Amanda tenía 13 años cuando un amigo de su hermana, seis años mayor, abusó de ella en una zona rural de San Rafael del Sur, departamento de Managua. A los pocos meses su vientre empezó a crecer y supo por su madre que estaba embarazada. La señora la golpeó sin siquiera escuchar la versión de la niña y le pidió a un hombre mayor que se hiciera responsable del embarazo. “Yo no entendía nada, no quería juntarme con nadie”, recuerda ahora la mujer.

Ella, antes de que fuera abusada, pensaba en ir a la escuela para algún día convertirse en maestra. Lo anhelaba tanto, pero su mamá no creía que la educación sirviera para algo. Casi a los 14 años se convirtió en una de las niñas que allá, por el año 1996, eran obligadas a sostener una relación de hecho con un hombre mayor para salvar a la familia de la “vergüenza” de un embarazo del que se desconocía paternidad.

Por ocho meses cargó con el sufrimiento de un embarazo complicado, las pesadillas del abuso sexual y el tormento de verse con un hombre que le doblaba la edad. Perdió el bebé porque su vientre no soportó. Sintió alivio. Poco a poco fue recuperándose hasta que nuevamente empezó a sufrir abusos por parte del hombre con el que fue obligada a convivir. “Me golpeaba solo porque no quería tener sexo con él”, confía.

Después de 37 años, Amanda mira atrás y reflexiona cómo la unión forzada de la que fue víctima cercenó sus sueños. Estudió hasta el segundo grado de primaria. “Sólo aprendí a cancanear”, dice. Su caso es una vieja práctica en Nicaragua y que no solo persiste sino que ha aumentado en los últimos años, principalmente en las zonas rurales del país.

En 2020, un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas ubicó a Nicaragua como el país con la segunda tasa más alta de matrimonio infantil o uniones forzadas de América Latina: el 35% de los adolescentes contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años.

A Nicaragua sólo la supera República Dominicana y Brasil. En Bangladesh, la República Dominicana, Nicaragua y 17 países de África Subsahariana al menos el 10% de las jóvenes estaban casadas o en uniones antes de haber cumplido 15 años.

“El matrimonio infantil o unión forzada es un tema del que no sea habla, que no importa, porque lo hemos normalizado”, dice Jorge Mendoza, de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

Un dato más alarmante lo proporcionó Plan Nicaragua: en 2019, según las tres últimas Encuestas Nicaragüenses de Demografía y Salud de 2001, 2006, 2011, una de cada tres mujeres de entre 20 a 24 años de edad se unió antes de cumplir los 18.

Ante eso, las organizaciones están preocupadas por el aumento de casos, aunque no ha sido posible cuantificarlos. Nancy Mora, es miembro de la Red de Mujeres Ana Lucila, un colectivo que trabaja en la zona Norte de Nicaragua, y asegura que saben de decenas de denuncias de niñas y adolescentes que son reportadas como desaparecidas, pero que en realidad están conviviendo con hombres mayores.

CAUSAS DE UN PROBLEMA NORMALIZADO

¿Pero cuáles son las causas de este problema? La pobreza, los abusos y violencia sexual, y el maltrato dentro del seno familiar coinciden los expertos consultados para este reportaje. A ello se le agrega la pasividad con la que actúa el Estado de Nicaragua al no aplicar las leyes que protegen a las niñas del país.

Amanda recuerda que cuando su mamá decidió juntarla con un hombre lo hizo por dos razones: “No estaba dispuesta a que mi abuelo aceptara un embarazo y tampoco asumiría la carga de otro miembro de la familia, que un hombre se hiciera cargo de mí”, cuenta.

En su hogar vivían en situación de pobreza, y su mamá apenas ganaba dinero para mantener a seis hijos, tres de ellas mujeres. Su hermana mayor también fue forzada a una relación con un hombre mayor, y ella era la que más ayudaba en la venta de comida, rememora la mujer de piel morena y ojos almendrados. Cuando comparte su historia lo hace revestida de fortaleza: “Ser pobre es duro, no es solo no tener que comer, y para una niña pobre las cosas son más duras”, dice.

A la situación vivida por Amanda, la socióloga Marta Munguía del Centro de la Mujer Acción Ya, en Estelí, agrega que hay de por medio costumbres ancestrales, ligadas al diseño patriarcal en el que se concibe a las niñas como propiedad de los hombres. Una que vez mestrúan, se piensa que las mujeres están listas para sostener relaciones sexuales.

“Hemos atendido casos desde hace muchos años y ahora con mayor frecuencia, cuando las niñas llegan a los 11 años los hombres dicen “me robé a esta chavala”. Estamos hablando de hombres adultos que llevaban niñas a vivir con ellas... había casos que los padres peleaban, pero otros tenían interés económico y tienen que ver con tierra”, lamenta la directora del Centro que funciona como albergue para mujeres y niñas víctimas de violencia machista, desde 1995.

El informe “Niñas y adolescentes en matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas en Nicaragua”, presentado por Plan Nicaragua, expone que los hombres están sujetos a aprendizajes de género y construcción de masculinidad, por tanto la unión está relacionada con la pérdida de la virginidad de la niña.

“Hay que destacar que en esta situación prevalece el mito sobre el cuerpo y sexualidad de las mujeres, y es algo que no solo se vive en el campo sino también en nuestras ciudades, por eso los padres celebran los quince años de sus hijas para decirle a la sociedad: “está lista y puede ser elegida”, es una especie de rito de iniciación”, explica por su parte la sicóloga Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual.

La especialista explica que mientras el mito de la virginidad exista y sea vista como un don, y prevalezcan términos como “la solterita”, “está de merecer” o “está de saca”; los padres, sin importar la posición social y área geográfica, seguirán restringiendo a las niñas y decidiendo que en lugar de “estar cuidándolas” mejor “se busquen un marido” o se vayan de la casa con el primer novio que les conozcan. Un paso que les quita carga moral y económica.

“En el tema de las uniones forzadas resurgen muchos mitos sobre el cuerpo de las mujeres lo que implica abuso sexual que es invisibilizado como la famosa prueba de amor, que estigmatiza a la adolescente y no a quien coaccionó para que ocurriera, así este no sea siquiera un coetáneo de ella sino alguien mucho mayor”, manifestó Norori.

Según Plan Nicaragua, en el país está arraigada la idea de que el matrimonio infantil es un problema exclusivo de las áreas rurales. Si bien es cierto que es más frecuente entre menores de zonas no urbanas, también es una realidad en las ciudades. “La prevalencia es un 21.9% mayor en las áreas rurales que en las áreas urbanas. En las áreas rurales una de cada dos mujeres de entre 20 y 24 años se unió antes de cumplir los 18 años de edad, mientras que en las áreas urbanas se unió una de cada cuatro”.

Las estadísticas recopiladas por el organismo a 2011 registran un mayor descenso en la última década en áreas urbanas (un 10.9% entre 2011 y 2001) que en áreas rurales (un 7.8%).

El matrimonio infantil es un fenómeno poco estudiado, quizá se deba, dicen los expertos, a la naturalización y al seguimiento de mandatos sociales que hacen que no se perciban las consecuencias de esta práctica en la vida de las niñas. “En el Norte del país hay factores como que la mujer tiene que ser madre a temprana edad”, dice Alima Mora, de la Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala.

“Hay un mandato de género y es que la mujer esté en casa y se case. En Waslala son pocos los matrimonios legales. El marco legal permite que te casés a los 16, siempre y cuando los padres acepten. Aquí no existe la cultura de denuncia, ni con delitos de incesto y abuso sexual”, agrega la socióloga de esa región del país.

ESTADO CÓMPLICE

En el año 2017, las redes sociales estallaron cuando una adolescente de 14 años fue “premiada” por la oficialista Radio Ya, propiedad de la familia Ortega - Murillo, durante la realización del concurso llamado “La panza más grande”, con el que se conmemoró el Día de la Madre.

El caso se volvió alarmante cuando medios locales visitaron la vivienda de la menor y descubrieron que su pareja era un hombre de 24 años, que habitaba en la misma casa junto a los padres de la adolescente y convivía con ella desde que tenía 12 años de edad.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y en especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como Codeni, exigieron entonces al Estado aplicar el Código de la Niñez y Adolescencia. También que se aplicara el Código Penal de Nicaragua, el cual establece que “toda relación sexual con una persona menor de 14 años, aun cuando ella alegue consentimiento, es considerado delito de violación y debe penarse con prisión de entre 12 y 15 años”.

El caso pronto se olvidó, pero desnudó la pasividad con la que actúan las autoridades. Ni el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan) ni la Procuraduría Especial de la Niñez se interesaron por esta historia de abuso. “Si la familia lo acepta, no pasa nada”, coinciden los expertos.

Aunque Nicaragua es firmante de tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño (1990) y ha impulsado leyes de protección, no está aplicando con rigurosidad esos mandatos. En general, el marco legal es permisivo para las uniones y matrimonios, por lo tanto urgen estrategias que garanticen la protección de las menores.

Muchas uniones entre una niña y un hombre en Nicaragua son parejas informales que no están legalmente reconocidas. Eso lo sustenta un informe de Unicef en el que menciona que en América Latina el matrimonio infantil se da al margen de lo considerado “legal”.

En Nicaragua, las niñas se pueden casar a partir de los 16 años con el consentimiento de sus tutores por lo que no se reconoce como una violación, y cuando las niñas son “robadas”, las instituciones a cargo de velar por sus derechos se vuelven cómplices al no aceptar las denuncias de los familiares.

“En los lugares alejados de la ciudad, lo que se procura es evitar una denuncia policial por violación. Todavía existen en el imaginario social, más en el campo, de que se trata de abusos deshonestos y no de una violación sexual”, plantea Jorge Mendoza de Codeni. Otro problema que ve el especialista es que la justicia no llega a zonas remotas y eso provoca que una gran cantidad de casos no se puedan castigar ni sancionar.

Por ejemplo, hace año y medio, los padres de dos niñas abusadas sexualmente, en una zona recóndita de Matagalpa, fueron engañados para que aceptaran casarlas con los abusadores. Cuando fueron a interponer la denuncia, el agente policial que la atendió les dijo que debían recuperar la honra de la familia, así que debían exigir un matrimonio.

“La familia acudió a Acción Ya y le dimos el acompañamiento necesario para evitar que sucediera, y logramos que eso no ocurriera. No hay justicia, aunque se pongan denuncia no se procede porque se asumen que ellos se iban a casar con el consentimiento de los padres”, recuerda Martha Munguía.

Munguía asevera que como no se reconoce legalmente el derecho de las niñas, el Estado debería pujar por que existan leyes e instituciones que las protejan de la violencia. “No deberían de estar expuestas, hoy en día las niñas son sujetas de cambio, embarazos forzados, y trato comercial, hay niñas que las visten de adultas y prestan servicios a hombres adultos”, condena la socióloga.

Actualmente, las naciones del globo han firmado el compromiso para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2015 -2030), que abogan por la igualdad de género, y eso incluye erradicar el matrimonio infantil. Si continuase la tendencia observada, América Latina y el Caribe tendrá para el año 2030 uno de los índices más elevados de niñas forzadas a relaciones de pareja, únicamente por detrás del África Subsahariana.

Y Nicaragua junto con la República Dominicana y Brasil muestran una tendencia cruda de aumento de casos, pero los Estados no han sido capaces de diseñar una política pública para frenarlo, dicen los defensores.

DESPACHO 505 solicitó una entrevista con la titular del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan), Johana Flores y a la procuradora de la Niñez y la Adolescencia, Victoria Alvarado, para consultarle sobre el compromiso del Estado de Nicaragua por erradicar esta forma de violencia contras las niñas, pero no hubo respuesta a las llamadas. Ni siquiera sus oficinas recibieron las cartas en las que se solicitaba una cita. Lo mismo ocurrió con la diputada orteguista, Irma de Jesús Dávila Lazo, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia.

“Si a nivel institucional, del más alto rango no hay un interés porque lo que sufren las niñas, qué se puede esperar de un juez, un policía y un fiscal”, cuestiona una de las defensoras de la Red de Mujeres del Norte, mientras que Jorge Mendoza, de Codeni, ve con extrema preocupación que no existan medidas coherentes por parte del Estado para atender y prevenir esta situación.

De acuerdo con el informe de Plan Nicaragua, desde las instituciones públicas se han desarrollado programas más enfocados en la prevención del embarazo para la reducción de la muerte materno-infantil y el aumento de la esperanza de vida, dejando invisible el matrimonio infantil que, aparentemente, no refleja ninguna amenaza para los indicadores de desarrollo.

Sin embargo, el organismo considera que las niñas que son forzadas a unirse o casarse también son forzadas a renunciar a su derecho a la educación, a la atención sanitaria, y a su bienestar y desarrollo físico y emocional. En síntesis, son obligadas a abandonar su infancia y dejar de ser niñas por un problema normalizado en el que se combinan pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de las niñas.

“Las niñas en las leyes nacionales vinculadas a las mujeres o en las leyes relacionadas con la niñez permanecen ocultas, invisibles, en su condición de género y de edad, producto del poco valor social que se les asigna. Están en una posición social de desigualdad”, precisa el documento del organismo defensor de los derechos de las niñas.

Muestra de eso son los testimonios recogidos en el estudio de Plan Nicaragua. Una líder chorotega planteó que cuando los casos llegan a las instituciones descubren que el hombre que contrajo matrimonio con una niña tiene otra mujer, pero ante las autoridades es él quien decide con quién quiere quedarse.

“Aquí pasó eso, llamaron a un hombre como de unos 40 años que tenía dos mujeres, una de 30 y otra como de 17 años, y con las dos tenía hijos y ese hombre decidió quedarse con una y dejó a la otra. Y después de eso vienen los problemas entre ellas mismas y la familia y eso es más grave”, dijo una defensora.

EMBARAZOS Y POBREZA 

A los 15 años, a Rosa la casaron con un hombre de 36. Un día de septiembre, sus padres les informaron que “Carlos”, el amigo de la familia que llegaba desde La Trinidad, Estelí, a la humilde comunidad donde vivía, estaba interesado en contraer matrimonio con ella. La conversación, recuerda, se centró en que las condiciones de pobreza ameritaba que alguien más se hiciera responsable de su manutención y educación.

La adolescente, la única mujer y la más pequeña de cuatro hermanos, se opuso, pero su opinión no importó. La decisión estaba tomada y sin perder tiempo se organizó una modesta boda en la comunidad rural surcada por las montañas del Norte que en algún momento fueron bosque: “A mí nadie me consultó si quería casarme, yo quería jugar, ser niña”.

Rosa prefería seguir viviendo en la comunidad que se encuentra a 40 kilómetros de Estelí. No le importaba la promesa de estudio hecha por “su secuestrador”, como le llama al hombre con el que se casó. “Mis padres pensaron que tendría una mejor vida”.

El día de su matrimonio es un amargo recuerdo del que prefiere no hablar con frecuencia. A los seis meses estaba de vuelta en casa porque la familia se dio cuenta que el hombre estaba casado con otra mujer.

“Un matrimonio no te saca de la pobreza”, reprocha Rosa, ahora de 20 años, quien se dedica a cultivar la tierra, porque nunca pudo regresar a la escuela. Solo agradece, no haber salido embarazada, como sí ocurre con otras menores de su región, una de las zonas históricamente marginadas del país.

En Waslala hay una alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes. Alima Mora, de la Asociación para la Promoción de Waslala, cuenta que las dos casas maternas de ese municipio del Caribe Norte de Nicaragua están a su máxima capacidad. Ella apunta que se deben a uniones forzadas. “Aquí el abuso no asusta, tenemos abusadores, pederastas, y me atrevo a decir que Waslala tiene altas tasas de uniones forzadas, pero las autoridades no hacen nada”, lamenta.

La defensora, una socióloga de 27 años, denuncia que hay una delegación del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, pero no no vela porque se cumplan los derechos de las niñas: “Están como observadores, ven el problema, saben que hay una alta tasa de embarazos, saben que es común escuchar: ‘se la robaron, se la llevaron’. Saben que la unión forzada deriva en matrimonios infantiles”.

Cada año, un promedio de 1,500 niñas de nueve a 14 años son víctimas de violaciones y embarazo forzado en Nicaragua, según información del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que están soportados en información aportada por el Estado. El organismo cuenta con registros que revelan que en los últimos 15 años Nicaragua no muestra avances en la reducción de los embarazos en menores de edad, producto de violaciones.

En 2018, las autoridades reportaron 1,594 partos de niñas de nueve a 14 años. El dato, es el más reciente ofrecido por el Estado en las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), y corresponde a la información aportada por el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais). De acuerdo con esas cifras, en Nicaragua cinco niñas dan a luz cada día producto de violaciones.

A nivel latinoamericano, Nicaragua es el segundo país con mayor proporción de embarazos en adolescentes. En el país, 92 de cada 1,000 mujeres adolescentes son madres, sólo superado por República Dominicana donde la tasa de embarazos por cada 1,000 adolescentes se eleva a 100, según UNFPA.

Considerando los estudios del Fondo de Población, los matrimonios infantiles están ligados a los embarazos prematuros.

Sin embargo, un estudio de Plan Nicaragua, divulgado en 2019, indica que las niñas que son madres no necesariamente están en una unión o se han casado. En 16 años (1995-2011), señala, la proporción de niñas obligadas a asumir una maternidad ha crecido significativamente, a tal punto que en 2011 una de cada cuatro menores de 15 a 17 años que es madre no se ha unido a un hombre, esto es más del doble que en 1995.

“El incremento de niñas madres bien podría ser el resultado del aumento del abandono de los hombres a las niñas embarazadas, lo que significa un alza en la irresponsabilidad paterna y, por supuesto, del abuso sexual. Los datos en su conjunto nos demuestran que durante 30 años el fenómeno del matrimonio infantil y uniones forzadas ha sido parte de la sociedad nicaragüense y ha ido en aumento. Es una situación alarmante porque en 1995 el 46.6% de niñas entre los 15 a 19 años ya estaban casadas o unidas, mientras que en el 2011 fue el 60.8%”, reza el informe.

Además, menciona que en las últimas décadas se ha incrementado el número de niñas madres abandonadas, las que probablemente tendrán nuevas parejas y nuevos hijos. “Con frecuencia, la unión sin ceremonia civil o religiosa o el matrimonio infantil deja consecuencias devastadoras en la vida de las niñas, pues les limita su acceso a la educación, al desarrollo de habilidades, movilidad, empleabilidad y acceso a recursos. Se perpetúan así ciclos de pobreza y sumisión”, señala el informe.

En el país no hay datos oficiales que dimensionen el problema. El estudio de Plan Nicaragua es el registro más reciente sobre la realidad de las niñas, y mencionan que una unión que deriva en una maternidad significa que tienen una mínima probabilidad de acceder a la educación superior, y solamente una de cada 23 lo consigue.

Mientras tanto, en un matrimonio en el que no hay embarazo de por medio, se reduce drásticamente la probabilidad de las niñas de acceder a la educación superior. Solamente una de cada 45 lo logra. “Estos datos indican que las niñas cuando se casan o se unen, aunque no tengan hijos o hijas, enfrentan las mayores barreras para alcanzar la educación superior”, destaca el estudio realizado con cuatro grupos poblacionales: indígenas miskitu, chorotega, creole y mestizos.

“Cuando una niña se une antes de cumplir los 18 años, la situación tiene un impacto importante para ella debido a que se reducen las probabilidades de encontrar trabajo y el tiempo de trabajar, se incrementa la probabilidad de trabajar como empleada doméstica, lavando, cocinando o como niñera; se reduce la probabilidad de tener prestaciones sociales en el trabajo (subsidio, atención médica, medicamentos, jubilación...), debido a que la mayoría de oportunidades de trabajo es en el sector informal”, agrega Plan Nicaragua.

Es lo que Amanda más reprocha de su destino impuesto por el abuso sexual, la pobreza y el poco valor que la sociedad le da a las niñas. De ser escuchada, habría tenido oportunidad para terminar la primaria y perseguido el sueño de enseñar Matemáticas a niñas.

En las comunidades cercanas a Masachapa y San Rafael del Sur, Managua, ha surgido un grupo de 40 niñas que desde hace más de un año conocen, defienden y promueven sus derechos. Jilenne, de 16 años, es una de las líderes que fue beneficiaria del proyecto “Empoderadas autogestiono mis derechos para vivir libre de violencia”, impulsado por la Fundación para el Desarrollo Comunitario (Fundecom). Ella vendía en las costas de esa zona, productos artesanales a turistas locales, hasta que un día especialistas concientizaron a los padres sobre la necesidad de respetar los derechos de la pequeña, y eso implicaba que dejara de trabajar.

Ahora ella empodera a otras niñas. “Les decimos que una relación entre una niña y un mayor no es normal, y le explicamos cuáles son sus derechos y que si alguien intenta abusar tiene que decirle a los padres”, dice Jilenne, desde su casa. Ella cuenta que el empoderamiento de las niñas ha evitado que otras sean víctimas de uniones forzadas. “Entre más conozcamos nuestros derechos, sabemos cuándo están violentándonos”.

Celia Vega, socióloga de Fundecom, comenta que la organización tienen más de 20 años de trabajar temas de violencia, y uniones tempranas o forzadas, en Villa El Carmen, donde han establecido una red de mujeres, y San Rafael del Sur, exactamente en la zona de Pochomil y Masachapa.

“Nuestro trabajo es preventivo: los dos grupos están conformados por 40 mujeres, y ellas mismas se han organizado y han seleccionado líderes que organizan las actividades, que sensibilizan a otras niñas, a sus familiares sobre la problemática de la unión temprana, lo que hacemos es empoderarlas con sus derechos, porque si ellas los conocen, difícilmente van a buscar una unión temprana”, refiere.

Vega, que ha trabajado 15 de sus 30 en esa organización, dice que las pequeñas lideresas se han convertido en referentes para los comunitarios. Entonces las niñas que están en una situación de unión forzada las buscan para pedirles consejería y acompañamiento psicológico.

“Estamos trabajando con niñas de 12 a 18 años, son ellas las más vulnerables, son chavalas que han sido vendedoras ambulantes en bares, que están a la orilla de la costa, que sufren violencia, acoso, entonces nosotros las involucramos y en la medida de lo posible también a sus familiares, porque nuestro trabajo es sensibilizarlos a todos para que pueda haber un cambio”, añade.

“Quizás cuando pase todo está situación de pandemia vamos a poder tener un mayor alcance, nos proyectamos tener más beneficiarias, queremos trabajar más este tema de uniones tempranas, para que puedan entender sus propósitos, su valor, su potencial”, expresa la socióloga Celia.

Ante la falta de políticas públicas que contribuyan a erradicar el problema, las organizaciones comunitarias han asumido un trabajo de concienciación y prevención. En Waslala, la Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala, lanzó un programa de radio para que los padres tengan conciencia, a la vez que se insta a las niñas a crear metas.

“Buscamos que los padres reaccionen a la violencia porque es común en esta zona que se vayan y tengan una pareja adulta, estamos luchando para que papá y mamá reaccionen e interpongan denunciar, aunque aquí no existe la cultura de denuncia, ni con delitos de incesto y abuso sexual, aún así estamos muy de cerca para que las mujeres puedan plainificar su vida”, valora Alima Mora.

Jilenni, la pequeña lideresa, desde 2018 se reúne con niñas de su edad para hablar de violencia, lo hacía en una amplia caseta de zinc, sin embargo en marzo de 2019, la pandemia obligó a la fundación a suspender las actividades físicas. Y para que las pequeñas siguieran con sus talleres, compraron celulares de modo que los encuentros pasaron a una reunión virtual en Zoom. La dinámica es la misma, dar a conocer cuáles son sus derechos.

El mensaje principal es que no es normal que un hombre mayor sostenga una relación con una de ellas, mucho menos que la abuse. Si, ocurre, dice la pequeña, hay que decirlo y oponerse.

Pero eso no es tan fácil cuando el Estado que, se supone, las debería de proteger, las margina y las condena a sufrir violencia. Y peor cuando los matrimonios infantiles se han normalizado. 

Este reportaje forma parte de la cobertura Las Niñas Cuentan de Despacho 505. María Haydée Brenes colaboró con reportes.