Ecuador firma la solicitud de extradición del expresidente Correa

La solicitud de extradición del expresidente Correa se conoce el mismo día que Bélgica le otorgó asilo político con estatus de refugiado. El expresidente siempre ha negado las acusaciones y asegura ser objeto de una persecución política.

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  • abril 22, 2022
  • 03:44 AM
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El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, anunció este viernes que firmó una providencia con la que solicita formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia en Bélgica y condenado a ocho años de prisión por cohecho.

El juez, que dijo haber firmado el documento en la víspera, lo reveló en una entrevista con el canal de televisión local Teleamazonas, el mismo día que se conoció que Bélgica ha otorgado el asilo político con estatus de refugiado a Correa, quien siempre ha negado las acusaciones y asegura ser objeto de una persecución política.

CORREA RECIBE ASILO POLÍTICO

En una resolución a la que tuvo acceso Efe y fechada el pasado 15 de abril, el comisariado general de refugiados y apátridas (CGRS) de Bélgica confirma que otorga a Correa el estatus de refugiado en este país, donde ya residía desde 2017 porque de él procede su esposa, Ann Malherbede.

El abogado del exmandatario, Christophe Marchand explicó que la solicitud de asilo se había puesto en marcha tras iniciarse en 2018 en Ecuador un proceso legal que le relacionaba con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado "caso Balda".

Bélgica les requirió demostrar que existía una persecución política en Ecuador contra Correa, para lo que aportaron "documentación sobre los casos criminales en su contra con motivaciones políticas" y "destinados a impedir su carera política", dijo el abogado belga.

Correa fue condenado por cohecho en el caso "Sobornos 2012-2016", una trama de corrupción en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a diversas empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.

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