Retrasan ley de agentes extranjeros en El Salvador, la ONU celebra

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Voule, destacó este viernes en El Salvador el atraso en la aprobación de una ley de agentes extranjeros, que aplicaría un impuesto del 40 % a la financiación de organizaciones sociales.

Voule, quien realizó una visita académica a El Salvador y una gira por Centroamérica, señaló que recientemente recibió la respuesta del Estado salvadoreño ante su preocupación y que hará pública su valoración.

"He expresado algunas de las preocupaciones sobre la propuesta (de ley de agentes extranjeros) que se presentó y me alegra ver que el Gobierno está actuando en retraso en este proceso, también significa que tomarán en consideración lo que hemos dicho", dijo Voule.

Aseguró que "no estamos diciéndolo porque queremos desafiarlo (al Gobierno), estamos diciéndolo porque pensamos que si tal ley se adopta, va en detrimento de la operación de la sociedad civil en este país".

"Es del interés del Estado y la sociedad tener un socio en la sociedad civil acompañando al Estado para garantizar que muchos retos que enfrenta el país, incluyendo pobreza e iniquidad, puedan abordarse, creo que es importante seguirlo reiterando", añadió.

LEY DE AGENTES EXTRANJEROS NO HA SIDO VOTADA

Una comisión de la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- dio luz verde en noviembre pasado a la propuesta del Ejecutivo del presidente Nayib Bukele para la aprobación de dicha ley, pero la misma no ha sido votada.

Voule y la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se mostraron preocupados en redes sociales por el proyecto de ley de agentes extranjeros.

"Estoy recibiendo información sobre un nuevo proyecto de ley de agentes extranjeros en El Salvador que busca imponer severas restricciones a las asociaciones", publicó en Twitter Voule.

Por su parte, Lawlor dijo que lamentó que la ley incluiría "un impuesto del 40 % sobre la financiación extranjera, el cierre de organizaciones por infracciones y entre 2 y 5 años de prisión" para quienes "atentan contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía nacional".

EL OFICIALISMO TODAVÍA NO LA DESCARTA

Medio centenar de organizaciones sociales también mostraron su preocupación por los efectos que tendría en la población vulnerable esa ley y al rechazo se sumó Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

A inicios de agosto, el presidente del Congreso y exsecretario de Bukele, Ernesto Castro, afirmó que la discusión de la polémica propuesta sigue y que el oficialismo no está dispuesto a archivarla.

"No, no estamos dispuestos a archivarla, eso todavía está en discusión, eso está todavía abierto. No es algo que lo hemos definido", dijo Castro a periodistas.

El legislador indicó que el impuesto del 40 % "se iba a eliminar desde un principio" y que ha tenido reuniones con "la mayoría de organismos internacionales y embajadores, en donde se les explicó".

El presidente Bukele critica constantemente, principalmente desde su cuenta de Twitter, a las organizaciones sociales y las ha calificado de ser oposición, además de vincularlas con las pandillas.