¿Daniel Ortega puede ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional, como Putin? Te lo explicamos

Está probado que Daniel Ortega y compañía cometen crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde 2018. El informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala al líder rojinegro como responsable de graves violaciones y abusos perpetrados de manera generalizada y sistemática por motivos políticos. Además, a la lista de abusos añade la desnacionalización ilegal de nicaragüenses.

Sin embargo, Daniel Ortega no está acusado aún ante la Corte Penal Internacional como sí lo está el presidente ruso Vladimir Putin, contra quien ha sido girada una orden de arresto.

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Para explicarlo, GATO ENCERRADO conversó con el experto en Derecho Constitucional, Uriel Pineda; el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión y el exdiputado y analista político, Elíseo Núñez.

NO ES VINCULANTE A NICARAGUA

Los expertos explican que la Corte Penal Internacional (CPI) actúa como un tribunal complementario, y que el primer responsable de que haya justicia es el propio país donde ocurren los crímenes. Es cuando los operadores de justicia internos colapsan, como ocurre en Nicaragua, es que se puede recurrir ante la CPI.

No obstante, los juristas aclaran que la CPI actualmente no tiene jurisdicción en Nicaragua, porque el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, requisito que establece la ONU para aplicar la jurisdicción de ese tribunal internacional en un país.

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En el caso de Rusia, aunque ese país se desligó del Estatuto de Roma en 2016, los hechos por los cuales se acusa a Putin iniciaron en territorio de Ucrania, y este último si es firmante del Estatuto. Además, para el derecho internacional, los crímenes de guerra son más graves que los de lesa humanidad.

PERO, ORTEGA NO ESTÁ "BLINDADO"

Los especialistas explican que si este país fuera firmante del Estatuto, bastaría el informe de los expertos de la ONU, para que el fiscal de la CPI solicitara la orden de arresto contra Ortega, como lo hizo con Putin.

No obstante, el hecho de que la CPI no tenga jurisdicción en Nicaragua no blinda a Ortega de una acusación ante ese criminal. Por ello, cuando la ONU emitió el informe que confirma la persistencia de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua exhortó a la comunidad internacional a que le dé persecución penal a Ortega. Se dirigió de manera particular a segundos países afectados por la situación en Nicaragua, como los receptores de nicaragüenses exiliados.

De esa manera, ante el enorme obstáculo que representa el que la Corte Penal Internacional no tenga jurisdicción sobre Nicaragua, solo quedan tres posibilidades para que algún día Daniel Ortega y sus cómplices tengan al menos una orden de arresto internacional:

1. EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

El único órgano que puede autorizar la invasión a un país es el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual tiene cinco miembros permanentes con derecho a veto: China, Francia, Rusia, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y los Estados Unidos.

Como es la ONU la que puso el requisito de que el país debe ser firmante del Estatuto de Roma para que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción sobre el mismo, un debate en el Consejo podría permitir que el caso de Nicaragua sea remitido al máximo tribunal internacional penal.

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No obstante, en la práctica, Rusia, aliado del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tendría la opción de frenarlo por la vía del veto. China se ha mantenido al margen y probablemente se abstendría.

2.UN SEGUNDO PAÍS

Costa Rica sería un segundo país idóneo para que Ortega y su gente sean acusados de crímenes de lesa humanidad, debido a que ha recibido a al menos 100 mil nicaragüenses que han huido de la represión y abusos del régimen Ortega Murillo.

Los costarricenses aún no ha hecho algo al respecto.

Quienes sí lo hicieron fueron los colombianos. El gobierno de Gustavo Petro emitió un comunicado, tras la desnacionalización ilegal de 94 nicaragüenses, condenando la acción y también anunció que enviaría comunicación sobre la agresión al fiscal de la Corte Penal Internacional.

En ese sentido, ya "hay algo encaminado".

Ningún otro país ha acogido la sugerencia de la ONU de perseguir penalmente a Ortega y sus cómplices, aunque sí hay un proceso abierto en Argentina.

3. CAMBIO DE GOBIERNO

Un cambio de gobierno probablemente no resuelva el problema, en el sentido de que un futuro gobierno de transición se acoja inmediatamente al Estatuto de Roma, ya que los criterios de temporalidad manifiestan que el tribunal penal internacional solo podrá conocer de crímenes que se cometan posterior a la firma del Estatuto por el país firmante.

No obstante, existe la posibilidad de que el país expresamente pida que se aplique la retroactividad y la Corte Penal Internacional pueda conocer de crímenes ocurridos antes de la ratificación del Estatuto.

Hay un antecedente, tanto nacional como internacional, ocurrido precisamente en Nicaragua.

Nicaragua ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1979 y, de acuerdo con su artículo 62, reconoció la competencia contenciosa de la Corte hasta el 12 de febrero de 1991.

Sin embargo, la Corte Interamericana pudo emitir una sentencia condenando al Estado de Nicaragua por el crimen contra el joven Jean Paul Genie, ocurrido el 28 de octubre de 1990, antes de que Nicaragua reconociera la competencia contenciosa de la Corte.