El mecanismo de la ONU para Nicaragua: ¿cómo puede ayudar a que los crímenes cometidos por la dictadura no queden impunes?

La ONU aprobó la creación de un mecanismo de rendición de cuentas independiente por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Es un paso trascendental para los anhelos de justicia de un país que desde 2018 reclama al régimen de Daniel Ortega respuesta por la muertes de más de 325 personas en el contexto de la Rebelión Cívica y las feroz represión a la que es sometida la disidencia. 

Las organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión respaldada por 20 países que integran el Consejo de Derechos Humanos. Pero, ¿qué significa esta medida para Nicaragua? ¿Cómo se logró su aprobación? ¿Cómo podría contribuir a los anhelos de justicia? Estas son las claves más importante de un un proceso logrado por organizaciones nacionales e internacionales que lograron convencer a los países miembros de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

¿Cómo se logró la aprobación del mecanismo?

El mecanismo para Nicaragua fue impulsado el pasado 4 de noviembre de 2021, bajo la petición del Colectivo 46/2, una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales que  han dado seguimiento al cumplimiento de las 14 recomendaciones dirigidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expuestas en la resolución 46/2 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Llevan el nombre de la resolución 46/2 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021, referida a la sesión número 46 de la segunda agenda en la que se pide al régimen de Nicaragua que adopte una serie de medidas urgentes para resolver la crisis de violaciones de los derechos humanos que vive el país desde abril de 2018.

El observatorio ciudadano Urnas Abiertas explica que hace un año comenzaron a realizar reuniones para conocer la experiencia de estos mecanismos en otros países y a discutir la pertinencia de la instalación del mismo en el país. “Desde el Colectivo 46/2 hemos realizado tres informes de seguimiento respecto al cumplimiento de la resolución pasada adoptada en el seno del Consejo de Derechos Humanos, evidenciando que el Gobierno en lugar de mostrar voluntad para cumplirla realizó acciones contrarias a lo que los países del Consejo solicitaron”, dijo Urnas Abiertas a Gato Encerrado. 

La resolución aprobada durante la sesión 49 del Consejo el pasado 31 de marzo contó con 20 votos a favor y orientó la creación de un grupo de expertos de investigación sobre los abusos a los derechos humanos. Ese fue el punto de partida para que se lograra este año, pero no fue posible sin el cabildeo internacional de organismos defensores de los derechos humanos y víctimas de la represión de la dictadura de Daniel Ortega. 

“Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su gobierno”, expresó Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

¿Qué es el marco de evaluación?

El colectivo de 21 organizaciones ha monitoreado la implementación de la resolución 46/2 por parte del régimen Ortega- Murillo, concluyendo una falta de participación en materia de derechos humanos.

En respuesta a esta falta de acción, el colectivo ha publicado tres marcos de evaluación sobre el monitoreo evidencian la carencia de compromiso del régimen y más bien exponen acciones contrarias a las 14 recomendaciones propuestas en la resolución 46/2. “Por el contrario, Nicaragua ha realizado acciones opuestas que han causado un empeoramiento de la crisis de derechos humanos en la que Nicaragua está inmersa desde abril 2018”.

Los informes se basan en una amplia documentación del monitoreo realizado por el sistema de la ONU y del sistema interamericano, para examinar el cumplimiento de Nicaragua de las 14 recomendaciones formuladas en la resolución de la ONU de marzo de 2021, incluidas las relativas a las detenciones arbitrarias, la reducción del espacio de la sociedad civil, la violencia sexual y de género, y los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés).

“Todos los organismos de derechos humanos interamericanos y de la ONU son inequívocos: las autoridades no sólo han suprimido las libertades fundamentales y desmantelado el Estado de Derecho. También han seguido desmantelando los derechos socioeconómicos, intensificando el riesgo de personas defensoras de derechos humanos, especialmente mujeres, provocando desplazamientos masivos y alentando más violencia y la discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes” señaló Claudia Paz y Paz, directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL.

¿De qué trata el mecanismo para Nicaragua?

El mecanismo consiste en el nombramiento de un grupo de expertos internacionales e independientes para un periodo de un año, que investiguen las violaciones de los derechos humanos que se produjeron desde abril de 2018 por parte del régimen de Ortega. Contribuirá al respeto de los derechos de los nicaragüenses mediante la investigación de los actores de estos delitos, con el objetivo de que los perpetradores de abusos rindan cuentas en un futuro cercano.

“Una vez finalizadas las investigaciones se espera  contar con pruebas que estén listas para presentarse ante distintos mecanismos de la Justicia Internacional, especialmente perfilar casos que sean constituyentes de crímenes de lesa humanidad”, menciona Urnas Abiertas.

El proyecto de resolución constituye un paso fundamental para alcanzar la justicia, verdad y reparación por los crímenes y abusos que han acontecido en el país desde 2018. El defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión añadió que si el régimen rechaza la entrada a estos expertos las investigaciones se podrán efectuar fuera del país. 

El mecanismo será similar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) instalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el cargo de apoyar las investigaciones de los actos violentos perpetrados por la Policía Orteguista en el marco de las protestas.

Antes de su expulsión en diciembre de 2018 logró comprobar los hechos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, dejando fuera los períodos siguientes a la represión. No contaba con los mandatos solicitados por el mecanismo de investigación y rendición de cuentas denominado "Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua".

El mecanismo de investigación y rendición de cuentas se deriva por la preocupación de dar seguimiento a la constante represión por parte del régimen Ortega-Murillo, a través de la observación constatada en las tres valoraciones del marco de evaluación entre 2021 y 2022 donde se expone la situación en materia de derechos humanos.

“Es importante resaltar que el mecanismo de investigación es el primer mecanismo aprobado que incluye una perspectiva de género, por lo que también esperamos que la documentación sea sensible a los impactos diferenciados que ha existido de la violencia política sobre los cuerpos de las mujeres y otras identidades”, explica Urnas Abiertas.

¿Por qué es importante el mecanismo?

Ningún otro mecanismo tiene el mandato de investigación. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, monitorea la situación de derechos humanos y le recuerda al Estado nicaragüense sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero no tiene el poder de investigación. Por eso se aprobó una comisión independiente que pueda investigar y resguardar evidencias con el fin a medio y largo plazo de iniciar procesos de justicia internacional o a nivel nacional.

“El establecimiento de un grupo de expertos para Nicaragua es una de los más completos de los que hay ahora mismo vigentes con el mandato de: llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018; establecer los hechos y las circunstancias además de recoger, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas y, cuando sea posible, identificar a los responsables. A este mandato se suma el monitoreo que continuará haciendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, reitera  Tania Agosti, de la organización internacional Race & Equality.

Agosti aclara a GATO ENCERRADO que este grupo de expertos no va a significar un cambio político inmediato ni el cese de represión, sí garantiza  un paso decisivo para sentar las bases de un futuro proceso de justicia en el país y evitar que las graves violaciones de derechos humanos ampliamente documentadas en Nicaragua por la sociedad civil, Naciones Unidas y la CIDH, a través del Meseni y el GIEI, queden impunes en el largo plazo.

El establecimiento de este mecanismo ha dado esperanza a los familiares de las víctimas mortales de la represión en su búsqueda de justicia. De hecho, la Asociación Madres de Abril (AMA) forma parte del Colectivo 46/2 y recientemente Francis Valdivia dijo a DESPACHO 505 que incidieron en que la propuesta del mecanismo llegara al Consejo de Derechos Humanos y posteriormente en la aprobación. “En Nicaragua no se puede permitir nunca más la impunidad”, dijo.