Fuego, cárcel y exilio: siete años de ataques del régimen contra la Iglesia católica en Nicaragua

"Han querido silenciar la voz de la Iglesia a punta de fuego y exilio". La frase, dicha por un sacerdote nicaragüense, resume el drama que vive la Iglesia católica en Nicaragua. Desde 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha declarado una guerra sin cuartel contra la fe y la ha convertido en su enemiga pública número uno: templos asediados, sacerdotes encarcelados y desterrados, imágenes sagradas quemadas y una campaña feroz para desmantelar su labor espiritual y social.

Los ataques han incluido persecución, confiscaciones, espionaje, vigilancia y la llamada "muerte civil" de religiosos y laicos comprometidos con la labor de la Iglesia.

La escalada represiva comenzó con el ataque a la parroquia Divina Misericordia en Managua, en julio de 2018. Estudiantes universitarios que protestaban contra el régimen se refugiaron en la iglesia tras ser desalojados violentamente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) por paramilitares y policías.
La parroquia fue rodeada y atacada durante más de 15 horas, dejando huellas imborrables de violencia en sus paredes y en la memoria colectiva.

Ese mismo mes, las instalaciones de Cáritas en Sébaco, Matagalpa, fueron incendiadas. Esta organización de la Iglesia católica, que brindaba asistencia humanitaria, fue ilegalizada en 2024, en lo que se interpretó como una represalia directa contra el trabajo social de la Iglesia.

El 31 de julio de 2020, la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua, venerada por más de 300 años, fue consumida por las llamas en un hecho ampliamente denunciado como un atentado terrorista por el papa Francisco desde el Vaticano y por el cardenal Leopoldo Brenes desde Managua.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 2023, en León, la capilla Divina Misericordia fue destruida bajo circunstancias sospechosas, sin que las autoridades brindaran explicaciones ni investigaran los hechos. El 10 de mayo de 2024, turbas sandinistas incendiaron el sagrario de la parroquia San Juan Bautista en Nueva Segovia, en otro ataque que buscaba profanar los símbolos sagrados del catolicismo y sembrar miedo entre los fieles.

ATAQUES A LA IGLESIA EN NICARAGUA | GALERIA

Persecución y destierro 

La represión no se limitó a ataques físicos. El régimen implementó una estrategia de vigilancia y espionaje en templos para identificar a sacerdotes que expresaran opiniones contrarias al gobierno. Paramilitares y policías vestidos de civiles graban videos, audios y toman fotografías para documentar cualquier indicio de oposición. Esta información es enviada a los secretarios políticos, quienes ordenan los secuestros.

Según el informe "Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?" de la investigadora Martha Patricia Molina, entre 2018 y enero de 2024, el régimen ha desterrado o expulsado a 203 religiosos y religiosas, o les ha negado el ingreso al país. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023, cuando la persecución religiosa alcanzó su clímax con la prohibición de los ritos de Semana Santa.

MÁS NOTICIAS | "Si salen en procesión, van presos": régimen intensifica amenazas contra sacerdotes en Semana Santa

Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, quien fue condenado a 26 años de prisión por negarse a abandonar el país junto a otros presos políticos. Fue liberado y desterrado al Vaticano en enero de 2024, junto con el obispo de Siuna, Isidoro Mora Ortega, y 17 sacerdotes y seminaristas.

En noviembre de 2024, monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue desterrado a Guatemala tras criticar públicamente al gobierno local por interrumpir misas con eventos ruidosos, calificando estas acciones de "sacrílegas".

Asimismo, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, se exilió en abril de 2019 tras recibir amenazas de muerte, según denunció públicamente. El Vaticano lo retiró del país luego de que se conociera que su vida estaba en peligro.

Confiscación de bienes y cierre de instituciones

El régimen, apoyado por la Asamblea Nacional, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la República, ha ilegalizado asociaciones, seminarios, conventos, asilos, universidades católicas y medios de comunicación propiedad de la Iglesia, confiscando sus bienes y repartiéndolos entre el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y el Ministerio de Educación. Estas acciones se han interpretado como represalias por alzar la voz ante la crisis sociopolítica en Nicaragua.

En este contexto de represión sistemática, la Iglesia católica en Nicaragua ha sido blanco de una campaña sostenida de terror promovida desde el Estado, con el objetivo de acallar su voz crítica y desarticular su labor espiritual y social.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo no ha logrado doblegar la convicción ni la dignidad de una institución que, a pesar de los encarcelamientos, exilios y confiscaciones, sigue siendo un faro de esperanza para millones de nicaragüenses.

Los actos de violencia contra la Iglesia no solo configuran crímenes de lesa humanidad, sino también una flagrante violación a la libertad de culto en el país.