Trump dejaría que agentes migratorios entren a bodas y funerales

El próximo 20 de enero al mediodía, el republicano será investido en la escalinata del Capitolio como sucesor de Joe Biden y luego se dirigirá a la mansión presidencial para firmar una serie de órdenes ejecutivas de gran calado pero que podrían enfrentar desafíos legales.

Donald Trump, dejaría que agentes migratorios entren hasta en bodas y funerales; detendrían migrantes incluso en hospitales, según han reportado varios medios estadounidenses. 

El republicano planea eliminar las restricciones que limitan a los agentes migratorios para realizar arrestos en lugares sensibles permitiendo deportaciones masivas con mayor alcance.

“No importa qué tanto me cueste llegar, lo tengo que hacer”; de rodillas y con cirugías, adulto mayor arriba a Basílica de Guadalupearresten a indocumentados en los llamados lugares sensibles, incluidos lugares de culto, escuelas y hospitales o eventos como funerales, bodas y manifestaciones públicas sin la aprobación de los superiores.

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Los medios también destacan que “aunque el cambio tendría implicaciones más amplias, podría significar el fin de la historia de personas que han buscado protección contra la deportación, a veces durante años, al vivir en lugares sensibles como iglesias”. 

Suprimir la ciudadanía por nacimiento

Gran parte de la atención está centrada en los planes sobre inmigración del republicano, quien quiere sacudir el sistema migratorio del país y llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos.

Trump asegura que, al poner un pie en el Despacho Oval, pondrá fin a la ciudadanía por nacimiento - un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución- para evitar que los hijos de los indocumentados adquieran la nacionalidad.

En una entrevista con NBC News emitida el domingo, Trump confirmó que quiere eliminar esa enmienda en su primer día porque, dijo, Estados Unidos es "el único país que la tiene".

Sin embargo, eso requeriría una modificación de la Constitución aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los 50 estados del país.

Su plan de deportaciones masivas también genera dudas por la dificultad logística de llevar a cabo redadas en busca de los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en el país, muchos desde hace décadas, además de que conllevaría varios desafíos legales y un fuerte costo para la economía estadounidense.