Cacería y purga de proveedores del Estado: la letra oculta en la reforma a la Ley de Contrataciones del Sector Público

La Asamblea Orteguista aprobó con carácter de urgencia una reforma a la Ley de Contrataciones del Sector Público (Ley 737) y a la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales para crear la nueva Comisión de Verificación de Proveedores del Estado, que se suma a los órganos auxiliares sustantivos del Parlamento.

La función de la Comisión será identificar, controlar y evaluar la "idoneidad" de las todas personas naturales y jurídicas que participen en contrataciones públicas mayores a 500.000 córdobas.

El cambio "técnico"

La reforma establece que para participar en procesos de contrataciones públicas mayores a 500.000 córdobas será indispensable contar con el Certificado de Verificación de Proveedores del Estado.

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Dicho “certificado” tendrá vigencia de un año, a partir de su emisión, pero podrá ser “cancelado a consideración de la Comisión". Para obtenerlo los proveedores deben cumplir una serie de requisitos ante la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado, entre ellos una carta de solicitud firmada por el representante legal de la empresa.

¿Qué funciones tiene la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado?

La Comisión actuará como una supra dependencia que emitirá Certificados de Verificación de Proveedor del Estado, el nuevo requisito en todos los procesos por montos superiores al medio millón de córdobas.

Por tanto, la Comisión de Verificación de Proveedores del Estado tendrá el poder para conocer todo el historial de cada una de las personas naturales o jurídicas que ventan bienes o servicios al sector público.

Riesgo para contratistas no políticamente no alineados

Un experto en contrataciones públicas, consultado por DESPACHO 505, considera que la reforma busca la autoexclusión de los proveedores, porque se pone en poder de la Comisión toda la información de las empresas y personas naturales inscritas como proveedores del Estado.

En principio, anota, arrincona a aquellos proveedores que han resistido a la voracidad y corrupción oficialista que utiliza las contrataciones públicas como premios a sus leales, pues será un filtro donde los proveedores que no son afines al régimen Ortega-Murillo se verán en riesgo y optarán por la autoexclusión.

"A mí me parece que es más una política de control total, (porque) va a funcionar como una guillotina para los proveedores que no necesariamente son afines al régimen, y no pertenecen al grupo de empresas o personas naturales que son parte de estos carteles del sistema de corrupción que ha entrado en las instituciones públicas", dice el experto.

Explica que con esta súper entidad están violando el principio de igualdad de los proveedores a presentarse en procedimientos competitivos, así como el principio de libre competencia. "Poniendo barreras al mercado de las compras públicas".

COMISIÓN NO TÉCNICA, SINO POLÍTICA

Asimismo, considera que no se trata de una Comisión de carácter técnico, porque la intención es tener "una mirada política para una purga de proveedores" que no son afines al régimen Ortega-Murillo.

El experto sostiene que la medida es discriminatoria y tiene efecto disuasivo para desalentar a un grupo de empresas y personas naturales a no registrarse por miedo a represalias políticas.

"El perdedor directo son los proveedores del Estado que son los comerciantes, personas naturales y jurídicas que con mucho esfuerzo se han quedado dentro del sistema de proveedores, y que no necesariamente están de acuerdo ni necesariamente son simpatizantes del partido (sandinista). Entonces, estas medidas tienen un efecto discriminatorio y un efecto de disuasivo", apuntó.

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La misma fuente explica que para que una Comisión sea operativa debe tener la capacidad técnica, medios informáticos y recursos financieros.

"Entonces, a todas luces va a funcionar como un filtro y se quedarán aquellos proveedores que realmente sienten que cumplen totalmente con los requisitos, pero que son parte de este sistema de corrupción, porque serán pocos los proveedores que se arriesguen a ser sometidos a un proceso de verificación. (Además) A mí no me queda claro que va a ser un proceso técnico donde se dice realmente la capacidad financiera, la capacidad legal y la capacidad técnica que ya se han venido verificando a través de las instituciones públicas", reiteró.

El experto dice que es altamente preocupante el hecho de sea el Parlamento, controlado por el orteguismo, el que gestione esta Comisión, porque "no hay garantía de transparencia".