A nivel mundial, el 2020 ha sido considerado como el año de la pandemia, pues desde que las autoridades chinas reportaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de un tipo desconocido de neumonía en la ciudad de Wuhan, el 31 de diciembre de 2019, bastaron tres meses para que el virus Sars-Cov-2, causante del Covid-19, se convirtiera en la primera pandemia del siglo XXI y una de las más mortales en la historia de la humanidad.

A un año de reportado el primer brote en China, el Covid-19 ha infectado a 80.5 millones de personas, dejando un saldo mortal de 1 millón 760 mil de ciudadanos en 191 países de todo el mundo, según datos de la estadounidense Universidad John Hopkins. 

Pese a que la OMS declaró al Covid-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020, de forma tardía, fue siete días después de que las autoridades sanitarias de Nicaragua reportaron de forma oficial el primer caso en el país.
Tan solo ocho días después de anunciado el primer caso positivo de coronavirus en el país, el 26 de marzo, la vicepresidenta, Rosario Murillo, informó del primer fallecido por la pandemia, lo que ocasionó que la ciudadanía se volcara en masa hacia las farmacias para abastecerse de alcohol, guantes y mascarillas para hacerle frente al virus.

Los primeros cuatro casos de coronavirus en el país fueron anunciados por Murillo, quien se apoderó de los anuncios oficiales de casos confirmados hasta el 31 de marzo, cuando por primera vez, delegados del Ministerio de Salud (Minsa), se hicieron cargo de dar conferencias de prensa sobre la pandemia, hasta la fecha.

LA FALTA DE RESPUESTA

Minimizar el impacto de la pandemia ha sido una constante para el régimen orteguista en Nicaragua, ya que a medida de que países de Europa y América, incluyendo los de la región centroamericana, establecieron fuertes medidas de distanciamiento social para mitigar el avance de la pandemia - como el cierre de fronteras, cierre de espacios y actividades públicas, la imposición de cuarentena obligatoria, así como el cierre de escuelas - Ortega optó por ellas y, por el contrario, durante toda la pandemia, ha promovido ferias, marchas, fiestas patronales, torneos deportivos, festivales en todos los departamentos del país y ha obligado a muchos estudiantes de escuelas públicas a asistir a clases, amenazándolos con la expulsión, si hacían caso omiso.

El dictador Ortega, como de costumbre cuando ocurre una crisis en el país, se escondió ante la situación sanitaria que atravesaba los nicaragüenses. No dio la cara durante la pandemia hasta 34 días después de haberse detectado el primer caso oficial, el 15 de abril.

En esa ocasión, Ortega alardeó de que Nicaragua gozaba de los índices más bajos de coronavirus en la región, al mismo tiempo que justificó la falta de medidas de restricción para prevenir el contagio del virus.  “De manera ordenada hemos adoptado medidas guiándonos por las normas internacionales, pero aplicándolas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras posibilidades materiales, económicas”, dijo Ortega en esa ocasión.

Ortega también descalificó la iniciativa promovida por organizaciones autoconvocadas denominada “QuedateEnCasa”, que nació precisamente ante la falta de medidas gubernamentales para evitar que la población contrajera el virus.

“El quedate en casa, destruye el país (…) si le decimos a la gente: ‘quédense en casa’, ¿quién va a fumigar?”, dijo Ortega. También atacó a la sociedad civil y gremios de médicos independientes de promover esta campaña, a quienes acusó de ser “los mismos que quisieron hundir el país en 2018. Son los mismos que se aprovechan de cada situación".

De hecho la OPS, el 18 de agosto instó al régimen a evitar las actividades promovidas por el régimen, por representar una amenaza de contagios en el país. “Los eventos públicos con gran aglomeración de las personas son un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona a otra, y deberían reducirse esos eventos”, exhortó el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS.

Por otra parte, al menos 20 trabajadores de la salud, entre estos unos 16 médicos, que cuestionaron la respuesta del régimen ante la grave situación del Covid-19, fueron despedidos y otros dos fueron obligados a renunciar, según reportes de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Uno de los casos más emblemáticos fue el despido del doctor Carlos Quant, un reconocido infectólogo que trabajó por más de 20 años en el Hospital Manolo Morales.
Posterior a los despidos, varios médicos denunciaron ante la Comisión Permanente de Derecho Humanos (CPDH), que el Ministerio de Salud les obligó, durante la pandemia, a cambiar el diagnóstico de los pacientes de Covid-19, aunque las pruebas dieron positivo, por neumonía u otra enfermedad asociada, con el fin de ocultar los casos.

En los diez meses de pandemia que ha vivido Nicaragua, 111 personas entre médicos, personal de enfermería, administración y limpieza de centros hospitalarios del país han muerto por Covid-19, mientras que más de 830 se contagiaron del virus mientras atendían a pacientes infectados, según el conteo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19.

COLAPSO DE CENTROS Y ENTIERROS EXPRÉS

Otra evidencia de que el régimen se ha aferrado a ocultar los casos de Covid-19 fueron los entierros exprés y el colapso de los hospitales, que se dieron durante el repunte de contagios vividos entre mayo y junio. 

Los hospitales rebasaron su capacidad y los familiares de pacientes hospitalizados se concentraron en largas filas afuera de los centros hospitalarios. El caso más emblemático fue el hospital de referencia nacional Alemán Nicaragüense, de donde día y noche salían ataúdes sellados. 

Mientras que por las noches, en los cementerios del país se realizaban entierros clandestinos que la población denominó como "entierros exprés", que disiparon las dudas sobre las muertes por coronavirus en el país: ataúdes que desfilaban en las afueras de las morgues de los hospitales; las muertes en casa por aparentes síntomas de Covid-19 y la alta demanda de cajas funerarias.

En mayo se supo, a través del del Sistema de Contrataciones del Estado (Siscae), que la Alcaldía de Managua presupuestó 12 millones de córdobas para la compra de ataúdes, uno por dos millones de córdobas y la otra por diez millones. 

Aunque cada año la comuna capitalina realiza compras de ataúdes para ayudar a personas de escasos recursos que pierden a sus familiares, los montos de este año superaron a los del 2019, cuando se invirtió 3.5 millones de córdobas en la compra de ataúdes.

SIN DATOS

Durante las conferencias de prensa brindadas por el Minsa sobre los casos de Covid-19, la información brindada ha sido muy poca, lo que a criterio de médicos independientes, imposibilita saber de forma oficial el comportamiento del virus. 

En un inicio, los comunicados del Minsa utilizaron terminologías confusas respecto al estado de los pacientes infectados como “delicados, pero estables”. Posteriormente la condición reflejada en las comunicaciones oficiales cambiaron a “delicados y atendidos”, para después cambiar la frase para calificar el diagnóstico de los pacientes con Covid-19 como: “en seguimiento responsable y cuidadoso”, que se ha mantenido hasta la fecha.

La falta de cifras reales sobre casos y muertes por la pandemia, han sido cuestionadas incluso por la OPS, que en reiteradas ocasiones, en sus conferencias virtuales semanales, han solicitado al régimen información más clara sobre los contagios del Covid-19 en el país. 

“No hemos recibido información detallada como lo requiere el reglamento sanitario internacional, de modo que como resultado no podemos decir cuál es la situación actual de Nicaragua en términos de la pandemia”, dijo Ciro Ugarte, de la OPS, el 14 de julio.

Cuatro días después, Ugarte continuó demandando información real a las autoridades nicaragüenses y expuso que ante la falta de transparencia en la información oficial, han tenido que tomar en cuenta las fuentes extraoficiales. 

“Esta falta de información no ha permitido a la OPS evaluar correctamente la situación, y ante la falta de información oficial transparente, las fuentes no oficiales son las que se tienen que tomar en cuenta para evaluar la situación y entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del país”, dijo Ugarte.

Cabe señalar que fue a través de una filtración adjudicada por el grupo de hackers Anonymous, que médicos independientes encontraron que el Minsa ocultó 6,245 casos positivos de Covid-19 entre el 18 de marzo y el 24 de julio. En esa ocasión, la base de datos del Minsa, filtrada por Anonymous, fue analizada por el doctor Álvaro Ramírez, exdirector de epidemiología del Minsa.

Con esos datos se constató que en ese mismo periodo se realizaron  17,284 pruebas para detectar Covid-19, de las cuales 9,683 resultaron positivas, lo que dejó en evidencia que el régimen optó por solo reportar una pequeña muestra con escuetos informes semanales, para vender un clima de “normalidad”.

 El 21 de julio, el Minsa reportó 3,439 casos en total y 108 muertes, no obstante el informe filtrado reveló que hasta el 24 de julio había 9,683 casos positivos. 

MÉDICOS INDEPENDIENTES Y SU ROL

Este secretismo en las cifras de contagios y muertes provocadas por la pandemia y el despido de médicos, derivó en la creación de varios gremios independientes que nacieron a raíz de la pandemia para difundir información científica sobre la misma y alertar a la población de los riesgos y las medidas a tomar.

El primer gremio creado fue el Observatorio Ciudadano Covid-19, que nació en abril de este año con el fin de contribuir a llenar el vacío de información sobre la situación de la pandemia en Nicaragua. Desde entonces, es el gremio encargado de monitorear los casos y muertes de coronavirus que se registran en el país desde el inicio de la pandemia.

Posteriormente, el 27 de marzo, surge el Comité Científico Multidisciplinario, que aglomera a expertos en educación y psicología, así como médicos de todas las especialidades, entre estos epidemiólogos, pediatras, ginecólogos y neumólogos. Este gremio nació como una iniciativa que busca prevenir a la población de los riesgos que implica el coronavirus.

Aunque nació en julio de 2018, otro de los gremios que han atendido a la población nicaragüense de forma independiente es la Unidad Médica Nicaragüense. Fue el 18 de mayo de este año que la UNM habilitó tres líneas telefónicas para atender a la población sobre las medidas a tomar en caso de estar infectado y para despejar dudas sobre la pandemia, logrando hasta este 30 de diciembre 13,500 consultas a nicaragüenses, tanto en físico como en teleconsejería y telemedicina.

Aunque las autoridades nicaragüenses han recibido desde abril, el donativo de al menos 41,000 pruebas para diagnosticar Covid-19, estas han sido completamente centralizadas a tal punto que se desconoce el número de pruebas aplicadas por el Minsa y los resultados de las mismas.

El 7 de abril, el régimen recibió el primer donativo de 26 mil pruebas para detectar coronavirus por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El otro donativo fue por parte de Rusia, con un total de 5,000 pruebas entregadas el 10 de julio. Mientras que el 31 del mismo mes, el Gobierno de Taiwán donó otras 10,000 pruebas rápidas para Nicaragua. A estas se le sumarían las 100 mil pruebas que el régimen ordenó comprar, el 15 de julio, para detectar el Covid-19, de las cuales hasta el momento, no se sabe sobre el dinero gastado para dicha compra. 

No obstante, contrario a las recomendaciones de la OPS de aplicarlas de forma gratuita y a la mayoría de la población para conocer el comportamiento real de la pandemia, el régimen a través del Minsa ha impuesto un cobro de 150 dólares, equivalente a 5,238 córdobas, a quienes decidan realizarse la prueba. 

Así lo estableció el Minsa el viernes 17 de julio a través de una resolución ministerial en el que estableció que la prueba será realizada únicamente en el Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios. Médicos independientes y opositores han catalogado este cobro como un negocio del régimen, aprovechando la situación de emergencia que continúa atravesando el país.

De hecho, el 25 de marzo, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) informó que los hospitales privados del país solicitaron al régimen la autorización para la realización de pruebas de Covid-19, ante la cantidad de pacientes que la ameritaban. Sin embargo, hasta la fecha estos no han recibido respuestas. 

La OPS reaccionó a este cobro arbitrario de la prueba en Nicaragua, argumentando que “basados en los principios universal de la salud y la equidad para las personas que no tienen recursos, sobre todo en una pandemia como la del Covid-19, las pruebas no deberían tener costo para la población”.

Incluso, durante y posterior al impacto de dos potentes huracanes en el país en los primeros 15 días de noviembre, el régimen tampoco tomó en cuenta aplicar pruebas a los damnificados, quienes debido a perder o huir de sus casas, tuvieron que aglomerarse en albergues improvisados, especialmente en el Caribe Norte, donde ocurrieron los mayores estragos.

“Consideramos que luego de los huracanes la descentralizaciones de las pruebas va a ser uno de los signos principales del compromiso multiinstitucional para controlar la Covid-19 en Nicaragua”, recomendó la OPS el 2 de Noviembre, un día antes de que impactara el primer huracán. No obstante, el régimen jamás habló de los efectos del Covid-19 en la población que sufrió los embates de los ciclones.

A nivel centroamericano, Nicaragua es el único país que cobra por la prueba Covid-19 pues al menos diez países de Latinoamérica, Estados Unidos y España no cobran por realizar las pruebas.

MANEJO DISCRECIONAL DE FONDOS

Aunque países de la región centroamericana como Costa Rica, Panamá y El Salvador ya autorizaron el uso y distribución de vacunas para combatir el Covid-19, hasta el cierre de este recuento, se desconoce si las autoridades nicaragüenses han impulsado políticas sanitarias o protocolos para obtener alguna de las vacunas que se han desarrollado, para distribuirla y aplicarla en la población.

La única garantía con la que cuenta el régimen orteguista es la donación que recibirá a través del mecanismo Covax, que establece un porcentaje de vacunas para los países pobres de la región. Nicaragua solamente recibirá vacunas para el 20% de la población, lo que a criterio de médicos independientes es “insuficiente”.

DISPARIDAD DE CIFRAS

Hasta el martes 29 de diciembre, cuando médicos independientes advierten de un rebrote de coronavirus en el país, el régimen orteguista contabiliza solo 6,046 casos y 164 muertes por Covid-19 por pandemia en el país. 

No obstante, esta cifra oficial es muy baja si la comparamos con el conteo del Observatorio Ciudadano Covid-19, que registra 11,780 contagios y 2,851 muertes vinculadas a la pandemia.

Mientras tanto, a nivel centroamericano, las cifras de muertes siguen en aumento ante rebrotes que se han estado dando en las últimas semanas. 

Hasta este 30 de diciembre, Guatemala registró 137,166 casos y 4,803 muertes. Costa Rica contabiliza 34,436 casos y 2,171 muertes. El Salvador acumula 45,960 casos y 1,327 muertes. Panamá lleva 242,744 casos y 3,975 muertes, mientras que Honduras totaliza 120,912 casos y 3,111 muertes.