Susana y Lucía, las niñas sobrevivientes de violencia sexual que buscan reparación en Naciones Unidas

Susana tenía seis años cuando fue violada por su abuelo. Una mañana, con machete en mano, el hombre amenazó a la pequeña, le exigió que se desnudara y la violó. Se desmayó y cuando despertó escuchó una amenaza: si comentaba algo de lo ocurrido la decapitaría y la lanzaría a los perros para que se la comieran. El violador le infundió miedo. Ella calló durante siete años.

“Mi abuelo me tocó con seis años por primera vez… Me quería besar en la boca pero yo no me dejaba. Me decía que si yo no me dejaba, me volaba la cabeza y se la echaba a los perros”, relató la niña en 2019 cuando su caso llamó la atención de organizaciones internacionales defensora de las derechos humanos y se convirtió, junto con tres menores más, en un referente de la búsqueda de justicia de las niñas víctimas de la violencia sexual y la maternidad forzada en Latinoamérica. Buscaba reparación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

El drama de Susana lo descubrió su abuela cuando la notó con malestares: con engaños la llevó a un hospital y supo que estaba embarazada del abuelo, un exconvicto que cada mañana exigía que la niña lo acompañara al huerto con la excusa de que tenía que ayudarle a trabajar. Susana comparte con Lucía una historia de vida frustrada como consecuencia de la violencia sexual. Las menores nicaragüenses junto con Norma (Ecuador) y Fátima (Guatemala) buscan reparación ante el organismo global. 

ENTREVISTA | Subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe: “La maternidad es el destino fatal de las niñas de Nicaragua”
 

A Lucía la violó el sacerdote de la iglesia donde era parte del coro. Tenía 13 años. Comenzó con un acercamiento casual y con el tiempo el religioso empezó a hacerle propuestas sexuales. Un día, al final de la liturgia, el sacerdote, aprovechándose de su autoridad eclesiástica y de la vulnerabilidad de la menor, la violó dentro de la Casa Cural. La tortura se extendió por más de un año desde el 2013. Lucía denunció que el religioso la obligaba a beber anticonceptivos de emergencia que terminaron fallando. Comenzó a sufrir mareos y vómitos, su madre pensó que era un problema de gastritis y en el hospital descubrieron que estaba embarazada. Fue entonces cuando la niña confesó el abuso.

“No es mi plan ser una madre ahora”, fueron las palabras de Lucía, sin tener más opciones que esperar al nacimiento de su hijo y cargar con el estigma. La gente se expresaba de ella como “la querida del cura”, “la panzona” o “la que fue mujer del padre”. La menor no resistió más y se vio forzada a dejar la escuela. A Lucía y Susana el Estado les dio la espalda y las obligó a ser madres a temprana edad. 

La falla de Nicaragua en proteger a sus niñas

Ante la falta de justicia en los casos de Susana y Lucía en Nicaragua, y los similares de las pequeñas Norma y Fátima, las organizaciones Planned Parenthood Global, Amnistía Internacional, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) se unieron en 2016 para lanzar el movimiento “Niñas, no madres”, una iniciativa regional en favor de los derechos de las infantes latinoamericanas que busca asegurar que todas ellas puedan crecer sanas, fuertes y seguras, así como tomar decisiones libres e informadas sobre su salud y futuro.

“El movimiento ‘Son niñas, no madres’ busca justicia y reparación para las niñas que han sido víctimas de violencia sexual, pues ellas enfrentan no solo el trauma de la agresión, sino también la revictimización por parte de sistemas que no les brindan la protección necesaria”, explica a DESPACHO 505 Brenda Rodríguez de GIRE.

Esta iniciativa llevó los casos de las cuatro menores latinoamericanas al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019. De ese organismo se espera que haya una condena a Nicaragua, Guatemala y Ecuador por las violaciones de derechos humanos, que se ordene la reparación de manera individual a las víctimas y la adopción de medidas que permitan evitar que casos como los de ellas continúen ocurriendo.

“Para eso es fundamental que el Comité dictamine, por ejemplo, que los estados tienen la obligación de regular el servicio de aborto fuera del Código Penal y más bien mediante iniciativas de salud tal y como ha recomendado la misma Organización Mundial de la Salud (OMS)”, alega Milagro Valverde, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

Las organizaciones esperan que los estados garanticen que el servicio de salud esté disponible “sin obstáculos” para las niñas y adolescentes que así lo requieran, además el acceso a educación sexual integral como una herramienta de prevención a la violencia para que puedan identificar situaciones de abuso, buscar ayuda y denunciar. “La importancia de que casos como el de Susana y otras niñas, que fueron obligadas a ser madres se hayan presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, es que contribuyen a evidenciar la violencia sexual y falta de garantía de los derechos humanos que se vive en la región”, manifestó María Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización regional que busca contribuir a la transformación de la región para que las mujeres decidan en libertad y goce.

Cuando Susana resultó embarazada, su abuela la sacó de la casa familiar y asumió la denuncia para buscar justicia y reparación. Nunca fue escuchada y terminó junto a su nieta en un albergue para mujeres maltratadas donde la pequeña dio a luz, forzada por un Estado que castiga con cárcel el aborto, aun a las víctimas de violencia sexual como ella.

Aún sabiendo de los riesgos mortales en las menores que quedan embarazadas y que muchas de ellas no quieren ser madres siendo niñas, como lo expuso Lucía en su momento, desde 2006 en Nicaragua fue ilegalizado el aborto terapéutico. Antes de ese año era permitido en caso de riesgo de la vida de la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida.

EDITORIAL: Son niñas, no madres

Dos días después del parto, Susana y su abuela tuvieron que acudir a cinco municipios para denunciar al agresor. No sirvió de nada, el hombre no fue arrestado, juzgado ni condenado. Lucía tampoco tuvo justicia. La orden de arresto contra el sacerdote fue emitida 10 meses después de la denuncia, pero no fue cumplida. La Arquidiócesis de Managua a la que pertenecía el religioso también  ignoró el caso y como medida lo envió a una casa de retiro donde goza de libertad.

Niñas, no madres

Además de sufrir abusos y no encontrar justicia, Susana y Lucía fueron forzadas a ser madres pese a los riesgos vitales que enfrentan las niñas desde el momento del embarazo hasta el postparto. “La mortalidad materna es una de las principales causas de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años en la región de las Américas, y esta situación se agrava en menores de 16 años, quienes tienen 4 veces más probabilidades de morir por complicaciones en el embarazo, parto o postparto”, explica Rodríguez de GIRE. 

Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), en Nicaragua se registraron 27,098 partos en menores de edad en 2022, el último año del que se tienen datos. De estos partos, 1,610 eran de niñas de 10 a 14 años y el 66 % de ellos provienen de zonas rurales. En esas zonas, las menores ni siquiera tienen información sobre su educación salud sexual y reproductiva. 

“El factor común que tienen estos casos (Susana y Lucía), es que como en Nicaragua el aborto se encuentra completamente penalizado, es decir, no existe ninguna excepción, ambas fueron forzadas a llevar una maternidad forzada y esto obviamente tuvo muchísimas implicaciones en su vida en su salud y en sus proyectos de vida también”, explica Milagro Valverde, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.

La penalización del aborto es “cruel”, lamenta por su parte Díaz de León Ballesteros, de la organización no gubernamental internacional Ipas. “Los embarazos en niñas son resultado de la violencia estructural que además, les impide acceder a un aborto. Centroamérica es la subregión del mundo con mayor número de países que lo penalizan en todas sus circunstancias. Esta postura es radical y cruel con las condiciones de vida de las niñas”, afirma la experta. 

Al igual que Díaz de León, Milagro Valverde remarca que tanto en Nicaragua como en el resto de la región latinoamericana la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es “una problemática estructural” que tiene serias implicaciones en la salud física, mental y a nivel de los proyectos de vida de las menores. Susana, Lucía y las otras dos menores de Guatemala y Ecuador son el ejemplo de esa cruel realidad. Ahora tienen puestas sus esperanzas de justicia y reparación en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tras las negligencias cometidas en sus países de origen.