¿Qué pasa con tus ahorros si el banco quiebra por la nueva ley antisanciones?

La aprobación de la "Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas" ha generado temor de la población ante el Sistema Financiero Nacional por la posibilidad de un cierre o quiebre de bancos que revive el miedo a la pérdida de ahorros.

Los bancos están obligados a cumplir con la nueva ley, de lo contrario serán sujetos a sanciones, multas, clausurados o hasta acusados por el delito de "traición a la patria" por parte de su ente regulador que es la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif).

Pero el cumplir con esta ley, les acarrea serios problemas con las normativas internacionales. Las sanciones impuestas por la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, contra funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega, obliga a nacionales, bancos y otras empresas a cesar relaciones con sancionados, de lo contrario podrían ser multados con sumas millonarias.

Esta situación pone en vilo las corresponsalías bancarias, un tipo de alianza entre bancos nicaragüenses con los de otros países, cuyo objetivo es permitir transacciones internacionales donde no se tiene sucursales.

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Además, los bancos de Nicaragua empezarían a tener problemas en la adquisición de préstamos con instituciones financieras internacionales, lo que acabaría relegándolos a operar como cooperativas de crédito, reducir sus ganancias y acercarlos a un posible cierre o quiebra, según han explicado analistas.

En la historia bancaria de Nicaragua seis bancos han quebrado o cerrado y los resultados han sido catastróficos para los ahorrantes, que vieron cómo sus ahorros de años se perdieron. El primer banco en quebrar fue el Banco Agrícola Mercantil, a finales del siglo XIX, “quebró por falta de pago de sus deudores”, señala una recopilación que hace la Siboif. Luego entre el 2000 y 2001 quebraron el Banco Nicaragüense (Banic), Banco del Café (Bancafé), Banco Mercantil (Bamer) y el Banco Intercontinental, SA (Interbank); el más reciente cierre fue el del Banco del Éxito (Banex) en 2010.

Estas quiebras causaron una gran desconfianza en los ahorrantes y para poder recuperarla, los bancos que quedaron tuvieron que apoyarse de campañas publicitarias, pero desde que Ortega empezó a amenazar a las instituciones financieras, poco después de iniciada la represión estatal en 2018, el miedo volvió.

¿Qué pasaría con los ahorros si un banco quiebra?

Debido a la crisis financiera entre el 2000 y 2001, se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras de Nicaragua (Fogade), cuyo objetivo es “restituir los depósitos de los ahorrantes conforme a lo estipulado por la Ley”, según expone la entidad en su sitio web.

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Si un banco quiebra o cierra, es intervenido por la Siboif y el Fogade, como ocurrió en 2010 con el Banex, esto para garantizar parte de los depósitos de los ahorrantes, que según la legislación nicaragüense cubre un monto máximo de 10 mil dólares o su equivalente en córdobas por cada banco donde tenga cuentas.

“Hasta un máximo por depositante -independientemente del número de cuentas que éste posea en la entidad o institución miembro del Sistema de Garantía de Depósitos del importe en moneda nacional o extranjera, igual o equivalente, al valor de diez mil dólares, incluyendo principal e intereses devengados hasta la fecha de inicio del proceso de restitución”, señala el Fogade..

En Nicaragua actualmente operan ocho bancos, uno estatal (Banco de Fomento a la Producción) y siete privados, de los cuales solo tres tienen sucursales en algunos países de la región: el Banco de América Central (BAC), Banco LAFISE Bancentro y el Banco de la Producción (Banpro); sin embargo, en aquellas naciones donde no tiene ventanillas operan al igual que los otros cuatro, a través de corresponsalías con instituciones financieras del exterior.

Los bancos no han informado sobre las nuevas medidas a adoptar tras la aprobación de la nueva ley y tampoco tienen un gremio al cuál solicitar apoyo o intentar negociar con el régimen, tras la cancelación de personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y sus cámaras.

Esta no ha sido la primera vez que la dictadura intenta proteger a los funcionarios y empresas sancionadas, en febrero de 2021 reformó la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias (Ley 842), cuyo objetivo era lograr que los bancos reabrieran las cuentas a 28 funcionarios orteguistas sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.