Investigación evidencia impactos psicológicos en familias de detenidos en El Salvador

Una investigación del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) dado a conocer este martes reveló el impacto psicológico en las familias que han denunciado casos de detenciones arbitrarias en El Salvador en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022.

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"No solamente la afectación se da a quienes están detenidos, sino también a este grupo familiar" y "muy poco se está hablando de esto, sobre todo las afectaciones a nivel emocional y de salud mental", dijo durante la presentación la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Gabriela Santos.

El coordinador del OUDH, Jorge Rodríguez, indicó que "se han registrado 27 diferentes tipos de impactos negativos generados en los grupos familiares" a nivel psicológico.

El 51 % de los casos atendidos por el Idhuca presentaron mayor prevalencia de angustia, preocupación, tristeza, frustración y estrés. Sin embargo, también se registraron casos con "amenaza suicida" y "planeación suicida".

Indicó que a esto se suman impactos físicos como la pérdida del apetito, disminución del sueño y fatiga.

Rodríguez explicó que con la investigación lograron determinar que las familias de personas detenidas sufren al menos cinco vulneraciones a sus derechos humanos en este proceso.

Se trata de la violación del "derecho a conocer la verdad de toda la cadena de vulneraciones y del calvario" que pasan sus familiares por la falta de información oficial sobre el estado de los detenidos.

Además, indicó Rodríguez, se ha dado la violación del "derecho a mantener el contacto y la comunicación" con los detenidos sin que exista una disposición legal que prohíba esta comunicación.

Otro derecho afectado es la inviolabilidad del domicilio y la garantía del derecho a la intimidad personal, además del derecho a la integridad por la violencia que han sufrido al momento de las detenciones.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, y se ha ampliado en 26 ocasiones por periodos de 30 días, a petición del Gobierno.

De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 80.000 las detenciones, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.

El Gobierno atribuye a este régimen, que suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, gran parte de la disminución de la violencia.

Las organizaciones humanitarias han recibido más 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos en este contexto, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.

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Esta medida, que logró acentuar la disminución de los homicidios comenzada en 2016 por anteriores administraciones, goza de amplia popularidad y fue la principal bandera de Nayib Bukele para conseguir su segundo periodo presidencial consecutivo, a pesar de que lo prohíbe la Constitución.