Estas son las 21 personas y tres instituciones sancionadas por la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este 8 de octubre las sanciones impuestas en 2020, 2021 y 2022 contra 21 funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La renovación de las sanciones se origina luego que el alto órgano europeo tomara en consideración que en Nicaragua persiste una continua violación de derechos humanos y represión ejercida por la dictadura.

Lista de sancionados

Los primeros sancionados por la Unión Europea el 4 de mayo de 2020 fueron:

Ramón Antonio Avellán Medal: es originario de Jinotepe y tiene 69 años. Es subdirector General de la Policía Nacional y exjefe de la delegación policial de Masaya. La Unión Europea los señala de ser el responsable de “graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, entre otras cosas coordinando la represión de los manifestantes en Masaya en 2018.”

Sonia Castro González: es originaria de Carazo y tiene 57 años. Actualmente se desempeña como asesora presidencial en temas de salud, antes fue titular del Ministerio de Salud (Minsa). Es responsabilizada por las “graves violaciones a los derechos humanos y la represión”, pero particularmente por haber “obstaculizado el acceso a asistencia médica de emergencia para civiles heridos que participaron en manifestaciones y ordenando al personal hospitalario que denunciara a los manifestantes que habían sido trasladados al hospital por la policía”.

Francisco Javier Díaz Madriz: (Chinandega) el consuegro de la pareja dictatorial tiene 63 años. Es el director General de la Policía Nacional desde el 23 de agosto de 2018, antes del ello fungió como director General Adjunto. La UE lo sancionó por las “graves violaciones a los derechos humanos y la represión”, principalmente los señala de ser responsable de “dirigir a las fuerzas policiales cometiendo actos de violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, arrestos y detenciones arbitrarias y tortura. En 2021, llevó a cabo las investigaciones para preparar los casos contra los líderes de la oposición detenidos antes de las elecciones”.

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Néstor Moncada Lau: tiene 54 años, es asesor presidencial en materia de seguridad nacional y la UE lo señala de estar directamente involucrado y responsable de la toma de decisiones que han llevado a “el establecimiento de políticas represivas llevadas a cabo por el Estado de Nicaragua en contra de manifestantes, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua desde abril de 2018 en adelante”.

Luis Pérez Olivas: tiene 68 años y es comisionado General y exdirector de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El Chipote”. “Responsable de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas tortura, uso excesivo de la fuerza, malos tratos a detenidos y otras formas de trato degradante”,agrega la UE.

Justo Pastor Urbina: tiene 68 años y funge como jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP). Es señalado de estar “directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.

Los sancionados el 2 de agosto de 2021

Rosario María Murillo Zambrana: es nacida en Managua, actualmente tiene 73 años, es la pareja de Daniel Ortega, vocera gubernamental y vicepresidenta de la República. La Unión Europea también la menciona como “dirigente de la Juventud Sandinista” y de compartir la mitad del poder con Ortega, quien la ha llegado a llamar “copresidenta”.

“Desempeñó un papel decisivo al alentar y justificar la represión de las manifestaciones de la oposición por parte de la Policía Nacional de Nicaragua en 2018. En junio de 2021, amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a los periodistas independientes. Esas amenazas se han repetido desde entonces. En febrero de 2023, Daniel Ortega reveló que Rosario María Murillo Zambrana es la instigadora de nuevas represiones, en concreto relacionadas con la expulsión y privación de la ciudadanía de 222 presos políticos”, se lee en la publicación de la UE.

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Además de señalarla como responsable de las graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática,la UE la responsabiliza de “socavar la democracia en Nicaragua”.

Gustavo Eduardo Porras Cortés: tiene 70 años y es originario de Managua. Funge como presidente de la Asamblea Nacional desde enero de 2017 y es miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996. Además de señalarlo de las mis arbitrariedades de los demás funcionarios, la UE sostiene que es responsable de “socavar gravemente la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”,

“Es responsable de promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos una ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los autores de violaciones masivas de derechos humanos en 2018, leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua, y leyes que privan de los derechos civiles a civiles, incluido el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos”, explica la UE.

Juan Antonio Valle Valle: tiene 61 años, es originario de Matagalpa y es un jefe policial de alto rango. La Unión Europea lo responsabiliza de “repetidos actos de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza que resultaron en la muerte de cientos de civiles, de arrestos y detenciones arbitrarias, de violaciones a la libertad de expresión y de impedir manifestaciones contra el gobierno”.

Ana Julia Guido Ochoa: la actual Fiscal General de la República tiene 65 años, es originaria de Matagalpa y fiel al régimen de Ortega. “Es responsable del procesamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política. Creó una unidad especializada que fabricó acusaciones contra los manifestantes y presentó cargos contra ellos. Además, es responsable de la inhabilitación para ejercer cargos públicos del principal candidato de la oposición a las elecciones generales”.

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Fidel De Jesús Domínguez Álvarez: tiene 64 años y ha fungido como jefe de la Policía de León desde el 23 de agosto de 2018 y luego de Comisario General de la Policía Nacional desde septiembre de 2020. “Es responsable de numerosas violaciones graves de los derechos humanos, en particular detenciones y arrestos arbitrarios, incluido el secuestro de miembros de la familia de un oponente político, amenazas de muerte, uso excesivo de la fuerza y ​​violaciones de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Está considerado como una de las principales figuras de la represión contra la oposición democrática en la región de León”.

Alba Luz Ramos Vanegas: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tiene 75 años. La UE la responsabiliza de la “instrumentalización del poder judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, a través de la criminalización selectiva de las actividades de la oposición, perpetuando el patrón de violaciones a los derechos del debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de oposición”.

Juan Carlos Ortega Murillo: el hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene 41 años, es director de Canal 8 y líder del Movimiento Sandinista 4 de Mayo. “En su cargo ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ha amenazado públicamente a empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega. Por lo tanto, es responsable de socavar la democracia y la represión de la sociedad civil en Nicaragua”.

Bayardo Arce Castaño: tiene 74 años y ha sido asesor económico de Daniel Ortega durante varios años luego de desocupar una silla de diputado en la Asamblea Nacional. “Tiene una influencia significativa en las políticas del régimen de Ortega, por lo que se le asocia con personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Apoyó la elaboración de una ley que impedía a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por lo tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.

Lista de sancionados el 10 de enero de 2022

Camila Antonia Ortega Murillo: la hija de la pareja presidencial tiene 45 años y funge como asesora de la Presidencia, asistente personal de su madre Rosario Murillo, Coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, directora de la plataforma Nicaragua Diseña y del canal de televisión Canal 13.

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“Ella es responsable de utilizar a Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales y parlamentarias, que tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2021, mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales. Como directora de Canal 13, ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica, a la vez que ha restringido la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, eliminando la libertad de expresión y la competencia electoral propiamente dicha. Ha jugado un papel central en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense”, afirma la UE.

Laureano Facundo Ortega Murillo: el también hijo de la pareja gobernante tiene 41 años y es asesor presidencial, cargo que según la UE ha ocupado para apoyar el encarcelamiento “arbitrario e ilegal” de precandidatos presidenciales, dirigentes políticos opositores, estudiantes, campesinos o periodistas independientes, a quienes ha calificado de “terroristas”.

“Al contribuir a la eliminación de la competencia electoral efectiva, ha jugado un papel central en la supresión del pluralismo político y la desarticulación definitiva de la democracia nicaragüense... Además, es responsable de operar BanCorp, entidad cuyo principal propósito es asistir, patrocinar y apoyar financieramente las actividades represivas de su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo”, apunta el Consejo Europeo.

Brenda Isabel Rocha Chacón: la presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde mayo de 2021, tiene 57 años y es originaria de Bonanza, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), por el hecho de ocupar ese cargo en una institución que preparó, celebró y certificó las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 y las locales del 6 de noviembre de 2022, pese a la falta de transparencia y otras garantías, la UE la responsabiliza de “la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”.

Cairo Melvin Amador Arrieta: tiene 72 años y desde mayo de 2021 es vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), por el hecho de ocupar ese cargo es responsabilizado por las mismas razones de Brenda Rocha.

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Lumberto Ignacio Campbell Hooker: tiene 74 años, es originario de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) y también es miembro del CSE, por lo que es responsabilizado por las mismas razones de Brenda Rocha y Cairo Amador. Además de haber hablado con los medios de comunicación, “justificando y elogiando su organización”.

Nahima Janett Díaz Flores: tiene 35 años y es hija del jefe de la Policía Francisco Díaz. Funge como directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entidad que según la UE ha sido utilizada para “silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidos tres medios de comunicación, desde 2018”, entre otras violaciones.

“En su cargo, Nahima Díaz Flores ha actuado como partidaria del régimen de Ortega, y ha comandado y operado acciones de desinformación y vigilancia a través de Telcor a la sociedad civil y la oposición democrática. Por lo tanto, es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, represión a la sociedad civil y la oposición democrática, y socavamiento de la democracia en Nicaragua”,sostiene la UE.

Luis Ángel Montenegro Espinoza: tiene 75 años y es originario de Estelí. La UE señala que desde su cargo como superintendente de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (Siboif) “es responsable de la persecución de los actores financieros que se resistieron a las políticas del régimen de Ortega, así como de hacer cumplir el control del régimen sobre el sector financiero”.

Agrega que en su anterior puesto como contralor general de la República se aseguró de que las “actividades financieras corruptas de Ortega no fueran auditadas y contribuyó igualmente al control del régimen por parte de Ortega”.

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Las tres instituciones sancionadas el 10 de enero de 2022

La Policía Nacional, señalada de ser el órgano represor del régimen surgió el 22 agosto 1979 como el nombre de Policía Sanidnista. La UE la sancionó por ser “responsable del trato degradante, incluida la tortura física y psicológica, a quienes se opusieron al régimen de Ortega”, además de el “encarcelamiento ilegal” de precandidatos presidenciales, dirigentes de la sociedad civil, estudiantes, campesinos y periodistas independientes “sin ninguna garantía legal y democrática”.

También ha sido responsable de amenazas sistemáticas a empleados públicos. Involucrada en “asesinatos de manifestantes pacíficos” en toda Nicaragua en 2018.

Consejo Supremo Electoral: la UE resalta que este órgano estatal no es transparente, preparó, certificó y promovió las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021 en las que no hubo oposición real y debate democrático.

“El CSE privó a la oposición de la posibilidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. Por lo tanto, la CES es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el estado de derecho en Nicaragua”, sostiene la UE.

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Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor): este ente regulador tiene registro desde 12 junio 1982 y en los últimos años ha sido utilizado para “silenciar a los medios de comunicación independientes, incluidos tres medios de comunicación desde 2018, durante la represión de 2018 y después de las elecciones generales de 2021”, según la UE.

Además de implementar una campaña de desinformación a gran escala y la "ley de ciberseguridad", así como comandar y operar acciones de vigilancia sobre la sociedad civil y la oposición democrática. A esto se añade “su campaña de férreo control de los medios de comunicación mediante el cierre de estaciones de radio cercanas a la oposición democrática”.

Todas estas sanciones que fueron reanudadas este martes estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2025. Como consecuencia, los sancionados enfrentan congelación de activos y se prohíbe a ciudadanos y empresas de la UE disponer de fondos a su favor. Además, se impone una prohibición de viaje, impidiéndoles entrar o transitar por territorio europeo.