Luisa Mejía fue la primera víctima del año de la violencia machista. Tenía 32 años y vivía en la comunidad El Capricho, Kukra Hill, Caribe Sur. Su familia la había reportado como desaparecida y 36 horas después, fue encontrada con signos de estrangulamiento. Corrían apenas dos días de un fatídico 2020 que se convertirá en uno de los peores para las mujeres. 

Yuri Salgado, originaria de San Ramón, Matagalpa, es la víctima más reciente. El femicida arrojó su cuerpo en un río en Honduras, donde había emigrado para trabajar en los cortes de café. Tenía 24 años y era mamá de dos niños. Su cuerpo aún no ha llegado a Nicaragua porque su familia se enfrenta a un costoso proceso de repatriación. 

La crisis sociopolítica del país que vive desde abril de 2018 y la  pandemia del coronavirus no han hecho más que profundizar los índices de femicidios en Nicaragua. Hasta ahora, 69 mujeres  han sido asesinadas por hombres, según cifras  del Colectivo Católicas por el Derecho a Decidir. Esas estadísticas  representan  un retroceso y muestran que la violencia machista está en aumento sin que el Estado dicte políticas públicas de prevención. 

La preocupación se ha profundizado desde que el régimen de Daniel Ortega decidió cerrar las Comisarías de la Mujer en 2015. “Desde hace cinco años, el Gobierno empezó a dar  señales claras de que la situación de las mujeres no es prioridad del Estado. Las Comisarías de la Mujer, se han convertido en una herramienta de propaganda política, cuando tenían un impacto positivo en la sociedad nicaragüense, porque trabajábamos de manera coordinada con las instituciones del Estado y las mujeres se sentían respaldadas”, sostiene  Martha Flores, del Colectivo Católicas por el Derecho a Decidir.

En enero de este 2020, ante el creciente aumento de femicidios, la Administración Ortega decidió reabrirlas como parte de la campaña “Mujeres por la vida, mujeres, paz y bien”, sin embargo las defensoras dudan de la efectividad porque en lo últimos años el Gobierno se ha encargado de maquillar las cifras sobre femicidios. “Estas instituciones operan  más a nivel  estructural que funcional”, dicen.

“Las Comisarías no son una alternativa real de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia machista.  Son un cuartito obscuro  de 2X2 metros, dentro de las estaciones de la Policía Nacional, que  solo existen de nombre,  y que en la práctica  son  instrumentos de propaganda del Gobierno, denuncia la psicóloga Lorna Norori, del Movimiento Contra el Abuso Sexual.  

Maryce Mejía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia afirma que las mujeres están ante un Gobierno insensible.  “El Estado no está asumiendo su rol, al contrario, estamos siendo testigos de  la politización de un problema social”, lamenta Mejía,  quien denuncia  que las  instituciones  de Gobierno  intentan ocultar la problemática para vender una imagen de país seguro e igualitario. 

Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también señalan  que a raíz de la crisis política, se han cerrado más del 80% de los albergues. De los 13 que existían, sólo  cuatro están abiertos: Asociación de Mujeres Emprendedoras de Waslala (Amewas) Waslala; Albergue Bilwi;  Movimiento de Mujeres Nidia White, en Estelí; y el Albergue 8 de marzo en Managua.   

 “Ante la falta de recursos que tenemos, de las 1,600 mujeres que lográbamos atender ahora tan solo podemos brindar ayuda a 340 mujeres,  con sus hijos. Con la crisis la cooperación se ha reducido y los albergues nos hemos visto obligados a funcionar con recursos propios. Hemos dejado de ser  prioridad para el  Gobierno”, sostiene Luz Torrez, coordinadora de la Casa albergue 8 de Marzo.

La Ley integral contra la violencia hacia la mujeres, Ley 779, en su art. 37, establece que el  Estado debe garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de la Comisaría y capacitación especializada en el tema de violencia contra las mujeres, además de  garantizar  recursos técnicos  y personal capacitado  las veinticuatro horas del día, los  siete días de la semana.

“El  Gobierno nos  acorrala y nos enrumba  a un camino sin salida.  Sus programas  no son funcionales, y las organizaciones de la sociedad civil  tenemos las manos atadas. No podemos operar con tranquilidad, ni tampoco contamos con suficientes  recursos ”, agrega Celia Vega de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

La situación de las  víctimas se torna más compleja. Además del cierre  de refugios y la falta de recursos de las organizaciones, la dictadura,  a través de  las recién abiertas Comisarías de la Mujer, promueve una  política de diálogo,  que obliga a las mujeres a mediar con sus agresores, lo cual marca  un retroceso de dos décadas para Nicaragua, que desde el 2000 empezó una lucha por erradicar la mediación, en los casos de violencia machista.

“Un acuerdo de mediación  establece que las dos partes se comprometen a no  seguir causando problemas. ¿Por qué  la mujer  se debe comprometer a no dar razones para que el hombre no la siga golpeando?, cuestiona Norori. “Desde ahí te das una idea de la gravedad de la situación.  Una mujer que vive violencia  cuando se atreve a denunciar es porque ya no aguanta más”, enfatiza. 

Esa medida oficial es vista por las defensoras como una “burla”. “El Gobierno ha convertido nuestra lucha  en un circo político”, lamenta Marta Flores.

Septiembre es el segundo mes más violento para las mujeres.  El 13,  el país se estremeció con los femicidios de dos niñas en Mulukukú. La madre de las menores aseguró no confiar en el trabajo de la Policía Nacional, pues anteriormente había interpuesto una denuncia de abuso sexual contra una de sus menores y no la escucharon. 

“Varias veces me he ido a quejar. La otra vez hubo uno que se hizo pasar de familiar me violó a la niña, fui a denunciar y dijeron que no lo seguían porque ni yo lo conocía, ni ellos tampoco, me violaron a esa niña más grande, me agarraron los trapos y se pusieron a investigarme a mí como que yo era la de la culpa”, lamentó Carmen tras trascender el caso. 

La realidad de Carmen se repite por todo el país y pone en evidencia, aseguran las mujeres, las prioridades de la Policía Nacional.

“La Policía no realiza investigaciones profundas sobre los femicidios, y las instituciones del Estado están amarradas. En los dictámenes forenses, catalogan los femicidios  como  asfixia mecánica, y los casos no prosperan  por  falta de testigos”,  expresa Flores, quien agrega: “Esta Policía no está cumpliendo con su papel, las familias de estas mujeres no obtienen justicia , y te encontrás con casos vergonzosos como el del hombre que mató a una mujer en Tipitapa, y  fue capturado 15 años después, dentro de poco lo van a sacar, porque es de la tercera edad”, comenta.

Norori también se pronuncia en esa línea:  “Los agresores y abusadores se siguen sintiendo con permiso para agredir a las mujeres, porque a nivel estructural el Estado no cuenta con personal capacitado para atender la problemática de violencia, ni con espacios que brinden seguridad a las víctimas”  advierte Norori.

Mientras la Policía Orteguistas gasta recursos públicos para perseguir a quienes se oponen a la dictadura, las mujeres siguen contando muertes sin que exista un cuerpo de seguridad que proteja, ni un Estado que garantice justicia. Las  historias de femicidios y violencia machista  se repiten casi todas las semanas. Algunas mujeres  denunciaron a sus  agresores, otras murieron callando el maltrato.

Y la pregunta frustrante que se hacen las mujeres es: ¿Cuántas más tendrán que morir para que el Gobierno cumpla con su deber de protegerlas? 

Este reportaje forma parte de una serie de artículos sobre el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer que se conmemora este 25 de noviembre.