Policía solo recibió 56 denuncias por “terrorismo” en 2018

Después de la “operación limpieza”, casi a diario la Policía presentaba a grupos de manifestantes como “terroristas”, pero su Anuario Estadístico revela que solo recibieron 56 denuncias, lo que confirma la ejecución de juicios políticos y que la Fiscalía es una “fábrica de delitos ”.

La Policía Orteguista solo registra 56 denuncias de terrorismo y una por financiamiento al terrorismo en 2018, según el Anuario Estadístico de la institución, pero el Ministerio Público atribuyó estos delitos a centenares de manifestantes opositores al régimen de Daniel Ortega sin una investigación policial de por medio, lo que confirma la ejecución de juicios políticos.

De los 56 casos de terrorismo que documenta la institución, solo 32 fueron resueltos, según los datos de la Policía disponibles en su sitio web.

Por departamento, según las estadísticas policiales, en Managua solo hubo cuatro denuncias de presunto terrorismo, cuatro en Matagalpa, cinco en León, diez en Carazo, uno en Masaya, cinco en Jinotega, uno en Chontales, uno en Madriz y 25 atendidos por la Dirección de Auxilio Judicial.

La información oficial no concuerda con la cantidad de acusaciones por terrorismo y financiamiento al terrorismo que la Fiscalía presentó ante los tribunales de Nicaragua, teniendo como testigos en la mayoría de los casos a oficiales de la Policía.

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Hasta agosto del año pasado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) había registrado al menos 200 acusaciones por terrorismo en todo el país, de las cuales 120 radicaban en Managua y 80 en diferentes departamentos del país.

En todo el departamento de Managua, donde según las estadísticas hubo cuatro presuntos casos de terrorismo, la Fiscalía acusó por este delito a nueve universitarios sobrevivientes al ataque que policías y paramilitares ejecutaron en la UNAN – Managua en julio pasado, además de atribuirle el delito al líder estudiantil Edwin Carcache y a cuatros jóvenes que le acompañaban al momento de su detención.

El pasado 4 de septiembre, 14 manifestantes de Estelí fueron acusados por terrorismo en los juzgados de Managua, pero el Anuario Estadístico de la Policía no contempla ninguna denuncia por este delito en ese departamento.

En Masaya, por ejemplo, la Policía solo documentó una denuncia por terrorismo, pero el número de acusaciones es mayor y varios casos son representativos, como el proceso abierto contra los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, el monimboseño Yubrank Suazo y las hermanas Olesia y Tania Muñoz.

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En el departamento de León, la Policía Orteguista solo registra cinco denuncias por terrorismo, pero el Ministerio Público acusó a al menos 12 líderes estudiantiles entre ellos Byron Estrada, Nairobi Olivas, Victoria Obando y Amaya Coppens.

Solo el pasado 4 de julio la Fiscalía interpuso 23 acusaciones por terrorismo y otros delitos contra 11 personas de Sébaco y 12 de Tipitapa.

Las estadísticas policiales también contradicen a la misma institución, que desde que se ejecutó la operación limpieza —que consistió en la eliminación de tranques y barricadas a través de ataques armados con paramilitares—, casi a diario presentaba a nutridos grupos de personas detenidas señalándoles de terroristas.

FISCALÍA “FABRICA DELITOS A PRESOS POLÍTICOS”

Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), si la Policía en su anuario está presentando menos casos de terrorismo, de los que han llegado a los juzgados, “quiere decir que los juicios los arman en la Fiscalía y con órdenes directas de El Carmen”.

“Los defensores de los presos políticos deberían presentar como prueba estos datos. Los demás casos se caerían porque la primera instancia que investiga un caso es la Policía. Quiere decir que la Fiscalía es una fábrica de acusaciones delictivas, que actúa con órdenes directas de El Carmen”, asegura Ñúñez.

“Los datos del anuario contradicen las propias actuaciones del Poder Judicial, de la Fiscalía, aparentemente no hay coordinación entre la policía y la Fiscalía”, insiste la defensora de derechos humanos.

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GIEI ALERTÓ SOBRE EXCESIVO USO DEL TIPO PENAL

El informe del Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes (GIEI) confirmó la existencia de patrones de comportamiento en los procesos de criminalización, en donde la congruencia entre los hechos y la adecuación típica de las conductas es inexistente. Además revela que se ha hecho uso abusivo de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, para perseguir y sancionar los actos de oposición al régimen.

Específicamente respecto de la definición de terrorismo el GIEI señala que “la definición del terrorismo, al menos en cuanto a su aplicación en el contexto de las restricciones a la libertad de expresión, debe limitarse a los crímenes violentos diseñados para promover causas ideológicas, religiosas, políticas o de criminalidad organizada, con el objetivo de ejercer una influencia sobre las autoridades públicas mediante la generación de terror entre la población”.

En los casos analizados por el GIEI se comprobó la utilización de la figura penal de terrorismo, entre otros, “para castigar, el ejercicio de derechos fundamentales convencionalmente establecidos, como la reunión, expresión y participación”.

Alberto Novoa, exprocurador  y especialista en derecho penal, ha criticado que en Nicaragua “se utiliza el sistema judicial como arma política”.

“La mayor parte de esas personas encarceladas por protestar no han lavado dinero, no han financiado actividades ilícitas.  ¿Quién califica a un grupo de terrorista? Lo califica el Gobierno”, concluye.