Daños causados por paramilitares en 2018 le pueden costar casi 600 millones de dólares a Nicaragua

El dictador Daniel Ortega tendrá que responder ante el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial a una demanda interpuesta por la empresa Riverside Coffee, por los daños causados a sus plantaciones de aguacate de parte de fanáticos y paramilitares del Frente Sandinista en 2018.

La demanda fue interpuesta el 2 de abril de 2021 contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific). En ella, Riverside Coffee invoca el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central, CAFTA-DR, amparado por los beneficios y la protección que este le brinda.

¿Qué es Riverside Coffee?

Riverside Coffee es una compañía estadounidense de tiendas de café constituida en 1999, en el estado de Kansas. Es dueña del 95 por ciento de las acciones de Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), constituida en febrero de 1996, que poseía y operaba la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, de casi 1,225 hectáreas de extensión, donde tenía una plantación de aguacate Hass y un bosque de granadillo.

La propiedad fue invadida en tres ocasiones en 2018, en plena represión estatal. La primera fue el 16 de junio, cuando un grupo de 200 a 300 paramilitares armados ocupó la parte alta de la hacienda. Los sujetos tomaron posesión de las instalaciones, declararon que estaban de parte del gobierno y que iban a quedársela, según la memoria del bufete jurídico Appleton & Associates que representa a Riverside Coffee.

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Luego, el 16 de julio  de 2018, otro grupo de personas liderados por paramilitares ingresó a la propiedad, esta vez a la parte baja. Estos aseguraban que el alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno, los había enviado a ocuparla y que se quedarían con parte de las tierras. Los invasores destruyeron los plantíos de aguacate y hasta las cercas de la hacienda para sacar el ganado y las ovejas, con el objetivo de venderlos y comerlos.

Ante esto, la gerencia de Riverside Coffee envió una carta al capitán de la Policía, William Herrera, el 10 de agosto, en la que le reclamaban por no haber protegido la propiedad. Al siguiente día, el alcalde de Jinotega y las autoridades policiales ordenaron el desalojo de la propiedad de la que tuvieron que salir unos 550 ocupantes que saquearon lo último que quedaba.

La tercera invasión se produjo el 17 de agosto, unos 50 invasores entraron armados a la hacienda y después ingresaron otros 100. Ocuparon la totalidad de la propiedad. Según Riverside Coffee, destruyeron unas 10,000 plantas de aguacate en los viveros, más de 1,200 árboles jóvenes de nogal negro que estaban listos para el trasplante, y la cosecha de granos y tubérculos.

¿A cuánto ascienden los daños?

De acuerdo con la notificación que el despacho jurídico que representa a Riverside Coffee, envió el 28 de agosto de 2020, al Mific, las pérdidas están “estimadas en no menos de 580 millones de dólares derivadas de la incautación de las inversiones y el posterior saqueo y destrucción de las instalaciones de la Hacienda Santa Fé”.

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Sin embargo, buscarán una reparación que superaría los 590 millones de dólares, que corresponderían a: 545 millones como compensación por las pérdidas, daños y perjuicios económicos derivados del incumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en la Sección A del Capítulo 10 del CAFTA y otros 45 millones por daños morales “derivados de las acciones indebidas de Nicaragua contra el inversionista y las inversiones”.

Adicionalmente, el régimen deberá pagar los costos de procedimientos en los que se incluyen los honorarios y desembolsos profesionales más intereses, gastos tributarios y todos aquellos “incurridos para mitigar el efecto de las medidas ilícitas tomadas por Nicaragua”, entre otros.

Algunos expertos han indicado en los medios de comunicación que la empresa podría llegar a pedir unos 689.1 millones de dólares, que el régimen tendría que pagar con los impuestos de los nicaragüenses en caso de perder la demanda.

¿Cuándo será la audiencia?

El Ciadi ha citado a ambas partes a la audiencia pública, que será transmitida en vivo, en inglés y español, entre el 1 al 12 de julio de 2024, ante un tribunal arbitral de tres miembros. La transmisión en vivo estará disponible aproximadamente a las 9:00 a. m. del horario del este de Norteamérica (EDT, por sus siglas en inglés).