Abogados de Glas irán a la CIDH y a Corte IDH tras no ser liberado por Justicia de Ecuador

La defensa legal de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, anunció este lunes que recurrirá al sistema interamericano de justicia para lograr su liberación después de que la Justicia de Ecuador rechazara en dos instancias el pedido de excarcelación, e incluso después de avalar su detención durante la invasión policial a la Embajada de México en Quito, cuyo Gobierno le había otorgado asilo.

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"Tras agotar la vía ordinaria nacional, presentaremos un pedido contencioso en el Sistema Interamericano para abordar el secuestro de Jorge Glas", anticipó en un comunicado el estudio de abogados belga Juscogens, coordinado por los letrados Christophe Marchand y Sonia Vera.

Los defensores recordaron que también existen otras acciones en marcha para que Glas recupere su libertad, entre ellas una ampliación de medidas cautelares y provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Los abogados también intensificaron sus peticiones ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU para que se declare oficialmente arbitraria la detención de Glas, exvicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, existe una solicitud de un salvoconducto bajo la Convención de Caracas para garantizar su salida segura de Ecuador con asilo diplomático en México.

A su vez, invocan que, bajo los parámetros de la "jurisdicción universal", hay una denuncia presentada en México por secuestro agravado y tortura, así como otra en Alemania, dado que el exvicepresidente ecuatoriano también cuenta con nacionalidad alemana.

El equipo legal criticó el fallo emitido el pasado viernes por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que no sólo validó la permanencia en prisión de Glas, conforme a la resolución de primera instancia, sino que revocó la consideración de que su detención había sido ilegal y arbitraria.

La sala de la Corte Nacional que vio la apelación al primer fallo contradijo los términos de la detención, al considerarla que fue legal y no arbitraria, con el argumento de que se dio bajo un estado de excepción, donde estaba suspendido el derecho fundamental de la inviolabilidad al domicilio.

"El tribunal erró al aplicar un estado de excepción como justificación ignorando precedentes internacionales que protegen explícitamente la soberanía de las misiones diplomáticas, incluso en situaciones de emergencia", señalaron los letrados.

Asimismo, afirmaron que "la sentencia omite de manera crítica el estatus de Jorge Glas como asilado diplomático, un hecho reconocido y comunicado oficialmente por México".

"Representa una grave violación de las normas internacionales y de los derechos humanos que protegen a las personas con estatus de asilo, subrayando la falta de imparcialidad y la injusticia del proceso judicial, evidenciando así una desviación preocupante de los principios de justicia y equidad", agregaron.

También reprocharon que el tribunal no aceptara los 'amicus curiae' que buscaban adherirse a la posición de la defensa de Glas, entre ellos el Grupo de Puebla y el Observatorio de 'Lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), así como que no se celebrara una audiencia para dirimir la apelación al fallo de primera instancia.

Glas, que rechaza los cargos en su contra y se declara un perseguido político, había ingresado a la sede diplomática de México el 17 de diciembre de 2023 para solicitar asilo, cuando la Fiscalía se disponía a procesarlo por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016.

Tras su captura, Glas fue recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador que forma parte del complejo penitenciario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones que desde el 1 de junio tiene suspendido el servicio de alimentación por parte de la empresa proveedora.

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa (2007-2017), y entre 2013 y 2017 ocupó el cargo de vicepresidente, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.

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México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.