¿Por qué las votaciones en Nicaragua son consideradas una “farsa electoral”?

Sin instrumentos legales apegados a estándares internacionales, con los candidatos opositores presos y sin testigos internacionales que puedan certificar un fraude en las votaciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen asegurado un cuarto mandato consecutivo hasta el 9 de enero de 2027. 

El régimen eliminó la competencia política encarcelando a sus principales opositores bajo acusaciones penales fundadas en leyes espurias aprobadas desde el año pasado en la Asamblea Nacional. La "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz", que señala de traidores a la patria a quienes aplauden o soliciten sanciones contra Nicaragua y sus ciudadanos. La Ley de Agentes Extranjeros y la Reforma al Código Procesal Penal, que otorga la facultad al Poder Judicial de decretar hasta 90 días de detención judicial contra ciudadanos sin una acusación formal.

¿Cómo llega a Nicaragua a estas votaciones que se veían como una "solución democrática" a la crisis que se vive en el país desde 2018 y por qué se considera que se ha perdido esa oportunidad? Te lo explicamos:

REFORMA ELECTORAL  

Las reformas aprobadas el 4 de mayo en la Asamblea Nacional no siguieron las recomendaciones técnicas de la Organización de Estados Americanos (OEA), con quien tenía firmado un memorándum de entendimiento desde 2017. Tampoco se tomaron en cuenta las propuestas de la oposición y la sociedad civil organizada.  

La reforma electoral mantiene el control de toda la estructura electoral en manos del Frente Sandinista, le da a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de la oposición, prohíbe el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhibe de facto a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018, que el régimen ha catalogado como un intento de golpe de Estado. 

MAGISTRADOS LEALES A LA DICTADURA 

Ese mismo día, fueron electos los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), todos de las ternas presentadas por el Frente Sandinista, leales a Ortega, o de partidos colaboracionistas.  

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ARRESTO DE CANDIDATOS 

El 2 de junio, tras la apertura de una investigación por supuesto lavado de dinero, fue arrestada la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, fue la primera de siete precandidatos que hoy están tras las rejas.  

Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre fueron acusados de supuesta “traición a la patria”.  

A la fecha hay más de 150 presos políticos, incluidos 39 líderes opositores, periodistas, universitarios, líderes campesinos, defensores de derechos humanos, políticos, exdiplomáticos y empresarios del sector privado.

PARTIDOS POLÍTICOS CANCELADOS  

Con los nuevos magistrados en sus cargos, el Consejo Supremo Electoral canceló de la noche a la mañana la personería jurídica de los partidos políticos Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad, que se perfilaban como las opciones de la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana para competir contra el Frente Sandinista.  

El Partido Conservador también fue cancelado por afirmar que no participaría en el proceso ante la falta de garantías.  

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NO HAY OBSERVACIÓN CREÍBLE  

El Consejo Supremo Electoral ha cerrado la puerta a una observación electoral internacional para las votaciones de Nicaragua. La OEA, la Unión Europea o el Centro Carter, reconocidos por el gran despliegue de misiones técnicas de observación electoral, no fueron invitados para participar en el proceso.  

La dictadura cambió la figura de observación electoral por “acompañamiento electoral” e invitó a sus amigos comunistas y miembros de la izquierda latinoamericana para certificar las votaciones.  

A nivel nacional fueron designados la Procuraduría para los Derechos Humanos y el Centro Nacional de Universidad, instancias controladas por Ortega y Murillo.