En el caso de Nicaragua, ¿cuál es la situación de los derechos de las niñas?

En su Informe Anual 2020, la CIDH observó con preocupación hechos que se inscriben en un contexto de creciente inseguridad y violencia contra las mujeres y niñas en el país. Entre ellas, el registro de 42 feminicidios en el primer semestre del 2020. Por su parte, la Oacnudh (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) expresó su preocupación respecto la información oficial que reconoce únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, lo que evidencia un posible subregistro que a su vez se traduce en dificultades para adoptar medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes. 

Anteriormente, en el Informe Anual de 2018, dimos cuenta de que las mujeres afrodescendientes serían susceptibles a hechos de violencia física y sexual, así como otras violaciones a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  En este contexto, la Comisión recibió información preocupante sobre la prevalencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes en Nicaragua, que representaría el 80% de todos los casos denunciados de violencia sexual contra mujeres. 

Otro punto de especial preocupación es que 24 niñas, niñas y adolescentes habrían muerto de forma violenta en el contexto de la represión a las manifestaciones en 2018 y otros fueron lesionados. Por su parte, según datos de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), un total de 29 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados entre abril y fines de noviembre de 2018, y la causa principal de muerte habría sido por heridas de bala en la cabeza, el cuello, y el tórax. 

Además, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas; alteración de los horarios y calendarios escolares como consecuencia de la crisis y la deserción escolar por el incremento del trabajo infantil. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público.

¿Cómo puede un país contrarrestar la violencia por razones de género?

Existen varios desafíos que enfrentan los Estados, entre ellos reforzar los mecanismos de prevención, de erradicación de la violencia y la discriminación contra las niñas de manera coordinada, con recursos institucionales y financieros suficientes, y a la adopción de medidas elaboradas con perspectiva de género que aborde e incluya todos los derechos. 

También, la inclusión de los crímenes por razón de género dentro del Código Penal podría contribuir con garantizar su conocimiento y estudio obligatorio en la formación académica de los operadores de justicia. Sin embargo, es igualmente necesario que este tipo penal sea analizado e interpretado bajo conceptos y criterios especializados, que en general están previstos en las leyes especiales. 

La investigación penal con debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación seria, oportuna, completa e imparcial, así como de la adecuada sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas es indispensable. Además que la investigación penal debe estar a cargo de autoridades competentes e imparciales, especialistas en temas de género y derechos de las mujeres, y en la atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. 

¿Cómo ha afectado la pandemia de coronavirus  a las niñas de la región?

Las niñas y adolescentes representan un grupo de población que se ve impactado de manera desproporcionada por la emergencia sanitaria y que debe contar con una protección especial del Estado para garantizar sus derechos. 

Es importante recordar que desde la irrupción de la pandemia del Covid-19, en el mundo alrededor de 123 Estados determinaron el cierre de los centros educativos, como una de las medidas de contención del contagio, trasladando el proceso de aprendizaje a formatos en línea y a distancia. Resultado de ello, cerca de 258 millones de niñas, niños, adolescentes, tuvieron limitadas sus oportunidades educativas durante ese tiempo. 

La pandemia evidenció que los cierres de instituciones educativas representan un mayor riesgo para las mujeres y las niñas, ya que se encuentran expuestas a múltiples situaciones de abuso, como la violencia intrafamiliar, la violación sexual — y posibles embarazos forzados en consecuencia —, el sexo transaccional y las uniones forzadas y precoces. 

Además, las escuelas y colegios suelen ser espacios de contención y canalización de denuncias de estas violaciones y abusos.  Con el cierre de las mismas se redujeron las oportunidades de detectar casos de violencia, abusos, y de negligencia sufridas por los niñas, niños y adolescentes cuando los centros educativos se encuentran cerrados.

¿Cuáles son las recomendaciones que la CIDH hace para a la sociedad y los estados para que se garantizar entornos seguros para las niñas, reducir las violencias y la discriminación por razones de género?

Como dije antes, es parte crucial de la erradicación de la violencia que las niñas y adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos, para ello es necesario que desarrollen habilidades para la vida, accedan a información sobre la salud, empoderamiento económico, y protección social, libre de toda forma de discriminación y en condiciones de igualdad. Estas políticas y prácticas deben tener un enfoque particularizado en romper ciclos de pobreza y de violencia en zonas rurales, poblaciones en situación de pobreza, y comunidades indígenas. 

Los programas pueden incluir cursos para que las mujeres y niñas desarrollen habilidades aplicables en distintos campos laborales, y medidas para facilitar y promover el acceso a la educación, así como garantizar acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, accesibles, confidenciales y gratuitos para las adolescentes. 

A través del empoderamiento, las adolescentes y niñas en riesgo de y afectadas por actos de violencia y discriminación podrían ser más capaces de expresar y ejercer sus opciones y, de manera paralela, recibir mayor apoyo y protección de su comunidad y del Estado.

¿Quién es? 

La comisionada Esmeralda Arosemena Troitiño ocupó cargos en la Judicatura de Panamá, fue magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Se desempeñó como Presidenta de la Sala II de lo Penal, y magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. Participó en la Comisión Especial para la propuesta de reformas constitucionales en Panamá 2011, y en la Comisión para la elaboración del Código Procesal Constitucional 2016.

Es licenciada en Filosofía, Letras y Educación, con especialización en Pedagogía, así como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Cursó estudios de posgrado en Género, de especialización en familia y niñez, y en materia constitucional. Es académica y docente en la Universidad de Panamá, el Instituto Superior de la Judicatura y el Órgano Judicial de Panamá.

Esta entrevista forma parte de la cobertura especializada Las Niñas Cuentan. Lea más artículos aquí.