Ley de protección animal, un fracaso de Estado que las especies pagan con el dolor del abandono y tratos crueles

A 11 años de aprobarse la ley para erradicar el maltrato animal, las instituciones públicas siguen sin elaborar el reglamento que haga cumplir la legislación.

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explicador | Gato Encerrado

  • abril 28, 2022
  • 11:49 PM

El 11 de mayo de 2011, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 747, Ley de protección y bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, lo que puso a Nicaragua en una lista de países en América Latina que adquirían compromisos por cuidar a los animales y mascotas.

Once años después, Nicaragua sigue siendo un país que exhibe el maltrato y la violencia hacia los animales. Pese a la Ley, no se produjo un cambio: a diario es común en Nicaragua ver a caballos caer moribundos al pavimento a causa de la explotación que sufren en el servicio de acarreo comercial, donde los obligan a halar excesivas cantidades de peso.

Otras especies como las aves y reptiles son víctimas de tráfico o del comercio informal que las oferta en las vías terrestres y semáforos sin que las instituciones actúen. ¿Pero por qué sigue ocurriendo esto si Nicaragua cuenta con una ley que protege a los animales? Hablamos con defensores de los derechos de los animales que coinciden en que la ley es letra muerta. 

Enrique D'Artagnan Rimbaud, médico veterinario y fundador de la fundación AMARTE, explica a GATO ENCERRADO que para crear la Ley 747 se recorrieron ocho largos años. En su caso, fue citado varias veces en la Asamblea Nacional para reafirmar la petición de ley.

¿Cómo se llegó a la aprobación de la Ley? 

En 2003 nosotros presentamos el primer borrador y luego años de marcha, de conciertos, de festivales, de actividades reclamando la Ley de protección animal, en el año 2008 la Asamblea Nacional me pregunta si puedo organizar un foro sobre la futura ley y una consulta pública, recuerda Rimbaud.   

El foro se realizó en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) y fue el punto de partida para la formulación de tres proyectos, incluido el de la actual Ley para protección animal. La propuesta de la norma que reconoce en los animales sujetos de derechos y establece a la sociedad obligaciones así como sanciones por violentarlos permaneció un año engavetada.

El impulso definitivo lo dieron los defensores en 2010 al emprender una colecta nacional de firmas que respaldaran la iniciativa. Las organizaciones involucradas marcharon en las calles hasta conseguir unas 15,000 firmas para que la Asamblea Nacional diera luz verde a la discusión del proyecto de Ley. El 11 de mayo de 2011 el Parlamento dio el voto favorable, y Nicaragua entró al para entonces selecto grupo de países latinoamericanos que contaban con un marco legal que ampara a los animales.

¿La Ley quedó en el limbo? De acuerdo con Rimbaud, para que la Ley funcione debe someterse a votación nuevamente en la Asamblea Nacional, discutir un nuevo proceso de reglamentación y, posteriormente, aprobar ese proceso estipulando a un ente estatal que esté a cargo de la esta. “Mientras la ley no esté reglamentada no funciona”, lamenta.

¿Qué instituciones son las responsables del fracaso?

Los entes encargados de hacer cumplir la Ley 747 según lo estipulado en su capítulo III, artículo 11, eran el Ministerio Agropecuario y Forestal (Magfor, ahora reestructurado) y los gobiernos municipales con la colaboración de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, también prevé una participación del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena).

Le correspondía al Magfor presentar la reglamentación que no cumplió, "luego le tocaba a la Asamblea que tampoco lo presentó, varias organizaciones entre ellas nosotros, presentamos una propuesta de reglamentación”, repasa Rimbaud.

En el año 2012 al desintegrarse el Magfor la Ley queda sin reglamentación y por tanto sin ningún alcance.

Actualmente, la Policía Orteguista y el Marena son los únicos entes que pueden decomisar animales, sin embargo, desde el retiro de Juana Argeñal extitular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), ya no se realizan decomisos en los semáforos ni carreteras, recuerdan defensores de los derechos de los animales que hablan con GATO ENCERRADO con la condición de anonimato.

¿Cuál es la situación de los animales en Nicaragua? 

Los caballos de acarreo son víctimas de explotación y malos tratos, muchos mueren o de desploman sobre la vía pública rendidos por las pesadas cargas que son obligados a halar. Foto: ARCHIVO/EL NUEVO DIARIO

La protección animal en Nicaragua es una anarquía porque está siendo llevada en la mayor parte por los ciudadanos y por algunas organizaciones bien intencionadas, declara el médico veterinario y fundador de Amarte.

Conclusión: los animales en Nicaragua se encuentran totalmente desamparados y no hay Ley que regule su bienestar, pese a que en su momento se pensó que el país sería pionero en la protección.

Un académico manifiesta que la situación de los animales utilizados para acarreo sigue siendo la misma que antes de la aprobación de la Ley 747. A pesar de que no se lleve un registro anual, sobre el maltrato animal en Nicaragua,  es visible en las calles de Managua que no existe un cambio.

Entonces… ¿Quién protege a los animales?

Es decir, en Nicaragua actualmente no existe una Ley activa que establezca y procure el bienestar de los animales. Si bien existe un código de defensa y protección animal, si no prevalece la sensibilización por parte de los entes estatales, todo animal queda desamparado.

Una bióloga y experta en protección animal reconoce que existe un segmento de la población que aboga y protege los animales, incluso cree que hacen más por ellos que el Gobierno. No obstante, observa que esa sensibilidad social se vuelva hacia los animales de compañía, principalmente.

Encuentra como debilidad el hecho de que el país no cuente con una instancia a la cual acudir para abogar por los animales. “No hay ninguna reglamentación en Managua para los animales de tiro, en la carga que debe tener un caballo, en las horas de trabajo y Nicaragua no cuenta con un fondo o recursos económicos destinados del Presupuesto General de la República necesarios para estos casos”, lamenta.

Las fundaciones de rescate para animales son los encargados de salvar las vidas de la mayoría de perros y gatos que han sufrido algún tipo de maltrato, no obstante, Enrique Rimbaud menciona que muchas veces estas fundaciones no auxilian a los animales, sino que solicitan dinero en nombre de ellos y las personas acceden.

¿Qué rol juega el Estado en la protección animal?

La respuesta de los defensores es ninguno. El Estado como encargado de hacer regir la Ley 747, está obligado a proporcionar los mecanismos legales necesarios a las instituciones responsables y población en general para asegurar el bienestar de los animales, así como erradicar y prevenir el maltrato, abuso, sobreexplotación y actos de crueldad.

Esto incluye a los animales utilizados en exhibiciones, animales abandonados, animales de tiros, de compañía, y aquellos que son usados para experimentos.

La única mención jurídica sobre el maltrato animal y que debería ser de cumplimiento es el Código Penal que, en su artículo 391, estipula penas que van desde 100 a 300 días multas. 

Sin embargo, sin interés por parte del Estado estas sanciones “no son nada”. Rimbaud ha hablado en varias ocasiones con legisladores pero la respuesta que encuentra es que  “hay temas más importantes.” 

¿Cuál es la situación de la protección en América Latina ?

América Latina se ha comprometido a mejorar la protección de los animales. Cada vez más países — como Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Puerto Rico, Colombia, Chile, Brasil — reconocen a los animales como seres sintientes, de modo que han impulsado normas que protegen la vida y salud de los animales e imponiendo sanciones a todo aquel ser humano que lastime a un animal.

Por ejemplo, en Guatemala hay un policía en cada estación de seguridad que junto a otro funcionario de la Procuraduría  dan seguimiento a las denuncias de maltrato.

En Brasil, se castiga la introducción o abandono de animales en propiedad ajena, con una pena de privación de libertad de hasta seis meses o multa. En Costa Rica las sanciones van desde un año de prisión por peleas entre animales y aumenta a dos años a todo aquel que le cause la muerte a un animal de manera directa.

Perú sanciona con pena privativa de libertad de hasta tres años y hasta 180 días multa a quien cometa actos de crueldad o abandono contra un animal doméstico o silvestre, y así la lista crece.

Nicaragua fue considerada pionera cuando los legisladores aprobaron una ley que velará por el bienestar de los animales, pero hasta el día de hoy no hay voluntad por parte del Estado por cumplirla. Quedó en papel. 

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