En 14 años, Ortega dejó en ruinas el sistema que protegía a las mujeres

La profesora Karla María Duarte Moreno no debió morir a los 36 años, menos asesinada. Su atacante, debía estar en una celda de la cárcel La Granja, en Granada, aquel lunes 15 de julio de 2019 y no cerca ella. Sin embargo, se le apareció para tirar del gatillo de una escopeta un tiro que terminó con la vida de la mujer.    

Ella creía que no vería su rostro por un tiempo, ni lo sabría libre hasta el 2023. Pero a mediodía del tercer lunes de julio de 2019, el hombre con un largo historial de violencia contra ella, enjuiciado y condenado, pero libre gracias al beneficio Perdón Presidencial que a ciegas reparte el régimen de Daniel Ortega, llegó a su casa a matarla.

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La “profe Karla”, llamada así por los alumnos que más la apreciaban, no fue solo víctima de su agresor Edgard Antonio Meneses, sino de 14 años de la demolición sistemática de una estructura de protección de las mujeres en Nicaragua que las organizaciones civiles y feministas venían tejiendo desde 1988 con la Ley 150, “Ley de Reformas al Código Penal” y la Ley 230 después, en 1994 y que llegó a llamarse “Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar”. 

Hoy esa estructura de protección debería ser más efectiva y actualizada.  Y así lo habían pensado ellas cuando consiguieron la aprobación de la Ley 779, “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres”, la que después, los diputados mutilaron con una reforma que, a la fecha, las mujeres rechazan “porque las dejan en indefensión”.   

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Los organismos que trabajan por los derechos y la vida de la mujer, ven solo ruinas de lo que fue ese sistema que antes protegía a las mujeres de la violencia machista y los abusos sexuales contra niñas y adolescentes. “La lucha la hemos venido perdiendo desde el 2007 y ha empeorado en los últimos tres años”, dice a DESPACHO 505 una activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

Las pocas organizaciones comprometidas a defender los derechos de las mujeres y que han logrado sobrevivir a la guillotina de la Asamblea Nacional, que ha ilegalizado en masa una veintena de ellas, trabajan asfixiadas, secas de fondos financieros, pero con mucha demanda. 

“La violencia machista está ahí, los femicidios están ahí, aquí seguimos desprotegidas y en grave peligro, por eso seguimos luchando”, agrega Martha Flores de la organización independiente Católicas por Derecho a Decidir. La defensora dice que el activismo está ahora en la mirilla del poder y que perciben una amenaza real contra las defensoras y promotoras de derechos de la mujer. 

“Prueba que algo anda mal es que muchas trabajan en silencio, como clandestinas porque la gente en las comunidades de base sigue necesitando el apoyo para frenar la violencia que no da tregua, pero hay persecución contra nosotras”, denuncia Flores.

Su temor no es infundado. La activista Evelyn Pinto por ejemplo, está por cumplir cuatro meses en prisión, desde que sin orden de captura, ni allanamiento, fue secuestrada por una veintena de policías que se la llevaron el 6 de noviembre pasado. Solo hasta algunos días después, las autoridades del régimen informaron que había un proceso legal en su contra.       

“Evelyn Pinto, hoy está cumpliendo años, lejos de sus seres queridos, ella está presa por soñar con una Nicaragua en democracia y libertad”, escribió el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) el 27 de febrero reciente, cuando la activista cumplió sus 63 años de vida tras las rejas.    

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¿Cuándo comenzó la erosión de los derechos de la mujer en Nicaragua? Una activista, que pide no ser identificada porque ha recibido amenazas por su trabajo de promotora en su comunidad en la región central del país, responde que la primera estocada fue la penalización del aborto. 

El 26 de octubre del año 2006, la Asamblea Nacional dejó caer el primer golpe sobre las mujeres. En el marco de la aprobación de un nuevo Código Penal, diputados sandinistas y liberales, se juntaron para derogar el artículo que establecía la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de gestación por indicación médica, si tres facultativos (médicos) lo consideraban necesario y el cónyuge o un pariente cercano de la mujer lo consentía.  

26/10/2006

Un golpe a un derecho reconocido por décadas

Los diputados de la Asamblea Nacional derogan el aborto terapéutico y se congracia con la iglesia Católica y Evangélica.

13/11/2007

Condenas por abortar, retroceso

Los diputados de la Asamblea Nacional penalizan cualquier tipo de aborto hasta con 20 años de prisión.

25/11/2013

La Asamblea rompe el espíritu de la Ley 779

Los diputados aprueban la primera reforma a la Ley 779 que incluye la mediación. Posteriormente en la reglamentación de la Ley por el Ejecutivo, redujeron el femicidio al ámbito privado.

30/01/2016

El cierre de un modelo de prevención

La Policía Nacional anuncia que las Comisarías de la Mujer pasarán a la Dirección de Auxilio Judicial. Al poco tiempo desaparecerían.

25/11/2017

Ortega arrebata el derecho a la manifestación

Los antimotines impiden por la fuerza manifestaciones de colectivos feministas en el día contra la violencia.

28/07/2021

Guerra contra oenegés

El Ministerio de Gobernación promueve la cancelación de 24 oenegés que incluyen las que trabajan contra la violencia de la mujer. A esa les seguirán más.

11/11/2021

Medidas cosméticas ante la violencia

Los diputados aprueban la Ley de Cadena Perpetua para frenar feminicidios, pero no ha dado frutos.

14/12/2019

Más impunidad

Los colectivos feministas denuncian que más de 20 mil convictos han sido liberados por el régimen, entre ellos quienes purgaban penas por violencia contra la mujer.

El tipo de procedimiento recibía el nombre de aborto terapéutico y era recomendado cuando el embarazo ponía en riesgo la vida de la madre, una excepción que existía en el país desde hace más de 100 años y a la que se oponían las instituciones religiosas del país. 

Al año siguiente, el 13 de noviembre de 2007, los diputados sandinistas y liberales volvieron a empuñar las manos contra las mujeres y declararon como delito, todos los tipos de aborto, incluido el terapéutico recientemente derogado. Según la reforma, aquellas mujeres que se sometan a un aborto y los médicos que los practiquen, se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel.  Fue un favor entre el poder político y religioso a costa de la vida de ellas. 

La eliminación del aborto terapéutico y su penalización posterior fue una factura política que los partidos políticos pagaron a las iglesias, tanto a la Evangélica como la Católica, a cambio de apoyo en los comicios de noviembre de 2006. Daniel Ortega, fue el más favorecido, por supuesto.    

De regreso al poder en 2007, tras perder tres elecciones al hilo, demostró que había regresado más católico que nunca y otra vez prestó todos sus votos en la Asamblea Nacional para echar la última palada contra una práctica que en el pasado salvó a miles de mujeres. 

"No se puede negar un derecho fundamental de la mujer a decidir sobre su vida", reclamó el entonces diputado sandinista en la oposición Víctor Hugo Tinoco. José Pallais quien por entonces también era diputado liberal, opinó que debía permitirse el aborto en casos excepcionales. Pero no progresaron sus argumentos. Por esas casualidades de la política, hoy ambos exlegisladores opositores, son presos políticos del régimen de Ortega. 

“La mayoría de diputados establecieron que las mujeres no pueden decidir por su cuerpo y desde entonces niñas y adolescentes son obligadas a parirle a un violador que las embarazó. Hay un manoseo monstruoso en la violencia sexual contra las mujeres”, sentenció por su lado la activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia.    

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Uno de los resúmenes más completos que describen la vida, agonía y casi muerte de las leyes que castigan la violencia machista en Nicaragua, lo escribió en noviembre de 2013 la activista feminista Azahálea Solís, integrante del movimiento de mujeres de Nicaragua.

“Si algo mató el espíritu de este esfuerzo para frenar la violencia contra las mujeres, fue la mediación”, dijo Solís en el extenso documento que analizaba los alcances de una reforma devastadora para la “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres” o Ley 779 como mejor se le conoce. 

La Ley fue considerada uno de los más destacados logros de la lucha de las mujeres contra la violencia machista, pero duró poco. Tan solo un año y dos meses después perdió su fuerza. La Ley 779 fue producto de las reformas a las leyes 150 de 1988 y la 230 de 1994, que tenían como fin prevenir y castigar la violencia intrafamiliar. 

Las integrantes del Movimiento María Elena Cuadra, organismo al que el régimen Ortega-Murillo le arrebató recientemente su personería jurídica e ilegalizó su existencia de más de 20 años, pasaron noches en vela discutiendo con las organizaciones feministas el proyecto de Ley que más tarde se conocería como la Ley 779. 

La Ley era tan completa que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que trabajaban también en una propuesta defensora de las mujeres, vieron a bien acoger el proyecto de las organizaciones feministas y lo apoyaron. Fusionaron las ideas y para el 2011, ya había un proyecto de ley que recogía lo mejor tanto de los movimientos feministas, como de la misma CSJ. La propia Alba Luz Ramos, ahora presidenta de ese poder del Estado, estuvo en su primera línea de defensa, cuando empezaron a atacarla. Ramos defendía la Ley tal y como estaba. Logró ser aprobada el 22 de julio de 2012. 

“Discretamente --contó Solís-- se introdujeron varios recursos de inconstitucionalidad, que solo fueron conocidos hasta en febrero de 2013. En la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, libraba una batalla que terminó perdiendo contra los magistrados machistas”, acusó la jurista especializada en Derechos Humanos de las mujeres. 

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El 25 de septiembre de ese año, la Ley 779 sufrió reformas. Siguiendo la  lógica del modelo Gobierno-familia del régimen Ortega-Murillo, se dijo que la Ley, tal y como estaba, atentaba contra la unidad familiar. De nada sirvió que la magistrada Ramos, la entonces Procuradora de la Mujer, la Fiscal Adjunta y cuatro diputadas con influencia en el Frente Sandinista, dijeran públicamente que se oponían a las reformas. De repente, callaron y el partido sandinista votó en cascada por una reforma aniquiladora.

Entre otras cosas se introdujo la figura de la mediación. “El agresor podía sentarse con su víctima a mediar tras propinarle una golpiza, la víctima empezó a ser obligada por el sistema a darle una oportunidad y en esa segunda oportunidad, la mató”, critica Flores. 

Pero no fue suficiente. Apostaron por debilitar más el sistema. En busca de ocultar las consecuencias de la mediación, que disparó las cifras de femicidio y femicidios frustrados, en 2014, los diputados vieron necesaria otra reforma y establecieron que el término femicidio se redujera al ámbito privado solamente. 

Es decir solo es femicidio aquella muerte en la que hay una relación de pareja, dejando por fuera la violencia contra las mujeres en la esfera pública. Así varios femicidios comenzaron a ser tipificados como asesinato o asesinato agravado y en el peor de los casos homicidio. 

Con esa reforma, queda por fuera esa mirada de género de las agresiones y asesinato contra las mujeres. “Se reduce la estadística es cierto, pero las muertes siguen ahí, siguen ocurriendo, se reducen las estrategias de combate de la violencia contra las mujeres y el femicidio deja de ser un problema de salud pública para ser un problema dentro de las familias, cosa privada, pues. Un retroceso”, explica otra activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

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El 30 enero de 2016, la Jefatura de la Policía Nacional anunció varios cambios. Unos jefes se iban a retiro y otros serían reasignados, pese a que ya cumplían la edad para incorporarse a la vida civil. Entre los cambios se incluyó un engaño con graves secuelas: las Comisarías de la Mujer, creadas específicamente para combatir la violencia de género pasarían a ser parte de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). 

Las organizaciones feministas que trabajaban con las Comisarías fueron informadas, pero nunca les dijeron cómo se harían de ahí en adelante las coordinaciones y colaboraciones. De pronto, quedaron fuera.

Un relato dramático de este episodio lo hizo Ruth Marina Matamoros, sicóloga, feminista del Grupo Venancia de Matagalpa. Contó para la revista Envío del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Universidad Centroamericana Nitlaplan que, en abril de 2016, un grupo de la Red de Mujeres Contra la Violencia acudió con una víctima al Distrito Cinco de la Policía para hacer una denuncia contra su agresor. Venían del hospital donde antes curaron sus heridas y golpes. 

Se encontraron con que la jefa de la Comisaría se ocupaba ahora de asuntos propios de DAJ, que no había ya trabajador social que asistiera psicológicamente a la víctima en unidad policial y que la Fiscal, que también tenía ahí un despacho, había sido desalojada y retirada del lugar por órdenes del Ministerio Público. “Las Comisarías de la Mujer comenzaron a desaparecer”, relató Matamoros.  

Una mujer, Aminta Granera en su calidad de jefa de la Policía apoyó la creación de las Comisarías acogiendo la solicitud de las organizaciones feministas, pero fue otra mujer; Rosario Murillo, la que ordenó su cierre.  “Nos dijeron que ya no habría acompañamiento a las víctimas y que las denuncias se atenderían como otras más, no solo echaban a las organizaciones que apoyaban a mujeres, fue el fin del tratamiento especializado de la violencia de género en el que el Estado y la misma sociedad civil organizada trabajó por años, y en el que se invirtieron miles (de recurso) provenientes de la cooperación internacional”, acusó la activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia. 

Las consecuencias se empezaron a ver rápidamente. De 44 femicidios registrados por las organizaciones que trabajan contra la violencia en Nicaragua en 2015, pasaron a 49 en 2016 y después a 67 muertes violentas contra las mujeres en 2017 (50 asesinadas por su pareja). Los años siguientes los femicidios no han bajado de 60. El año pasado ya fueron 71 femicidios, sin contar con los que por las limitaciones actuales quedan fuera de los registros de la violencia machista que lleva la organización Católicas por el Derecho a Decidir. 

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Lo que vino después, en 2017 y los meses siguientes es lo que las activistas llaman “el remate” a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El 25 de noviembre de ese año, día en el que mundo conmemora la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Policía del régimen Ortega-Murillo impidió que varios grupos de mujeres que venían de Chinandega, León, Corinto, Posoltega, Masaya y otras zonas del país, llegaran a Managua para participar en la Marcha Nacional contra la violencia de género.

Policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP)  bloquearon las entradas a la capital. Tras varias horas de retención las unidades de transporte en el que se movilizaban fueron regresadas a sus lugares de origen. “Prohibieron la movilización, amenazaron el activismo, era un derecho, una necesidad estar en las calles para demandar una respuesta a la violencia contra las mujeres”, dice la activista de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

El estallido social del año siguiente, en abril de 2018, sólo empeoró las cosas. Tras unirse las organizaciones a la demanda de justicia y la exigencia de cese de toda violencia política y de género, que derivó en la crisis social y política que todavía persiste, le plantaron cara a un viejo enemigo de sus luchas. El régimen Ortega-Murillo no dudó en reprimirlas también. 

Les asestó un “golpe bajo”: la impunidad. El martes 21 de diciembre de 2021, el Ministerio de Gobernación anunciaba la liberación de un millar de presos que aún no terminaban de pagar sus condenas por delitos comunes bajo la figura del Perdón Presidencial. Para esa Navidad, un total de 26,386 convictos andarían en las calles, muchos de ellos llevados a la cárcel por violencia contra sus parejas y una amenaza de regresar para asesinarlas, tal y como ocurrió con “la profe Karla”. 

La misma Rosario Murillo, en sus alocuciones de mediodía, informó alegremente la noticia de esas liberaciones.  “Cuanta felicidad”, dijo al referirse a las de ese diciembre. “El día de hoy fueron mil personas las que se unieron con sus parientes, que salieron de los distintos centros del Sistema Penitenciario, a pasar las fiestas con sus familias. ¡Qué alegría!”, exclamó.   

“Muchas de estas liberaciones fueron penas de muerte para muchas mujeres. Ya libres los agresores llegaron en busca de venganza y las mataron. Muchos violadores de mujeres, de niñas y adolescentes salieron para reincidir. Ahí están los casos”, denuncia Martha Flores.