Por Lesber Quintero y Uriel Velásquez | 23-08-2020

Cuando Irene* quedó embarazada a los 11 años y su vientre empezó a crecer, su mamá pensó que sufría alguna enfermedad. Mediante ultrasonido, un médico descubrió que estaba embarazada. Era el cuarto mes.

A Irene la violó su padrastro y la obligó a callar el abuso que sufría dentro de su misma casa. El que debería ser el lugar más seguro resultó el más peligroso, así es para todas las niñas en Nicaragua. La violencia sexual ocurre en el entorno cercano y son conocidos o familiares los principales agresores. El resultado es una maternidad forzada, como la que vive Irene.

Desde el día que la niña supo que sería mamá todo en su vida cambió.

Irene no culminó la primaria. Ya cumplió los 12 y carga en sus brazos a la bebé, nacida el 10 de junio. En vez de Matemáticas o Historia, ahora la pequeña recibe lecciones sobre “cómo ser madre”. En los primeros días tuvo miedo, revela Martha, su mamá.

Mientras su madre cuenta el calvario, ella mece a la bebé que duerme en una hamaca, confeccionada con sacos utilizados para empacar granos que cuelga del alero de la humilde vivienda de su abuela, en una zona rural del sur del país.

“Tenía miedo dormirse y lastimar a la bebé al momento de voltearse en la cama, y por eso la niña dormía durante los primeros días conmigo, pero ahora ya está pendiente en todo momento de la niña y hasta la tiene hermosa con leche materna”, dice con cierto alivio Martha.

Martha también está criando. Veintiséis días después que Irene, que es la mayor, la mujer parió a su tercer hijo, una niña. “El papá de las dos bebés es el mismo. Ese hombre (su expareja) me durmió, porque no logré detectar en qué momento abusaba de mi hija”, expresa con pesar. Al sujeto lo denunció, está preso y enfrenta un juicio por abuso sexual que se sigue en los tribunales de justicia de Rivas.

NIÑAS FORZADAS A SER MADRES

Un año atrás Irene jugaba y corría con su hermano y compañeras de escuela. Ahora asume una maternidad impuesta.

Cada año un promedio de 1,500 niñas de 9 a 14 años son víctimas de violaciones y embarazo forzado en Nicaragua, según información del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que están soportados en información aportada por el Estado. El organismo cuenta con registros que revelan que en los últimos 15 años Nicaragua no muestra avances en la reducción de los embarazos en menores de edad, producto de violaciones.

En 2018 las autoridades reportaron 1,594 partos de niñas de 9 a 14 años. El dato, es el más reciente aportado por el Estado en las Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), y corresponde a la información aportada por el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais).

De acuerdo con esas cifras, en Nicaragua cinco niñas dan a luz cada día producto de violaciones.

A nivel latinoamericano, Nicaragua es el segundo país con mayor proporción de embarazos en adolescentes. En el país 92 de cada 1,000 mujeres adolescentes son madres, solo superado por República Dominicana donde la tasa de embarazos por cada 1,000 adolescentes se eleva a 100, según UNFPA.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Violencia y abuso sexual. El 86% de los delitos sexuales en Nicaragua, ocurren contra niñas y adolescentes mujeres, según datos del Instituto de Medicina Legal (IML, 2018), siendo el rango de edad más frecuente entre los 10 y los 13 años. Seis de cada 10 violaciones son cometidas por personas de la familia o cercanas a ella. 

En 2020, el Instituto estatal dejó de publicar los informes trimestrales sobre atenciones por violencia sexual en niñas de 10 a 14 años y adolescentes de 14 a 19 años, lo cual es considerado “grave” por defensores de la niñez.

“Hay una negación de la pandemia de la violencia hacia la niñez, principalmente contra las niñas”, critica Jorge Mendoza, miembro del Consejo de Coordinación de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni).

La imagen de una niña cuidando a otro niño, dijo Mendoza, es solamente la parte visible de “un drama más profundo”, que se incuba dentro de los propios hogares. 

En el Centro de la Mujer Acción Ya, con sede en Estelí, 3 de cada 10 atenciones psicosociales que brindan son a niñas víctimas de violencia, en su mayoría sexual, principalmente proveniente de zonas rurales.  

“Estos casos de embarazos en la mayoría de la zona norte se dan por costumbres que se basan en un mandato patriarcal de que las mujeres y las niñas son propiedad de los hombres de la familia. Hemos encontrado casos en los que cuando las niñas cumplen 11 - 12 años, son ´robadas´ o enviadas a casas con ´maridos´ ya mayores de edad con el beneplácito de los padres”, señala la socióloga e investigadora Martha Munguía, fundadora del centro.  

EL CUERPO DE LAS NIÑAS NO ESTÁ LISTO PARA GESTAR

Irene guarda silencio cuando le han preguntado qué pensó o sintió al enterarse que sería madre. Ha dicho que la quiso tener, dice su mamá. Sin embargo, a su edad no tiene la capacidad para dimensionar lo que implica asumir la carga de un hijo, señalan defensoras. 

“Ninguna niña se recupera después de haber tenido un bebé o forzada a ser madre. Es indignante ver a las niñas cuando lloran y se quejan de dolor sin ni siquiera entender qué es lo que pasa en sus cuerpos. Ellas se quieren quitar ´eso´ que se ven en la panza”, explica la investigadora Martha Munguía, del Centro de Mujer Acción Ya.

Cuando Irene cumplió ocho meses de gestación los médicos determinaron que no podría completar el ciclo normal de un embarazo. Ese día iba con su abuela y a ella le explicaron que el cuerpo de la niña biológicamente no estaba apto para engendrar y que debían adelantar el nacimiento por la vía quirúrgica.

Irene tiene pocos recuerdos del día del parto. Fue vía cesárea y tras recibir la anestesia no supo más. 

Como fue un parto prematuro y la niña nació baja de peso (1,800 gramos) fue ingresada a la sala de neonato. Ahí la vió al día siguiente por primera vez. “Le causó mucha alegría”, refiere la madre.

A los ocho días obtuvo el alta médica y con la criatura en brazos viajó hasta una comunidad rural donde vive su abuela. 

“¿Cómo Irene tuvo una pipita?” Comenzó a preguntar insistente su hermanito de 4 años al verla llegar con la tierna. 

Irene se ha resignado a no jugar como antes con su hermano. Sin embargo, no abandona su aspiración de prepararse. Apenas pueda está decidida a volver a la escuela y completar la primaria, comenta desde una silla plástica en la que se sentó para mecer a la bebé. 

En Nicaragua los últimos datos oficiales disponibles indican que el 84.7 de las madres adolescentes abandonan sus estudios y no logran culminar la secundaria; el 76.4% no trabaja y el el 63% no estudia ni trabaja, según la última Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA, 2012).

Las cuatro principales razones con las que la encuesta explica la alta tasa de inactividad escolar en adolescentes embarazadas son las siguientes: porque no le gustaba o ya no quiso, “se acompañó” o “se casó”, salió embarazada y problemas económicos. 

PAÑALES, TRABAJO Y LA CRIANZA

La cortina de pañales que se forma en el tendedero de la casa de María*, abuela de Irene, basta para tener una idea del peso que ahora lleva la menor. 

Más del 50% de los padres en los casos de embarazos adolescentes no se hacen responsables del bebé económica ni emocionalmente y la mayoría de ellos son cinco o seis años mayores que las madres, revela Funides.

La matriarca, de 76 años, acogió a su hija y nietos cuando tuvieron que abandonar el lugar donde habitaban con el sujeto que violó a la niña. Los acomodó en una pieza de la humilde vivienda que tiene piso de tierra y ha asumido junto a ellas la carga.

“Yo les ayudo a lavar los pañales y baño a la niña de mi nieta y ellas me ayudan a elaborar pan casero que vendemos para ayudarnos con los gastos”, dice María, a la vez, se dedica a la crianza de gallinas, cerdos, patos y cuatro vacas.

Irene, con 12 años, tiene la presión de velar por la vida de otra niña en pobreza.

EDUCACIÓN SEXUAL, MATERIA PROHIBIDA

En Nicaragua, el tema de la salud sexual y reproductiva se introdujo en el currículo del Ministerio de Educación en 2009. Sin embargo, el estudio “Embarazo adolescente: una revisión de la evidencia” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) revela que en esos años solo el 18% de las escuelas primarias y secundarias utilizaban la guía oficial sobre educación sexual y reproductiva. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación, con el apoyo técnico de UNFPA, finalizó en 2011 el documento “Educación de la Sexualidad: Guía Básica de Consulta para Docentes”, que tiene por objeto facilitar el desarrollo de capacidades en los docentes para impartir diversos temas de sexualidad en sus clases.

Al analizar el contenido de las charlas sobre educación sexual, es interesante notar que un alto porcentaje de adolescentes (por encima de 93% a nivel nacional) respondieron que en dichas charlas se comentó sobre temas relativos al desarrollo del cuerpo en la pubertad, aparato reproductor femenino y masculino, menstruación, relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, Sida, etc. 

Sin embargo, solo el 83% de las adolescentes declaró haber recibido información sobre métodos anticonceptivos en esas charlas. Esto indica que aún entre las adolescentes que reciben educación sexual en la escuela, un porcentaje significativo no tiene acceso a información sobre métodos para evitar el embarazo.

UN PROBLEMA QUE SALE CARO

Los embarazos en adolescentes en Nicaragua, estimados en 35,000 cada año, dejan al país unos US$12 millones en pérdidas anualmente según el estudio “Causas y consecuencias del embarazo adolescente en Nicaragua” de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides, Octubre 2016).

Las pérdidas económicas fueron calculadas con base en la situación económica reflejada en las encuestas nacionales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) y estas se dan porque las mujeres que fueron madres a temprana edad sufren una pérdida monetaria por estar excluidas del mercado laboral y por insertarse en condiciones menos favorables.

El porcentaje de mujeres de 20 a 64 años de edad que no trabajan y fueron madres por primera vez en la adolescencia es de 3 puntos porcentuales mayor en comparación con aquellas que fueron madres por primera vez después de la adolescencia. Esta mayor inactividad de las mujeres que fueron madres desde la adolescencia —destaca el estudio— hizo que el país dejara de percibir alrededor de US$46.1 millones en 2012 (0.4% del PIB).

Por otra parte, el estudio revela que 8 de cada 10 consultas prenatales y partos se dan en centros de salud públicos, mientras que 1 de cada 10 se realiza en clínicas previsionales afiliadas al INSS. 

Funides descubrió que de las embarazadas que asisten a centros públicos de salud, 9 de cada 10 no pagan por los controles prenatales, 4 de cada 10 no pagan por vitaminas, medicinas y exámenes o pruebas, mientras que 3 de cada 10 no pagan por los gastos relativos al parto. 

Por eso Funides calcula que el gasto total de atención médica a adolescentes embarazadas cada año asciende a unos US$5.1 millones. Del total anterior US$3.3 millones son cubiertos por el sector público, medio millón por la seguridad social y US$1.8 millones lo cubren las mujeres y sus familias. 

Cada niña o adolescente —o en su defecto, la familia— que cubre algún costo durante la atención del embarazo paga US$114 en establecimientos de salud públicos, US$236 en clínicas previsionales y US$718 en centros privados.

*Irene, Martha y María no son los nombres reales de las víctimas. Protegemos su identidad en cumplimiento con los derechos de las niñas. Este especial forma parte del proyecto Las Niñas Cuentan.