La CIDH expresa preocupación por las "injerencias" en las elecciones en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes preocupación por las "injerencias" en el proceso electoral en Guatemala y pidió al gobierno respetar la separación de poderes.

En un comunicado, la CIDH urgió al estado guatemalteco a evitar "injerencias indebidas" en el proceso electoral y señaló que existe una "falta de independencia" tanto en el Ministerio Público como en la fiscalía general del país.

Las declaraciones de la comisión se dan en respuesta al allanamiento hoy de la sede del Movimiento Semilla, del que forma parte el candidato a la presidencia Bernado Arévalo de León.

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La Fiscalía ha intentado suspender a Semilla, de cara a la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 21 de agosto, donde Arévalo se enfrentará a la exprimera dama Sandra Torres.

En el texto, la CIDH informó que el gobierno de Alejandro Giammattei "rechazó categóricamente" el comunicado emitido hoy, argumentado que la investigación penal del Ministerio Público a Semilla responde "a su deber de determinar la posible comisión de un delito y sus responsables, conforme a sus funciones legales y mandato constitucional".

Para la CIDH, el intento de suspensión del partido va "en contravención con la propia legislación" de Gutemala, en particular la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que ha estado frenando los intentos de la Fiscalía, reiteró este viernes que la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto debe llevarse a cabo con los candidatos Torres y Arévalo de León.

Arévalo de León consiguió avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama, mientras las encuestas lo colocaban en un séptimo u octavo lugar.

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La agrupación Semilla nació de las manifestaciones contra la corrupción registradas en el país centroamericano durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.