El día que Ortega declaró su enemiga a Cristiana Chamorro

En mayo del 2021 el régimen de Daniel Ortega puso en marcha una nueva ola de represión en Nicaragua. La estrategia de su plan comenzó a tejerse meses atrás con la aprobación de reformas y leyes represivas. El objetivo era claro: para las elecciones de noviembre la boleta electoral debía estar libre de contrincantes. Cristiana Chamorro, favorita para derrotarlo, fue la primera en su lista.

A mediados de enero del 2021, Chamorro había hecho público sus aspiraciones presidenciales.  "Si el país me necesita, aquí estoy", declaró.

Cristiana se proyectaba como la persona que podía unir a la oposición y repetir la hazaña de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien derrotó a Ortega en las elecciones del 25 de febrero de 1990.  Por eso los ataques de parte de la vicepresidenta Rosario Murillo se intensificaron contra la familia Chamorro, los calificativos eran de “vendepatrias”, “ungidos” y “agachados”.

La trama contra Cristiana se materializó el jueves 20 de mayo cuando dos funcionarias del Ministerio de Gobernación se presentaron a su casa y le entregaron a las 9:24 de la mañana una citatoria en la que le indicaban que tenía que presentarse a las 10:00 a.m. de ese mismo día.

La citaron para que respondiera por las supuestas “inconsistencias encontradas en los reportes financieros período 2015 – 2019” de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), de la cual fue su directora y que cerró operaciones el cinco de febrero luego de negarse a inscribirse como Agentes Extranjeros.

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“Jamás nos someteremos a los caprichos de la dictadura”, escribió en Twitter antes de entrar a la cita en Gobernación, donde también fueron llamados Marcos Fletes y Walter Gómez, contador y administrador de la Fundación.

Ese día Cristiana salió convencida de que el objetivo de toda la trama era inhibirla de ser candidata a la Presidencia y calificó la acusación en su contra como “macabra”.

“Es parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y, en el fondo, para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente el 7 de noviembre», declaró cristiana al salir de la “entrevista” que duró unas cuatro horas.

MÁQUINARIA AL SERVICIO DE ORTEGA

Toda la maquinaria estaba en función de cumplir los deseos de Ortega: Policía, Ministerio Público, instituciones de gobierno, Poder Judicial.

Ese mismo día, 20 de mayo, a Cristiana Chamorro se le notificó que el Ministerio Público había iniciado una “investigación” en su contra por el delito de lavado de dinero y que tenía que presentarse junto a Fletes y Gómez al día siguiente para una “entrevista”.

A partir de allí, el Ministerio Público comenzó a criminalizar la labor de los periodistas independentes a quienes la Fundación apoyaba. En el caso fueron citadas al menos 157 personas de las cuales 59 eran periodistas y seis fueron citados en más de dos ocasiones. Entre los citados también estuvo el escritor Sergio Ramírez.

El organismo Voces del Sur señala que producto de la inseguridad y las amenazas de judicialización al menos 62 periodistas han tenido que exiliarse desde junio del 2021 hasta febrero del 2022.

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Un experto en temas de comunicación que pidió omitir su nombre por temor a represalias expone que una medida preventiva que tomaron los medios de comunicación fue suprimir la firma de sus reporteros en las piezas periodísticas para evitar mayor represión.

“Un año después vemos que el panorama es más que oscuro porque la misma implementación de las leyes funestas como la de Ciberdelitos lo único que hacen es silenciar, no solo a los periodistas sino también a las fuentes periodísticas”, valora.

EXTRABAJADORES ESTÁN POR CUMPLIR UN AÑO PRESOS

Las detenciones de parte del régimen comenzaron el 28 de mayo con el arresto de Marcos Fletes y Walter Gómez. El dos de junio la Policía orteguista allanó con lujo de violencia la casa de Cristiana Chamorro luego que Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, emitiera una orden de detención domiciliar contra la aspirante presidencial.

Se le señalaba de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.

Además, el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencias Circunscripción Managua “inhabilitó” a Cristiana Chamorro “para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo”.

La medida fue tomada un día después de entregará una carta donde expresaba su interés de inscribirse en la Alianza Ciudadana que encabeza el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), 

Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), señala que todas las acciones contra Cristiana y los miembros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro pasarán a la historia de Nicaragua como “la represión más destructiva y más injusta que hemos presenciado”.

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“Lo que motiva toda esta represión destructiva es la decisión del gobierno dictatorial de Daniel Ortega de eliminar la posibilidad de que Cristiana Chamorro compitiera en las fallidas elecciones del 7 de noviembre pasado, ese fue el objetivo”, asegura la veterana defensora.

Considera que al acusarla de lavado de dinero, pretendían destruirla moralmente ya que es un delito “vergonzoso” y así destruir la “imagen de firmeza, transparencia, compromiso con Nicaragua que heredó de sus padres”.

Posterior a la detención de Marcos, Walter y Cristiana, comenzó la persecución contra los opositores, acusándolos de traición a la patria, propagación de noticias falsas, entre otros señalamientos. 

El juicio contra Cristiana, su hermano Pedro Joaquín Chamorro así como Marcos Fletes, Walter Gómez y Pedro Vásquez finalizó el pasado 12 de marzo cuando fueron declarados culpables y posteriormente sentenciados a penas que oscilan entre los siete y 13 años de prisión.

“Aquí no han disimulado ni han aparentado la más mínima decencia judicial para actuar no como jueces sino como esbirros más de la dictadura. Se llega al año en que inicia esta persecución que ha sido continua sin interrupciones en que se han involucrado todas las instituciones del Estado y se han ensañado en aplicar todos los mecanismos persecutorios y destructivos”, expresa la presidenta del Cenidh.