Las cuatro razones que explican por qué Nicaragua es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de robo en América Latina 

Una encuesta de la firma CID Gallup arrojó que Nicaragua es el segundo país de América Latina con la mayor tasa de robos con 45%, sólo superada por Guatemala con 53%. En Nicaragua, CID Gallup entrevistó vía telefónica a 1,200 personas entre el 10 y 19 de mayo de 2022.

De acuerdo con los datos de la firma, el departamento de Río San Juan es el lugar donde más han aumentado los robos en el país. La posibilidad de ser víctima de robo, asalto y homicidios se ha triplicado en diferentes zonas. 

El país entero padece un repunte delincuencial, y lo confirman las propias cifras policiales que indican un incremento del 13% de la actividad delictiva en el último año.

Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, explica las razones detrás de ese aumento de la percepción de inseguridad en Nicaragua. “El aumento de los robos en Nicaragua se puede explicar a través de diferentes factores que están presentes en el escenario de la seguridad”, dice. 

La violencia de Estado desata en abril de 2018

“El contexto de violencia y de inseguridad que se ha instalado en el país desde abril de 2018, particularmente la violencia ejercida desde el Estado”.

Elvira Cuadra

En noviembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevó a 355 las víctimas fatales de la represión en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en abril del 2018 por unas fallidas reformas a la Seguridad Social.

“Entre el 18 de abril y 31 de julio de 2019, el número de víctimas fatales, ascendería a 355 personas”, señaló la CIDH y agregó que esta actualización incluyó a 27 nuevas víctimas ya que la cifra anterior era de 328 casos.

Para la actualización del registro, la CIDH analizó varias fuentes entre ellas información información parcial aportada por el Estado de Nicaragua; datos y testimonios recabados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Nicaragua); “cifras y análisis de organismos internacionales; así como los informes publicados por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua”.

Estado policial de facto para contener a opositores

“La Policía ha dejado de cumplir sus funciones de atención y prevención de delitos de la delincuencia y criminalidad común para ejecutar acciones de represión política”

Elvira Cuadra

La CIDH también ha denunciado que el Gobierno de Nicaragua, al mando de  Daniel Ortega, se ha transformado en un “Estado policial de facto” y ha suprimido “todas las libertades”. “El Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía», dijo la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la CIDH, Fiorella Melzi.

La Policía persigue a cualquier voz disidente en el país. Actualmente, hay más de 180 presos políticos, entre los que se encuentra importantes líderes de la oposición como Cristiana Chamorro, Miguel Mora, Arturo Cruz, todos ex aspirantes a la Presidencia de la República.

La impunidad con la que actúan los paramilitares

“La impunidad con la que actúan grupos paramilitares que surgieron en abril de 2018 y que tienen una cierta permisividad”.

Elvira Cuadra

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denominan estructuras paraestatales a los grupos armados que actuaron al margen de la ley en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. 

En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo entregaron armas a civiles para ejecutar lo que llamaron Operación Limpieza para desmontar los tranques que fueron instalados en todo el país como protesta al régimen. En 2020, la ONU dijo que la falta de rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde abril de 2018 sigue alentando la repetición de esos actos, advierte el organismo.

También dijo que “el desarme de parapolicías continúa siendo una cuestión relevante y pendiente”. 

La liberación de presos comunes 

“El hecho que el Gobierno ha estado otorgando indultos a ciertas personas que se encontraban en los penales cumpliendo condenas por los delitos comunes, muchas de estas personas no cumplían con los requisitos establecidos en la ley para recibir el beneficio del indulto”.

Elvira Cuadra

Un total de 1,300 reos comunes recibieron su libertad este miércoles 27 de julio bajo la figura del beneficio de convivencia familiar que otorga el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras vulnera los derechos humanos de los presos políticos que mantiene en las celdas de El Chipote.

Recientemente, el Ministerio de Gobernación (Migob) anunció que 1,300 personas pasaron a régimen de convivencia familiar, sin especificar cuáles eran los delitos por los que estaban en prisión y si cumplen con los requisitos que establece la ley para conceder este beneficio.

“Son 1,181 varones y 119 mujeres de los distintos penales del Sistema Nacional de Penitenciarios, de Tipitapa, Matagalpa, Chinandega, Juigalpa, Granada, Estelí y Bluefields”, detalló Rosario Murillo.

Esta es la segunda excarcelación de presos comunes que se da en 2022, ya que en abril de este año fueron liberados 1,000 reos que guardaban prisión en diferentes penales del país.

En el 2021, la dictadura de Ortega ordenó cinco excarcelaciones masivas de reos que están purgando condena por delitos comunes. La primera fue el 25 de marzo, cuando sacó de la cárcel a 800 personas; la segunda el 27 de mayo cuando liberó a 442.

El 20 de agosto salieron a la calle 900 y el 22 de octubre, unos 15 días antes de las fallidas elecciones del 7 de noviembre sacó a la calle a 1,000 reos. La última fue el 22 de diciembre con 1,000 reos según la información de los medios afines al régimen de Ortega.