Cancilleres de la OEA activan ofensiva frente al régimen: los plazos, las exigencias y lo que viene para Ortega y Murillo

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad una resolución que pone en marcha un frente hemisférico contra la dictadura en Nicaragua y establece una serie de exigencias dirigidas a poner fin a la represión, restablecer las libertades y los derechos ciudadanos y recuperar las garantías democráticas.

La hoja de ruta activa además a un grupo de cancilleres que buscará un diálogo directo con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, procurará visitar el país y verificará el cumplimiento de medidas que incluyen liberar a todos los presos políticos, revertir las reformas constitucionales y las leyes represivas y restablecer las condiciones para elecciones libres.

El mecanismo aprobado tiene dos plazos. El Grupo Ministerial de Seguimiento deberá comenzar a trabajar dentro de 30 días y buscar una interlocución directa con Managua, además de dialogar con la oposición, la sociedad civil, sectores religiosos y empresariales y las comunidades nicaragüenses en el exilio.

En un máximo de 60 días desde la aprobación, el grupo deberá evaluar e informar sobre el cumplimiento de las exigencias y presentar recomendaciones que incluyan “acciones diplomáticas y jurídicas concretas”, sin uso de la fuerza.

¿Qué exige la OEA?

La lista va más allá de la liberación incondicional de todos los presos políticos. La resolución exige informar sobre el paradero y estado de los desaparecidos forzados; devolver la nacionalidad y demás derechos a quienes fueron despojados de ella y permitir su regreso sin represalias.

También relama el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. Dice expresamente que los medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y entidades privadas disueltas puedan volver a funcionar y recuperar su personalidad jurídica, instalaciones, bienes y otros activos que les fueron confiscados.

Además demanda revertir el desmantelamiento institucional ordenado por Ortega y Murillo en los últimos dos años para subordinar a todo el aparado estatal. Los cancilleres exigen restablecer la independencia de las instituciones, la separación de poderes y el pluralismo político, incluso mediante la revocación de reformas constitucionales aprobadas especialmente en 2025 y 2026 que hayan socavado esas garantías o derechos protegidos internacionalmente.

La OEA reclama además crear condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, con restitución de derechos políticos, una administración electoral independiente y observación internacional creíble.

Confiscaciones y cooperación extranjera

La resolución incluye las confiscaciones entre los asuntos que deberá atender el régimen. Pide devolver los bienes arrebatados a personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios y universidades y, cuando la restitución no sea posible, garantizar una indemnización.

También exige interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información cuando faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos, sin hacer mención de ningún país en particular.

¿Qué pasa después de los 60 días?

La resolución no establece sanciones automáticas si Ortega y Murillo incumplen ni anticipa cuáles serán las acciones recomendadas. Esa decisión queda para la siguiente fase, una vez que el Grupo Ministerial presente su evaluación.

Los cancilleres, además, decidieron mantener abierta la Reunión de Consulta. Su presidente podrá reconvocarla dentro de los 90 días posteriores a la convocatoria de la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.

La aprobación por consenso tampoco borró las diferencias entre los países. Brasil y Uruguay dejaron constancia de que no comparten que la situación de Nicaragua sea caracterizada como una potencial amenaza para la paz y la seguridad de todo el hemisferio. Costa Rica, en cambio, pidió incorporar expresamente la minería ilegal y la delincuencia organizada transnacional vinculada a ella por sus efectos sobre los países vecinos.

Con la resolución aprobada, el calendario queda en marcha: 30 días para que comience a trabajar el Grupo Ministerial y un máximo de 60 para que los cancilleres tengan sobre la mesa una evaluación del cumplimiento y recomendaciones de acciones diplomáticas y jurídicas concretas.