Las amargas elecciones de Nicaragua con Ortega en el poder desde 2006

Unos pocos separaban a los dos grupos. En los alrededores de la rotonda de Metrocentro, en Managua, estaban los sandinistas, armados con piedras, palos, morteros caseros, y tiradoras con tuercas grandes como proyectiles. Hasta armas de fuego. Del otro lado, cerca de los semáforos del Ministerio Público, estaban los opositores, los que iban con Eduardo Montealegre.

Era el martes 11 de noviembre de 2008 y dos días antes se habían efectuado las elecciones municipales en Nicaragua y, aunque faltaban votos por contar, el Consejo Supremo Electoral (CSE) le estaba asignando al Frente Sandinista (FSLN) un total de 96 alcaldías de 153 que existen en el país, entre ellas la capital Managua.

Ese día había violencia en Managua y en varios otros departamentos del país. En la zona de Metrocentro se vivieron los hechos más fuertes. El reciente Gobierno de Daniel Ortega desplazó hacia la zona turbas y empleados del Estado para intimidar y acorralar a los simpatizantes del candidato opositor Eduardo Montealegre, quienes protestaban y denunciaban un fraude electoral.

Los sandinistas lanzaron piedras contra el centro comercial de Metrocentro, donde los opositores intentaban refugiarse. La Carretera Masaya estaba bloqueada por ambos grupos.

Apenas dos años atrás, Daniel Ortega y el FSLN habían regresado al poder, prometiendo paz y reconciliación, pero muy pronto, en ese 2008, Ortega comenzaría a emplear la fórmula que lo mantiene hasta hoy en el poder: división de la oposición, fraude electoral, eliminación de la observación electoral nacional e internacional, violencia electoral, uso de los bienes del Estado y de los empleados públicos, violación a la Constitución Política.

Esa ha sido la tónica que ha marcado la administración de Daniel, hasta tomar el control de todas las instituciones públicas y Poderes del Estado.

Este domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega buscará reelegirse por tercera ocasión consecutiva. Los analistas y opositores explican que lo hará repitiendo la fórmula que lo ha mantenido en el poder desde el 2006.

Este año electoral, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo encarcelaron a siete precandidatos presidenciales, la mayoría de ellos con fuertes posibilidades de ser candidatos triunfadores. Eliminaron a los partidos Partido Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), despojándolos de la personería jurídica.

En lugar de los aspirantes presidenciales que están encarcelados, el orteguismo colocó enfrente a candidatos que no tienen posibilidad real de salir electos presidentes. Son cinco y están respaldados por partidos denominados “zancudos” porque se prestan a legitimar unas elecciones sin calidad, a cambio de recibir una pequeña porción del pastel del poder: algunas diputaciones y cargos públicos.

Y como lo ha sido desde hace varios años, en la actualidad el FSLN y Ortega controlan totalmente el Poder Electoral, ya que los cinco magistrados actuales son militantes sandinistas.

La mesa está servida para que Daniel Ortega se adjudique un nuevo periodo presidencial.

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Las elecciones de 2006 sirvieron para que Ortega recuperara el poder que había perdido en 1990, cuando fue derrotado en las urnas por Violeta Barrios de Chamorro, en la casilla de Unión Nacional Opositora (UNO).

Ortega había intentado recuperar ese poder en dos elecciones, pero las había perdido en 1996 frente a Arnoldo Alemán y en 2001 ante Enrique Bolaños. Sin embargo, los organismos de observación electoral como Centro Carter, la Unión Europea, Ética y Transparencia, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), entre otros, explican que en las elecciones de 2006 fueron en las que más opciones tenían los nicaragüenses para elegir.

Se presentaron principalmente cuatro candidatos: Ortega, José Rizo por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre por los liberales disidentes y Edmundo Jarquín por los sandinistas disidentes.

Ortega maniobró para que Jarquín no le restara votos, pero los dos candidatos liberales se encontraban en una pugna fuerte y su división facilitó la victoria de Ortega, en primera vuelta con apenas el 38 por ciento de los votos obtenidos, pero con una ventaja mayor al cinco por ciento sobre su más cercano perseguidor, Montealegre, quien sacó el 29 por ciento de los votos válidos.ç

En aquellas elecciones, a pesar de que hubo fuertes irregularidades, muy pocos cuestionaron el triunfo de Ortega. Los observadores electorales cuestionaron la politización del Poder Electoral, dirigido por magistrados que militaban en dos partidos, el FSLN y el PLC.

Uno de los mayores problemas fue el de la cedulación, ya que en esas elecciones se decidió que sólo se votaría con cédulas de identidad, pero el 18 por ciento de la población votante no tenía ese documento. Además, el padrón electoral, creado en 1989, no había sido sistemáticamente depurado y estaba inflado. 

Un estudio de Ética y Transparencia demostró que ya habían fallecido el 25 por ciento de las personas que aparecían en el padrón electoral.

El día de las votaciones, muchas personas llegaban a votar, pero no aparecían en el padrón electoral y eran enviadas a buscarse en otras Junta Receptora de Votos. Los votantes se desilusionaron y desistieron de votar, recuerdan analistas. 

A ese fenómeno se le llamó “ratón loco”, ya que el Poder Electoral no tomó en cuenta los artículos 41 y 116 de la Ley Electoral que permitía a un ciudadano votar en una JRV con su cédula, aunque no apareciera su nombre en el padrón electoral.

Mediante unas reformas a la ley electoral en el año 2000, Ortega y Arnoldo Alemán se habían asegurado de que fuera difícil crear nuevos partidos y también eliminaron la suscripción popular, mediante la cual una persona, aunque no tuviera partido político, podía ser candidato presidencial con el aval de un determinado número de firmas de ciudadanos.

Por último, la conformación de las mesas electorales era injusta, porque el FSLN y el PLC, que eran los partidos que dominaban el CSE, se quedaban con los principales puestos dentro de la Junta Receptora de Votos, por lo tanto, no le daban espacio a los demás partidos, propiciando una parcialidad a favor de esas dos agrupaciones políticas dominantes.

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Las elecciones de 2008 sirvieron para que se dedujera qué se esperaba en las siguientes elecciones presidenciales de 2011.

Durante las municipales de ese año 2008, al FSLN se le vio usar la violencia electoral como uno de sus principales recursos de batalla, pero lo más llamativo fue ver que el orteguismo comenzó a eliminar la observación electoral. No invitó a las misiones internacionales como la OEA, el Centro Carter y la Unión Europea.

Además, negó credenciales a organismos nacionales como Ipade y Hagamos Democracia. Ética y Transparencia no quiso solicitar acreditación.

Ese año, se comenzó a ver cómo el FSLN utilizaba los recursos del Estado para hacer campaña política, el proceso de cedulación se realizó sesgadamente, beneficiando con cédulas únicamente a los partidarios sandinistas y obstaculizando la entrega de las mismas a los simpatizantes opositores.

Fue llamativo como el presidente del Poder Electoral, magistrado Roberto Rivas, comenzó a ser visto en público en actividades del FSLN, coreando las consignas del partido.

El día de las elecciones, los fiscales opositores eran impedidos de entrar a las juntas receptoras de votos o expulsados de las mismas antes del conteo de los votos.

En las elecciones presidenciales de 2011 se repitieron esos mismos patrones de las municipales de 2008 y el Poder Electoral inventó un cargo que no está en la ley electoral, el de Coordinador de Centro de Votación. Se agruparon a varias Juntas Receptoras de Votos y se les nombró un coordinador que siempre fue un militante del FSLN. Por no estar esa figura en la Ley Electoral, se desconocía cómo debía ser elegido.

En esas elecciones no debió participar Daniel Ortega, porque el artículo 147 de la Constitución Política le prohibía ser reelecto. Pero Ortega utilizó al Poder Judicial para dictar una sentencia de la Sala Constitucional que le permitiera ser candidato nuevamente.

En ese año, el Poder Electoral terminó de destruir la observación electoral. Inventó la figura de acompañamiento electoral, que no aparece en la Ley, en vez de observación electoral. Para los observadores electorales internacionales, como el Centro Carter, eso fue grave porque está en contradicción con los principios internacionales de observación electoral.

Mediante esa figura de acompañamiento electoral, el Poder Electoral de Nicaragua lo que hizo fue rebajar la condición de los observadores electorales internacionales, a quienes les pidió que debían informar en que Juntas Receptoras de Votos iban a observar y también debían consensuar primero con el CSE los resultados de su conteo rápido antes de darlos a conocer públicamente.

Los observadores internacionales que aceptaron esas condiciones no pudieron observar todo el proceso porque la acreditación de sus miembros fue tardía. No pudieron observar la inscripción de los candidatos, la verificación y el primer mes de campaña electoral.

Otro de los ataques a la observación electoral fue que no dejaron entrar a 10 de los 50 observadores electorales de la OEA a las JRV cuando iniciaron las votaciones y no pudieron constatar si las cajas estaban vacías al momento de ser selladas.

En esas elecciones los candidatos principales eran, además de Ortega, el expresidente Arnoldo Alemán y el empresario radial Fabio Gadea, disidente liberal. Otra vez el voto opositor estaba dividido, lo cual facilitó el triunfo de Ortega.

En esta ocasión, los disidentes sandinistas no pudieron participar en casilla propia porque en el año 2008 el Poder Electoral le canceló la personería jurídica al MRS, así como al Partido Conservador. La eliminación de partidos políticos es una práctica que el orteguismo realiza hasta en la actualidad para no compitan con candidatos o fuerzas políticas con chances de triunfo electoral.

La violencia electoral fue una constante durante el proceso electoral y el propio día de las elecciones, en San José de Cusmapa, Madriz, tres simpatizantes de la disidencia liberal, un padre y dos de sus hijos, fueron asesinados por simpatizantes sandinistas porque habían protestado por la falta de cédula de identidad.

Fue violenta también una protesta en el Consejo Electoral Municipal de Sébaco, Matagalpa, donde un grupo de personas atacaron la sede y quemaron vehículos.

Nuevamente la conformación de las juntas receptoras de votos fue un problema porque la mayoría estaban constituidas por miembros del FSLN, ya que la segunda fuerza acreditada, la ALN, no tenía el personal suficiente en todo el país y sus cupos fueron llenados por simpatizantes sandinistas.

En este año, además de la utilización de los recursos del Estado, en el FSLN se hizo evidente el derroche de dinero que provenía de la ayuda venezolana. Por su parte, los opositores contaban con escasos recursos para enfrentar al oficialismo.

El FSLN se había apropiado para 2011 de varios canales de televisión y de radios, un acaparamiento de medios de comunicación que le permitía controlar la información, aunque medios como La Prensa y Radio Corporación denunciaban incesantemente los desmanes del oficialismo en los procesos electorales.

No fue difícil para Ortega adjudicarse las elecciones, pero fue notorio el incremento de votos que se atribuyó, pues llegó a tener 63 diputados en la Asamblea Nacional, obteniendo el poder maniobrar en el Legislativo. Dos años después reformó la Constitución Política a su gusto.

Todo eso transcurría, explican diversos analistas, con el consentimiento de la empresa privada.

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Lo más polémico de las elecciones del 2016 fue ver cómo Daniel Ortega llevaba de fórmula presidencial a su esposa Rosario Murillo. Lo calificaron de nepotismo y evidenciaba las claras intenciones del orteguismo de concentrar todo el poder en una sola familia.

En estas elecciones fue eliminada totalmente la observación electoral. El Centro Carter y otros organismos internacionales lamentaron que para ese proceso no fueron invitados por el Gobierno de Nicaragua.

Tampoco se acreditó a organismos nacionales.  Antes de estas elecciones, mediante una sentencia del poder judicial, se le quitó a Eduardo Montealegre la representación del PLI y de esa manera Ortega eliminó a dos candidatos potables, como eran Luis Callejas y Violeta Granera.

Los opositores lamentaron que no hubo mucho tiempo para prepararse, ya que el periodo electoral fue reducido de un año a seis meses y el proceso para conformar alianzas pasó de dos meses a solo 15 días.

El proceso de verificación ciudadana estuvo muy escaso, ya que solo llegaron a verificarse 1.2 millones de nicaragüenses, lo que representó el 33 por ciento de todos los votantes.

Al final, los candidatos opositores fueron cinco pero ninguno de ellos tenía la posibilidad real de resultar electo. Las elecciones fueron declaradas por varios organismos como no competitivas

El resultado era predecible. Aunque no se tenían cifras claras, fue evidente el alto grado de abstencionismo el día de las votaciones. El proceso terminó de ser empañado cuando al final del día, tres personas fueron asesinadas por el Ejército en Ciudad Antigua, las cuales resultaron tener conexiones con opositores de esa ciudad segoviana.

El abuso de los bienes del Estado y de la utilización de los empleados públicos también fue parte de este proceso electoral que dio como ganador a Daniel Ortega, a quien se le conoció como presidente designado por el poder electoral y no como un presidente legítimo, acompañado de su esposa como vicepresidenta.

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Este domingo 7 de noviembre de 2021 nuevamente hay elecciones presidenciales. Se trata de un proceso electoral que tiene las mismas prácticas de las últimas dos elecciones presidenciales, las de 2011 y las de 2016.

El analista político Enrique Zelaya Cruz, conocido como Doctor Henry en las filas de la Contra, explica que Daniel Ortega ha demostrado ser una persona antidemocrática, pero los nicaragüenses no lo han querido comprender y siempre confían en que Ortega brindará elecciones limpias.

Después de las protestas de abril de 2018, cuando fueron asesinados más de 325 nicaragüenses por paramilitares orteguistas, la OEA le pidió a Ortega que hiciera reformas electorales correctas, pero  Ortega hizo caso omiso a esas recomendaciones y aprobó unas reformas electorales a su medida.

Según el Doctor Henry, en este nuevo proceso electoral de 2021 no se puede derrotar a Daniel Ortega, porque, entre otras cosas,  aprobó la Ley de Agentes Extranjeros que prohíbe obtener financiamiento extranjero a las organizaciones políticas.

También se aprobó la Ley de Ciberdelitos, la cual impedirá que los ciudadanos puedan denunciar en las redes sociales cualquier evidencia de fraude en las elecciones. Quien tomé una foto o un video en las Juntas Receptoras de Votos puede ser llevado a la cárcel.

Ortega llega a unas nuevas elecciones rompiendo inescrupulosamente con las reglas democráticas e intensificando la represión. Al final, dicen los analistas, eso es lo único que lo sostiene.