C$5.9 millones en seguridad para Ortega entran a las arcas de Serprosa

La millonaria partida presupuestaria que Daniel Ortega asignó en 2020 para contratar servicios de vigilancia privada para la Presidencia ingresará a las arcas de la empresa Servicios de Protección Física y Seguridad S.A. (Serprosa). Esta compañía de seguridad ha comenzado a acaparar "la cartera" de El Goliat, que desde 2007 era la principal prestadora de servicios de seguridad del Estado y negocios vinculados a la familia presidencial; pero que debido a las sanciones de Estados Unidos quedó inhabilitada.

Según la resolución de la Licitación N° LP-002-09-2020, Presidencia adjudicó a Serprosa el contrato por 5 millones 96 mil 385.60 córdobas "por ser la única oferta que calificó técnica y económicamente" a la demanda de "Servicios de protección y vigilancia de los edificios administrados por la Presidencia de la República", entre los cuales está incluido El Carmen, la casa de habitación de los Ortega-Murillo y base de la Secretaría del FSLN, que Ortega convirtió también en despacho de gobierno.

Esta partida para seguridad presidencial es adicional al servicio de vigilancia que también el Estado paga a través de la Policía para dar protección de personalidades, lista encabezada por Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos los miembros de su familia. En 2020, la sancionada institución, dirigida por el consuegro de Daniel Ortega, comisionado general Francisco Díaz, recibió 334.83 millones de córdobas parqa ese fin.

DOBLE GASTO POR CUIDAR A ORTEGA

El fondo garantiza la operatividad de la Dirección de Seguridad y Protección de Personalidades, una dependencia policial exclusiva para brindar protección a figuras públicas y funcionarios de alto nivel.

La contratación externa de un servicio que ya presta una institución estatal revela ineficiencia en la administración pública, considera la investigadora Dayra Valle. "Uno de los parámetros fundamentales cuando el Estado compra es que debe existir una necesidad que origine la contratación y esa necesidad no puede ser satisfecha de ninguna otra forma. En este caso, que no exista un ente gubernamental que brinde este tipo de seguridad", sustenta la experta que es parte del Observatorio de Compras Públicas.

En este caso, Valle no ve sentido que siendo la Policía es una institución especializada en materia de seguridad se destinen fondos públicos para "pagarle a un tercero", con menos experiencia y capacidad. Esto se convierte en un despilfarro en un contexto de crisis económica como la que atraviesa Nicaragua desde 2018 como consecuencia de la represión y que se ha agravado con la pandemia de coronavirus. "Los recursos deben ser utilizados de manera más eficiente y las compras deben de responder a ese principio", subraya Valle.

SERPROSA, LA HEREDERA DE LA CORRUPCIÓN

La Presidencia llama a Serprosa a firmar el contrato el día 4 de noviembre de 2020, debiendo presentar ese mismo día una Fianza por C$298,019.28, equivalente al 5 por ciento del valor total adjudicado. El acuerdo contractual tendrá validez hasta el 5 de noviembre del año 2021, indica la resolución firmada por el secretario administrativo de Presidencia, Julio César González Rosales.

Serprosa S.A. fue creada por empleados de El Goliat y la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel). Opera bajo la marca comercial El Gladiador y como su apoderado legal aparece Francisco Javier Pérez Ubilla, exempleado del comisariato de la Policía, reveló La Prensa. Pérez Ubilla aseguró a ese medio negó tener vínculos con dicha institución.

Sin embargo, el 19 de diciembre del 2019, siete días después que Estados Unidos sancionara a El Goliat, Serprosa S.A. fue inscrita en el registro de marca de servicios como la dueña de El Gladiador, según consta en La Gaceta.

Serprosa es a partir de entonces señalada como el vehículo creado para continuar inyectando fondos del erario al tendido empresarial vinculado al régimen Ortega-Murillo.

Un empresario del sector de servicios personales aseguró a DESPACHO 505 que Serprosa y otras empresas del ramo propiedad de cercanos a Ortega centralizan las contrataciones públicas de este tipo, así se hagan mediante procesos de licitación. “Hay otras empresas que han querido participar en las licitaciones de seguridad en el Estado, pero no les dan ni siquiera el folio. La corrupción está más allá de todo. Son mafias las que operan recibiendo millones por amiguismos y lineamientos políticos”, sostuvo.

La investigadora Dayra Valle encuentra que el vínculo de Serprosa con el poder económico del orteguismo es otro factor que riñe con lo establecido para elegir a los proveedores del Estado. "La Ley indica que el proveedor no debe estar inmerso en una situación de inhibición o prohibición. No podrán ser proveedores del Estado aquellos que estén vinculados con funcionarios públicos de forma directa, ni con parientes en grado de consanguinidad y afinidad con funcionarios públicos", indica.

En este caso Serprosa actúa como un sustituto que tiene las mismas características, con la diferencia de que este no está sancionado.

ALCALDÍA DE MANAGUA ENTRE CLIENTES DE SERPROSA

Otra de las cuantiosas contrataciones públicas a favor de Serprosa la hizo la Alcaldía de Managua el 18 de septiembre de 2020. Entre esta empresa y El Vigilante la municipalidad adjudicó, a partes iguales, 200 millones de córdobas en servicios de seguridad.

El contrato adjudicado por la alcaldía de Managua a Serprosa y El Vigilante corresponde a una licitación pública (146/2020) y tiene vigencia de un año con posibilidad de prórroga, según satisfacción del contratante, dice el documento revisado por DESPACHO 505.

En la resolución administrativa 141, la alcaldesa Reyna Rueda dio aval para que la comuna pagara 198 millones 347 mil 234.40 córdobas para contratar los servicios privados de 862 guardas de seguridad. La comuna convino pagar a las empresas 19,175.10 córdobas con el IVA incluido por cada vigilante, detalla en el documento.

EL CARTEL DE LOS PROVEDORES

Las contrataciones de Serprosa como proveedora del Estado se han hecho mediante procesos de licitación pública, una figura que en teoría cumple con lo establecido para realizar contrataciones, pero que tampoco es garantía de que hubo total legalidad y cumplimiento de los procedimientos.

A esto se le conoce como barreras de entrada, explica Dayra Valle. Se refiere a métodos para beneficiar a determinado proveedor, como convocatorias con plazos cortos que impiden que otros oferentes puedan concursar, mientras que al elegido o grupo preferente se les refiere con la suficiente antelación.

"Otra barrera es que a veces piden requisitos que, de previo, ya saben que no cumplen todas las empresas o que tal vez los cumple una empresa, o un grupo que te interesa. Eso es una forma de competencia desleal", señala.

Agrega la colusión entre el gestor de la licitación y oferentes favoritos, y la construcción de un "cartel de proveedores".

"Puede ser que haya el mismo grupito compitiendo en los diferentes procesos de licitación. Entre ellos de previo se ponen de acuerdo con la entidad para irse repartiendo las licitaciones", expone Valle al profundizar sobre cómo la corrupción es disfrazada a través de licitaciones públicas que funciona mediante un "sistema de rotación de las adquisiciones", que hace parecer que todo se desarrolló bajo transparencia cuando en la práctica ocurre todo lo contrario. "Lamentablemente esta situación se está presentando y esto también ya es visto por otros proveedores como barreras de entrada", apuntó.