Nicaragua se suma a siete países de América Latina que aplican la cadena perpetua

Nicaragua, junto con Argentina, Chile, Honduras, México , Perú, Colombia y Cuba, será parte de los países de América Latina que aplican en sus sus códigos penales la cadena perpetua. Los diputados de la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, aprobaron este lunes desde Ciudad Darío, en Matagalpa, la reforma al artículo 37 de la Constitución, que establece la pena máxima de 30 años.

¿Qué sigue después de la sesión legislativa de hoy? El jurista José Pallais, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, considera que se deberá reglamentar la pena de cadena perpetua en el Código Penal de Nicaragua, sin embargo no está claro “qué crímenes de odio se tipificarán”. Rosario Murillo anunció el cambio a la Constitución en septiembre pasado, tras dos femicidios contra dos niñas de Mulukukú, en el Caribe Norte. 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , del que Nicaragua no es firmante, señala que cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos. 

En la mayoría de países de América Latina, con excepción de Cuba, la pena de cadena perpetua está establecida para delitos de homicidio agravado, abuso sexual. En el caso de Colombia, donde se aprobó el año pasado, se aplica para los asesinos y violadores de menores de edad. Mientras tanto, en Cuba aunque no está en su Código Penal en la práctica se dicta como alternativa a la pena de muerte.

Un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recoge que miembros de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) expresaron inconformidad y rechazo a prisión vitalicia por considerarla “inaceptable como la sentencia máxima”, además es Diversos miembros de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) han expresado su inconformidad y rechazo de la prisión vitalicia por considerarla “inaceptable como la sentencia máxima”, además es criticada “por ser contraria a ciertos principios básicos de derechos humanos”.

En eso coincide el jurista Pallais al decir que la pena será violatoria de los derechos humanos, por otro lado enfatiza en que el incremento de los años en prisión no disminuye la comisión de delitos. “Lo único es la certeza del enjuiciamiento, la falta de impunidad, y la impunidad es lo que reina en el régimen de Ortega. A la cárcel se entra y se sale y no hay certeza que las penas que se les impone se cumplen de acuerdo con lo que establece el código penal”, cuestionó. 

Algunos de los países de América Latina que establecen la pena de cadena perpetua contempla  la libertad condicional como es el caso de Argentina, Chile siempre y cuando se cumplan algunos requisitos. En Perú la prisión vitalicia es revisada de oficio una vez cumplidos 35 años de cárcel, mientras que en México se aplica en los estados de Coahuila, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Veracruz.

CONTRA OPOSITORES

Tras el anuncio de la primera dama, Rosario Murillo, en septiembre pasado, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos advirtieron que la pena de cadena perpetua será usada contra los opositores al régimen de Daniel Ortega. “Mandan a poner una orden constitucional que parece del medievo, es regresiva y represiva en un contexto de 33 meses de sistemática represión, y mete mucho miedo y mucho ruido”, dijo el defensor Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

Las feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres tampoco creen que esta medida impulsada por el Estado contribuya a reducir la alta tasa de femicidios en el país. Sólo en 2020, unas 71 mujeres fueron asesinadas por hombres, y ante esos número demandan políticas públicas con enfoque de género que prevenga los crímenes, y garantice justicia para las víctimas. “Es para los que cometen crímenes de odios, pero los que han cometido crímenes de odio son ellos mismos (la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dice Carrión.  

El pasado 9 de enero, el reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que lo que harían este 18 de enero es terminar con lo que el pueblo demanda: la pena de cadena perpetua. El régimen recogió, dice, tres millones de firmas para legitimar la reforma a la Constitución. “Vamos a prepararnos para aprobar en segunda legislatura la reforma constitucional que tanto nuestro pueblo demanda contra todos esos crímenes de violencia, de odio que no van a volver a suceder en nuestro país”.