Nicaragua debe cambiar sus leyes para evitar embarazos forzados de niñas tras condena de la ONU

Amnistía Internacional recuerda las obligaciones del Estado tras la condena en la ONU por negar el derecho al aborto a dos niñas nicaragüenses que fueron violadas.

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Despacho 505
  • Managua, Nicaragua
  • enero 22, 2025
  • 07:57 AM

La condena emitida esta semana por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra el Estado de Nicaragua por la violación a los derechos humanos de dos niñas sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se les negó el acceso a la interrupción del embarazo, debe ser el punto de partida para modificar las leyes y garantizar que ninguna niña o mujer, especialmente en casos de violación, sea forzada a ser madre. 

Así lo demandó la organización Amnistía Internacional que celebró esta decisión sin precedentes “para prevenir que cualquier otra niña sea forzada a ser madre y para ofrecer reparaciones específicas a las sobrevivientes”. 

El grupo de 18 juristas publicó este lunes una decisión sobre los casos de Susana y Lucía (seudónimos para proteger la identidad de las menores) de 12 y 13 años, dos niñas nicaragüenses que fueron forzadas a ser madres. El grupo señaló que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos "es un acto que equivale a tortura". 

“Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento e instan a los Estados demandados a generar tanto medidas de reparación para las víctimas, como medidas de no repetición para prevenir que cualquier otra niña tenga que vivir lo mismo”, dice Amnistía Internacional. 

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Susana, abandonada por su madre cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos, comenzó desde los seis años a sufrir abusos por parte de su abuelo, miembro de un grupo armado local, y quedó embarazada a los 12, viéndose obligada a tener el niño. 

Por su parte, Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a abusar sexualmente de ella, fue amenazada cuando intentó denunciar las violaciones y también se vio forzada a llevar su embarazo a término, siendo además sometida a abusos psicológicos y físicos por parte del personal médico durante el parto. 

Las recomendaciones del Comité    

Con base en sus casos, y atendiendo a una problemática estructural de América Latina, el Comité de la ONU estableció medidas para ser aplicadas a nivel global.  

Se pide modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos, como los embarazos que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada. Esto para asegurar que se brinden servicios de salud integrales, incluido el aborto, y que se eliminen las barreras de acceso. 

Se recomienda emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos, además de ofrecer una reparación integral para las sobrevivientes. 

Se debe capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva cuando exista peligrosidad debido a antecedentes por agresiones similares. 

Finalmente, se deben aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas. 

Solidaridad con activistas nicaragüenses 

El movimiento Son Niñas No Madres, impulsor de la causa en el Comité de la ONU desde el año 2019, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que le exija a Nicaragua el cumplimiento de las condenas y refuerce los mecanismos de monitoreo, demandando al Estado la presentación de datos verificables y transparentes sobre la situación de las niñas, y la modificación de los marcos legales para garantizar los derechos y servicios de salud reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. 

“Las organizaciones que integran el movimiento Son Niñas No Madres reiteran su respaldo a las niñas, mujeres y organizaciones que no pueden alzar su voz por temor a las retaliaciones en Nicaragua”, expresaron. 

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