La CIDH pide al Estado salvadoreño "reparación integral" para víctimas del régimen de excepción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el miércoles a El Salvador a brindar una "reparación integral" a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.

En su informe de país "Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador", la CIDH recomendó las medidas de reparación y "garantías de no repetición".

La CIDH recomienda "elaborar e implementar un plan de reparación integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el marco de las detenciones del régimen de excepción, considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación", indicó el organismo.

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Apuntó que esta recomendación se da ante "las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad".

Indicó que es necesario además "identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales".

La CIDH también urgió a investigar la muerte de civiles a manos de fuerzas de seguridad o bajo custodia estatal, además de las que "pueden constituir actos de tortura, con el fin de establecer los hechos y determinar las responsabilidades penales o de otra naturaleza que correspondan".

El ente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también recomendó "poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción", entre las que se encuentran la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.

El Congreso de El Salvador aprobó la suspensión de garantías constitucionales a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.

La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han libertado más de 7.000.

Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

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Investigaciones del medio local El Faro señalan que el alza de asesinatos que dio pie al régimen de excepción se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.