Asesinatos de indígenas en Nicaragua: Las claves para entender los crímenes en el Caribe

Las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua enfrentan una grave situación de violencia producto de las invasiones a territorios ancestrales por parte de colonos. Según expertos, las invasiones ha impactado negativamente a las comunidades y violentan sus derechos a la integridad, salud, alimentación, acceso al agua, a un medio ambiente sano, a su identidad cultural y a una vida digna.

Además, esta situación ha obligado al desplazamiento forzado de las comunidades indígenas afectando seriamente sus modos tradicionales de vida. En lo que va del año, siete personas han sido asesinadas por colonos, mientras que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se niegan a intervenir en favor de los comunitarios. Aquí te explicamos las claves de la violencia contra los indígenas del Caribe.

1. ¿Cómo inició este conflicto?

La Costa Caribe de Nicaragua es una región de carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Ahí viven 508 mil personas que conforman los pueblos Miskitu, Sumu/Mayangnas, Rama y Afrodescendientes (Creoles y Garífunas).

Ese territorio “lleva años siendo asolado por la pobreza y por una sistemática violación del derecho a los territorios ancestrales”, señaló Ana Bolaños, abogada de Raza e Igualdad, en un informe presentado en 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua aprobó la Ley 445, que estableció un proceso de demarcación y titulación de territorios.

En el marco de dicha ley, entre 2007 y 2016 se demarcaron 23 territorios que beneficiaron a 304 comunidades indígenas y afrodescendientes, pero no se ha realizado el proceso de saneamiento, que es la garantía estatal a los indígenas para “el uso y goce efectivo de sus territorios titulados frente a la ocupación de los mismos por parte de terceros o colonos”.

2. ¿Quiénes son los colonos?

Los colonos, en su mayoría exmilitares que operan bajo la tolerancia del régimen Ortega Murillo, extraen los bienes naturales de las comunidades con fines de comercialización.

A pesar de que la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de la Costa Caribe Norte, y la Corte IDH ordenó al régimen adoptar medidas para garantizar la vida, integridad, territorio e identidad cultural de 7 de estas comunidades, hasta el día de hoy no ha existido una respuesta efectiva por parte de los dictadores.

3. ¿Qué ha pasado recientemente con los indígenas de la zona?

Un experto en temas de los pueblos indígenas, que pidió a DESPACHO 505 omitir su nombre por seguridad, señaló que de enero a la fecha fueron secuestrados seis comunitarios y cinco resultaron heridos en los ataques. En una década han sido asesinados 75 indígenas.

En esa región, los indígenas sufren asedio permanentemente por parte de los colonos quienes portan armas, medios de comunicación y hasta gorras de la Policía. “La idea de esta gente es causar terror a los comunitarios para que abandonen el lugar, porque la idea es quitarle el territorio. La gente vive en zozobra, están afectados psicológicamente”, señala el experto.

4. ¿Cuándo fue el ataque más reciente?

El pasado 24 de abril, 80 hombres armados llegaron a la parcela agrícola de Bernabé Palacios Hernández, de 44 años, con la intención de despojarlo de sus tierras en la comunidad Alal, en el Caribe Norte. Lo mataron frente a su hijo de 12 años. El hombre era un guardabosques que al momento de su ejecución se dirigía a realizar labores de vigilancia para proteger sus tierras. En lo que va del 2023, siete indígenas han sido asesinados.

5. ¿Qué ha hecho el régimen de los Ortega Murillo para resolver este conflicto?

El Consejo de Ancianos de la Muskitia de la Costa Caribe Norte de Nicaragua denunció el pasado 20 de abril que la dictadura inició un proceso de “saneamiento” que inició en febrero en las comunidades indígenas, y que es ejecutado por las mismas personas que avalan el ingreso de colonos y los contratos de arrendamientos de sus tierras sin el consentimiento de los comunitarios.

La comisión interinstitucional, según el Consejo de Ancianos, está integrada por autoridades comunales y territoriales que están de acuerdo con el ingreso de colonos. En la comisión también hay excombatientes y algunos jefes de familia que apoyan las invasiones y dicen que la presencia de comunitarios que se oponen es “limitada”.

“Quienes han violado el derecho de propiedad comunitaria avalando ingreso ilegal se han convertido en juez y parte del saneamiento, restándole credibilidad al proceso. Las comunidades demandan la judicialización de todas las personas, autoridades o no, indígenas o no, responsables de las invasiones. Y la elección de nuevas autoridades para liderar el proceso de saneamiento en representación de las comunidades”, demandó el Consejo de Ancianos en un comunicado.