Siete años de impunidad: víctimas de la represión en Nicaragua empujan la justicia internacional

El 18 de abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra una reforma al seguro social y por cambios democráticos en el país. La respuesta represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue inmediata y brutal. Han pasado siete años desde entonces: más de 350 personas asesinadas, miles heridas, 450 despojadas de su nacionalidad y cerca de 900.000 obligadas al exilio. Pero los responsables siguen en el poder, y el sistema judicial en Nicaragua, completamente cooptado, no ha movido un solo dedo para investigarlos.

Ante esta negación sistemática del derecho a la verdad y la justicia, las víctimas y organizaciones de derechos humanos han emprendido un complejo camino hacia la justicia internacional. Con pruebas contundentes de crímenes de lesa humanidad y responsables identificados, la justicia, por fin, ha comenzado a moverse.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado sistemáticamente la comisión de crímenes de lesa humanidad y ha identificado a Daniel Ortega y Rosario Murillo como los máximos responsables. En su informe más reciente, de abril de 2025, identificó a 54 funcionarios involucrados directamente en la maquinaria represiva del Estado, incluyendo militares, policías, fiscales, jueces, diputados, ministros y dirigentes del Frente Sandinista.

“Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales”, explicó la experta Ariela Peralta. Su colega, Jan-Michael Simon, fue aún más directo: “No se trata de excesos aislados. Se trata de una política de Estado deliberada y bien orquestada para aplastar cualquier disidencia”.

La represión fue multifacética: uso letal de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual en centros de detención, criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes.

La justicia nacional: un muro de impunidad

Desde el inicio de la represión, ninguna institución nicaragüense ha abierto investigaciones ni procesado a los responsables. La justicia está completamente subordinada a Ortega y Murillo. La última reforma constitucional, que otorgó poderes absolutos a la Presidencia y eliminó los últimos contrapesos institucionales, confirmó la consolidación del poder autoritario.

“En Nicaragua no hay jueces, hay cómplices”, dice una víctima exiliada en Costa Rica.

El sistema judicial se transformó en un instrumento al servicio del régimen. Desde 2007, la independencia judicial ha sido desmantelada progresivamente, pero a partir de 2018 alcanzó niveles extremos: jueces sumisos, fiscales obedientes, sentencias dictadas desde el poder político. No se ha abierto ni una sola investigación independiente ni se ha juzgado a los autores de la represión.

La Ley de Amnistía de 2019 selló esta impunidad. Aprobada por una Asamblea controlada por el oficialismo, otorgó amnistía a todos los involucrados en violaciones de derechos humanos desde abril de 2018.

Los juicios contra opositores, bajo cargos como "terrorismo" o "traición a la patria", fueron farsas judiciales plagadas de irregularidades: ausencia de pruebas, negación del derecho a defensa, tortura psicológica. En 2021, el sistema judicial se usó como herramienta de persecución masiva: más de 40 figuras opositoras, incluidos precandidatos presidenciales, fueron encarceladas, en una operación diseñada para liquidar toda disidencia.

Justicia desde fuera: la vía internacional toma fuerza

Ante el cierre absoluto de la vía interna, las víctimas y organizaciones impulsaron acciones bajo el principio de jurisdicción universal. En diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo dictó orden de captura internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros altos funcionarios por crímenes de lesa humanidad. Fue gracias a una querella presentada por víctimas exiliadas. 

Es la primera vez que un tribunal fuera de Nicaragua inicia un proceso formal contra la cúpula del régimen.

La presión internacional se extiende. En febrero de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución instando a sus países miembros llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. El Grupo de Expertos de la ONU también ha exhortado a los Estados a ejercer su deber de jurisdicción universal.

En paralelo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) activó una Comisión de Encuesta para investigar violaciones a derechos laborales, lo que podría derivar en una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Además, el Departamento de Comercio de Estados Unidos investiga si suspende a Nicaragua del tratado CAFTA-DR por violaciones sistemáticas de derechos humanos y laborales.

Las víctimas: rostros y memorias de una tragedia silenciada

"María Alejandra" vivía en Masaya cuando su hijo, de 17 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras ayudaba a levantar una barricada en junio de 2018. Su crimen fue pedir libertad. Desde entonces, su madre vive exiliada en San José. “No quiero venganza. Solo quiero justicia. Que los responsables paguen. Que el mundo no olvide”, ha dicho a los mecanismos de investigación en marcha.

Como ella, miles de víctimas han visto sus casos ignorados o archivados por un sistema judicial que nunca fue independiente. La impunidad es una herida abierta que no deja de sangrar.

La justicia internacional es lenta, pero ya se ha puesto en marcha. Las acciones en Argentina, junto con los informes del Grupo de Expertos de la ONU, del GIEI de la CIDH y otros mecanismos, están sentando un precedente.

El objetivo es claro: que los crímenes no queden impunes, que las víctimas sean escuchadas, que los responsables sean juzgados.

“Estamos construyendo un expediente de verdad para un futuro de justicia”, dice Reed Brody, nuevo integrante del Grupo de Expertos de la ONU, conocido como el “cazadictadores”. “Si no ahora, en unos años. Pero la justicia llegará. Y cuando llegue, no podrá decirse que no se sabía”.

Siete años después, la represión iniciada en abril de 2018 no ha terminado: se ha convertido en un modelo de control basado en el miedo, la censura y el exilio. Pero las víctimas siguen hablando, denunciando, luchando. Y aunque la justicia parezca lejana, ya no es una utopía: es una exigencia que el mundo empieza a escuchar.