“¡No me mirés!”

La frase no era el ruego de alguien descubierto en una situación embarazosa. Era la orden de un funcionario del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que llevaba implícita la promesa de una golpiza en contra de ‘Raúl’, el reo que se había atrevido a retar con la vista al carcelero que lo golpeaba. La intención era clara: ‘Raúl’ debía entender quién manda dentro de la cárcel.

‘Raúl’ es un reo que vivió durante más de una década, los rigores de un personal carcelario que cada año muestra mayores niveles de perversidad en su trato hacia los reos a los que, por ley, están obligados a cuidar y tratar de reeducar, mientras estén bajo su tutela en las cárceles del país.

“Por decirles ‘guardia’ (un término que no les gusta, porque los compara con los agentes de la Guardia Nacional de Somoza), podés ganarte un empujón o un golpe, como mínimo”, dice ‘Raúl’, aunque “era común que te abofetearan si levantabas la vista para enfrentarlos”.

Desde la seguridad que le dan su ganada libertad, y el solicitado anonimato, recuerda el caso de un reo que reclamaba a los guardas para que no maltrataran a un anciano de 70 años. “La guardia lo acusó de ‘levantamasas’, y eso fue suficiente para que quince funcionarios lo sacaran a la fuerza, desde hasta el pasillo central. Ahí lo desnudaron, y golpearon a puñetazos.

Cuando les reclamó porque no tenían autoridad para torturarlo, le gritaron que se callara mientras lo abofeteaban. A los antimotines de la penitenciaría, con solo que intentaras verlos, te abofeteaban”, narra.
Una bofetada es el menor de los males a los que se puede enfrentar un reo. Los organismos defensores de Derechos Humanos coleccionan decenas de denuncias por maltrato físico y sicológico, golpes, tortura… y reos que mueren productos de esas golpizas, aunque luego los informes oficiales digan que la muerte fue por un ataque al corazón, (como el caso de Carlos Alberto Cohan) o simplemente, por un suicidio, como dice el reporte por la muerte de Donald Jiménez Jiménez.

En 2014, Carlos Alberto Cohan era un reo de 73 años de edad, oriundo de Siuna, condenado a 15 años de cárcel. Era un hombre de mal carácter y movimientos lentos, encargado de limpiar los pasillos.

Una mañana en que el anciano realizaba su labor, discutió con otro reo que intencionalmente o no, ensució el lugar que él acababa de limpiar. Cuando pasaron de las palabras a los golpes, llegaron varios funcionarios a los que solo se les ocurrió resolver el pleito con más golpes.

El anciano fue sometido a puñetazos y patadas, por varios guardas que lo golpearon de forma exagerada, al punto que vomitó sangre y perdió el conocimiento, momento en que lo trasladaron a una celda en la galería de aislamiento, donde el anciano pasó quejándose toda la noche, pero nadie se interesó en él. Al día siguiente lo hallaron muerto. A la familia le dijeron que fue por un infarto.

En 2016, el reo Donald Jiménez Jiménez tenía 46 años de edad. El que sería el penúltimo día de su vida, parecía ser uno de esos en que te sonríe la vida, porque le correspondía recibir una visita conyugal en el turno de 10 a 12 de la mañana. Dos horas para sentirse persona.

Por alguna razón, discutió con su pareja en el cuarto de visitas conyugales. Los funcionarios oyeron la discusión, y entraron a la habitación, a sacarlo a golpes y patadas, hasta que perdió el conocimiento, por lo que lo llevaron desmayado a una celda de castigo. A la mañana siguiente, fue hallado sin vida, pero el caso se reportó como “suicidio”.

Los “infartos” y “suicidios”, son los eufemismos que se usan para disimular los casos en que el uso de la violencia extrema se salda con la muerte de los reos, y cumplir así con la promesa de impunidad con que opera el personal penitenciario.

‘Raúl’ relató que la mayor parte de los casos en que se aplicaba mayor violencia física contra los reos, eran perpetrados por los mismos guardias. “Los custodios más violentos llegan a convertirse en los preferidos de los jefes y en el terror de los penales”, recuerda con indignación.

Todo el que haya estado recluido en Juigalpa a partir del 2014, recordará con terror los nombres de César Tablada, de Alexander López (el Orangután), Pablo Rodríguez (Pablo Chirizo), Bayardo Sequeira (Bayardito), Ignacio Matuz (el Gato Ignacio), Alexander Picado, Jorge Jarquín (Malanga), Lesther Mejía, Lesther Sequeira y un violentísimo guardia a quien apodaban “el Boxeador” porque usaba sus conocimientos técnicos de ese deporte para golpear a los reos.

Después, todo el que haya estado recluido en Tipitapa en los peores días de 2018, (cuando se reportaron más secuestros y mayor represión) también conoció el horror, luego que estos guardias fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada “La 300”, en Tipitapa, bajo el mando del alcaide Roberto Guevara, donde se encargaron de aplicar las mismas técnicas de tortura a los ciudadanos que estaban encarcelados ahí por razones políticas.

Todos estos guardias fueron ascendidos en grados como premio a su aplicada obediencia y “eficacia en técnicas de tortura a los presos políticos, y por su fidelidad al régimen. Por ejemplo, Cesar Tablada, en solo dos años pasó de subalguacil, a subalcaide, con el cargo de subdirector de penal”, explicó.

El 15 de abril de 1985, Nicaragua suscribía la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, basado en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclaman que “nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La idea subyacente en los legisladores era que los nicaragüenses no volvieran a vivir los horrores sufridos en las cárceles de la dictadura somocista, derrocada el 19 de julio de 1979. Lo que pocos sabían, es que esos horrores seguían presentes, aún en el contexto de la ‘Revolución’ que muchos de ellos sustentaban.

“En Nicaragua siempre ha habido tortura. La había desde la época de Somoza, y ahí está mi ejemplo: yo fui una persona torturada, y tengo las pruebas”, asegura con firmeza la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

“Sabemos que había torturas desde la época de la Revolución, pero ese era un conocimiento muy tangencial. En ese tiempo yo estaba en la Corte Suprema, y no creían en nosotros”, porque tenían poca participación política. “Yo me comienzo a dar cuenta de las barbaridades que hacían, cuando me sacan de la Corte, y me ponen a trabajar en la comisión gubernamental de Derechos Humanos, y ahí es donde me doy cuenta que hay un desastre”, recuerda.

Las cosas fueron diferentes durante los siguientes tres períodos de gobierno, asegura Gonzalo Carrión, presidente del Colectivo Nicaragua Nunca +, que trabaja desde el exilio en Costa Rica para documentar las transgresiones a los derechos de los nicaragüenses en el país, mientras tutela los de los nicas que están en la vecina nación del sur.

Durante el período 1990 – 2007 “había apertura institucional. El Sistema Penitenciario no ponía obstáculos a nuestro trabajo. Si había un grave amotinamiento, aún con muertos, o alguien amanecía muerto, los alcaides nos avisaban. Los jefes de policía también nos llamaban cuando sucedía algo así en una celda policial “para que ustedes hagan su propia investigación”, decían, sin que eso no signifique que no se violaban los Derechos Humanos”, precisa Carrión.

En esos tiempos, ellos podían visitar las cárceles sin aviso previo para “revisar las condiciones, y no nos ponían obstáculos. Ahora no nos dejan pasar de la aguja. Eso se convirtió en la norma con este régimen”, añade el defensor.

La teoría que manejan algunos reos que guardaban prisión antes de la llegada de Ortega a la presidencia de la República, el 10 de enero del 2007, es que “la violencia en los penales comenzó a ser común –y hasta disfrutada por los agresores- a partir de esa fecha. Antes de eso, los funcionarios no se atrevían a golpearte”, señalan.

“En esa época, los organismos de Derechos Humanos llegaban a dar charlas (dentro del penal) a los privados de libertad. Los jueces de ejecución de sentencias visitaban los penales, y controlaban la ejecución de la pena, conforme con lo que está estipulado en la Ley. Después de 2014, esos jueces ya no pueden entrar a los penales, y menos los defensores de Derechos Humanos”, explican.

La llegada del matrimonio Ortega Murillo, “instaló una dictadura que impedía los mecanismos de verificación, pero eso no impedía que crecieran las denuncias de los familiares, tanto ante los organismos de Derechos Humanos, como ante los medios de comunicación”, dice Carrión desde el exilio.

“La explosión de abril nos permitió tomar mayor conciencia de lo que venía sucediendo. Desde antes, veníamos señalando cómo se violaban gravemente los derechos humanos”, dice mientras recuerda que ya en esa época había diez presos políticos, en referencia a Marvin Vargas, ‘El Cachorro’, y los nueve acusados de la masacre del 19 de julio.

“El carácter masivo y sistemático es la diferencia que se marca a partir de abril, aunque nosotros veníamos denunciando torturas tanto en El Chipote, como en los penitenciarios”, dice Carrión, coincidiendo plenamente con la doctora Núñez de Escorcia, quien asegura que “la tortura ha sido parte del estilo de trabajo (de las autoridades), y no solo en el Sistema Penitenciario, sino también en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida también como El Chipote, tanto en su antigua como en su actual ubicación”.

“A la fecha, se han documentado 73 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todos detenidos a raíz de las protestas sociales iniciadas en Nicaragua en abril de 2018. De estas 73 personas, al menos 11 estuvieron detenidas en centros clandestinos o irregulares”, se asegura en el segundo Informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, elaborado por el Colectivo Nicaragua Nunca +.

“A partir de esta sistematización se identificó 42 casos de tortura física realizada por agentes estatales, de los cuales, 20 fueron cometidos por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial… le sigue La Modelo, con 14 casos, y la estación del Distrito II de la Policía Nacional con un caso”, detalla.

‘Raúl’ también coincide en que la situación ya venía deteriorándose desde antes del 2018.

Al haber pasado preso la mayor parte del período presidencial de Daniel Ortega, este antiguo reo puede dar fe que “los niveles de maltrato y crueldad penitenciaria, crecieron a partir de enero de 2014, como reacción al amotinamiento de Juigalpa 2014”. Su tesis es que las autoridades penitenciarias ‘aprendieron la lección’, y decidieron aplicarla en contra de la población carcelaria.

‘Raúl’ recuerda que “la crueldad con que sofocaron el amotinamiento fue algo nunca antes visto: hubo más de 30 lesionados. Ahí se estrenaron las tropas antimotines del SPN que llegaron desde Managua, acompañados de técnica canina”.

A partir de lo que él pudo ver, concluye que los funcionarios penitenciarios “son entrenados por asesores cubanos, que los entrenan en técnicas de represión, y en manejo de la población penal. Su comportamiento base es responder con violencia a cualquier reclamo verbal que se les haga para exigir respeto a la persona. Los nicas estaban tan empapados de lo que les enseñaban sus ‘maestros’ cubanos, que ya habían adquirido el léxico propio de esa nación caribeña, de modo que era común escucharles decir palabras como ‘coño’, o ‘chico’”, recuerda.

‘Raúl’ no es el único que menciona una conexión cubana. Tanto el Tribunal de Conciencia creado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, en representación de la ‘Plataforma de Acceso a la Justicia’, como la Dra. Núñez de Escorcia, refieren testimonios de ciudadanos que fueron torturados, y que pudieron identificar a sus perpetradores, por esa forma de hablar que es característica de las Antillas.

El citado Tribunal determinó que “conforme a los testimonios presentados por las víctimas, establecemos que el Estado (de Nicaragua) viola derechos fundamentales, torturando, imposibilitando la legitima defensa, obligando a declarar contra sí mismo, violando el principio de legalidad, el de inocencia”.

Entre el batallón de torturadores, enlista no solo a miembros de la Juventud Sandinista y a paramilitares, sino también a “oficiales de Policía, hombres y mujeres”, y “extranjeros; se mencionan cubanos y venezolanos por la forma de hablar”.

La presidenta del Cenidh también conoce de esas versiones. Ella recuerda que “uno de los primeros casos que atendimos, en el contexto del 18 de abril, fue ese grupo de muchachos que capturaron en El Chipote”.

“Lo primero que hicieron, al entrar, fue quitarles sus zapatos. Luego los desnudaron y pusieron en fila, mientras los hacían pasar en medio de dos filas de policías: a un lado, policías nuevos; al otro, esas otras personas, a las que identificaron como extranjeros, y estos les indicaban a los nuevos, cómo debían golpearlos para no dejar señales. Les hicieron barbaridades”, remarca.

“Están entrenados para golpearte en las partes blandas del cuerpo, en donde haya músculos, para no fracturarte. Te desnudan para requisarte, y cuando estás desnudo, de frente a la pared, te golpean en los tobillos para que separés las piernas, aunque ya las tengas separadas, y te golpean debajo de las costillas, lo que genera una reacción que te hace orinarte o defecarte sin poderlo controlar”, complementa ‘Raúl’.

El 10 de junio del 2018, un joven de iniciales ‘J.S.’ fue detenido -por primera vez- por agentes paraestatales, que “lo tiraron al suelo y lo golpearon salvajemente, ocasionándole una fractura en las costillas; pérdida de piezas dentales y lesiones en la columna, como medio de castigo a su participación en las protestas. La golpiza se repetiría en múltiples ocasiones en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, de donde sería liberado el 30 de diciembre de 2019.

Su caso, narrado también al Colectivo Nicaragua Nunca +, se suma a los de muchas otras víctimas que narran formas crueles de infligir dolor a los reos, tal como lo narra el relato de un reo que accedió a contar su historia, con el compromiso de que su nombre no fuera revelado.

“Una vez me encontraron dinero (es prohibido poseer dinero dentro de las cárceles), y como les reclamé que era mío y no podían quitármelo, me esposaron las manos a la espalda, haciendo el ocho”, narra describiendo una técnica en donde obligan al reo a pasar una mano sobre su hombro derecho, y la otra por la parte baja de la espalda, forzándolo a lograr que ambas muñecas se acerquen lo suficiente para colocarles las esposas, después de lo cual, lo cuelgan de los barrotes.

“Esa vez me dejaron así por dos horas. Se me entumecieron las articulaciones, se me inflamaron los brazos, y cuando me soltaron no podía moverlos. No les pedí que me soltaran, para no mostrar debilidad. Otros reos sí pedían clemencia después de tres o cuatro horas, pero ellos casi nunca atienden un pedido de clemencia. Actúan con mucha saña. Es su forma de mostrar fuerza”, describe.

Después de haberlos observado por muchos años, este reo concluye que “muchos de los que integran los contingentes de funcionarios, son gente con poco nivel cultural. A veces, campesinos con poca formación académica e instrucción penitenciaria”.

Quizás eso explique la conclusión a la que llega un Roberto Orozco, un experto en políticas de seguridad, al decir que la violación a los Derechos Humanos que más resalta es “la tortura, considerada esta como intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, infligida intencionalmente por un funcionario público a una persona, con el fin de castigarla por un acto que ha cometido”.

“En el caso de los privados de libertad, la tortura aplicada contra ellos adquiere formas de golpizas, encadenamiento permanente, aislamiento en celdas de castigo, negación de atención médica y obtención de medicinas, abusos sexuales y, además, amenazas de muerte contra ellos y sus parientes, acciones frecuentes que han sido denunciadas por los reos y sus familiares ante los organismos de derechos humanos”, reportó el experto.

“Hay un desprecio generalizado a la humanidad. Están cegados al servicio de la familia en el poder, y por eso desprecian la humanidad de todos los que no son como ellos”, concluye Carrión.