de la Secretaría General del organismo continental.